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En el curso de las próximas semanas, la aceleración de la agenda política someterá al sistema a diversas y muy severas pruebas de la resistencia de los nuevos equilibrios nacidos del resultado electoral de noviembre.

Una cosa es, en efecto, ganar elecciones y otra, cada vez más diferente, poder gobernar o articular una oposición responsable, con posibilidades efectivas de alternativa. Lo primero, requiere liderazgos individuales, estrategia, soportes territoriales y capacidad de propuesta. Lo segundo exige contar con fuerzas políticas organizadas, propósitos comunes, control de los desbordes individualistas y, sobre todo, una visión del país que, además de superar a la que sustenta y sostiene el control a la fuerza gobernante, sea capaz de convencer a ese núcleo de independientes que, más allá de toda polarización, terminara inclinando la balanza electoral.

Conscientes de las dificultades que han quedado sin resolver, las dos principales coaliciones políticas comparten hoy la necesidad de avanzar, a cualquier costo, en la recomposición de sus principales activos.

Tanto el rechazo del Presupuesto 2022 como la aprobación del Impuesto a los Bienes Personales en Diputados han sido victorias pírricas que han acarreado a los protagonistas mayores inconvenientes que ventajas. La audacia para la confrontación, el abuso de supuestas mayorías aritméticas o las torpezas de unos y otros no implican nada nuevo para una sociedad descreída, que ya expreso con elocuencia la distancia que la separa de la política. Ambas coaliciones pagaron una vez mas muy caro los riesgos que asumieron. En el debate parlamentario, reflejaron inconsistencias estratégicas, incapacidad de autocontrol y, sobre todo, una distancia casi infinita respecto de las agendas de la sociedad.

Las dificultades previsibles hacia el futuro serán seguramente mayores para el Gobierno que para la oposición. De allí que el primer reflejo del Presidente haya sido el de redoblar su apuesta y aludir a una posible candidatura a la reelección, expediente que a la luz de sus apoyos sociales actuales aparece más como una ficción ordenadora que como una estrategia de reconstrucción del espacio electoral de la coalición gobernante.

Las encuestas nacionales de fin de año han revelado en efecto, las severas dificultades que tendrá el oficialismo para remontar una impugnación general que abarca a todos los aspectos de la gestión gubernamental, además del deterioro en el liderazgo de todas las figuras mayores del Frente.

De allí que la agenda política se manifieste en dos planos igualmente complejos. Uno, el más explícito, es la agenda que el Gobierno elige, decide y declara. Otra, la agenda implícita que el Gobierno ha visto crecer y agigantarse, mas allá de su voluntad, hasta ocupar todo el horizonte del futuro inmediato.

De allí que el rechazo del Presupuesto 2022 haya permitido rehabilitar una agenda parlamentaria paralela, generada en los últimos meses por el propio poder Ejecutivo. Comprende un primer bloque, integrado por leyes de promoción sectorial, conversadas a medias con parte de los sectores interesados, aunque por distintas razones aún muy lejanas de consenso efectivo. Forman parte de este primer paquete el proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas, el de promoción agroindustrial y el plan de electromovilidad. Son iniciativas hasta el momento sin mayores objeciones, aunque su gestación apenas sobrepaso el nivel de consultas puntuales. Apuntan a convocar nuevos inversores y estimular a los actuales con beneficios tributarios o financieros. En el mismo sentido se ubicaría la iniciativa de lanzamiento de un Plan Industrial 2030, aunque, en este caso dotado de un programa de incentivos mucho mas explícito, con metas de largo plazo y ayuda financiera, impositiva y crediticia.

En paralelo, el Gobierno buscara triplicar la inversión en obra pública, vivienda e infraestructura y relanzar, con la ayuda de casi todos los gobernadores de un plan nacional de conectividad orientado a operar sobre algunos frentes críticos del desarrollo.

En este mismo orden de cosas, la otra gran iniciativa de agenda explícita es sin duda el acuerdo con el Fondo, apoyado por todos los gobiernos provinciales y locales. La firma apresurada y sin mayores dilaciones del Consenso Fiscal demostró tanto la sintonía profunda entre casi todos los sectores de gobierno como el aval de parte de otros sectores importantes en el esquema decisional del oficialismo como pueden ser lo gobernadores, las organizaciones sindicales y el empresariado industrial. Casi sin objeciones de fondo, el acuerdo financiero con el FMI es visto como una contribución al ajuste, con salida ordenada hacia una economía más previsible y políticamente sostenible en el largo plazo.

Las principales dudas que plantean los próximos meses tienen que ver con la agenda no escrita y acaso no pensada por las estrategias gubernamentales. A la cabeza, las relaciones entre Buenos Aires y el resto del país, nunca tan precarias como ahora. El problema -escribía hace exactamente 40 años Felix Luna, al prologar su excelente «Argentina y el país» (1982),- «es el más dramático y el que es, efectivamente el problema central en el desarrollo nacional». Judicializado en casi todos sus capítulos el conflicto entre Buenos Aires y el Estado Nacional, será uno de los puntos centrales en la agenda del corriente año.

Con una importancia no menor, la agenda real, deberá afrontar la cuestión del futuro de las políticas de protección social. En los años 90, el país discutió sin éxito como salir de la Convertibilidad en la seguridad de que cualquier tipo de solución pondría al sistema político ante una prueba imposible de superar, tal como efectivamente ocurrió en el 2001. Veinte años después, el país discute como salir de las políticas de protección social, un verdadero «invento argentino» que no encuentra soluciones y que todos los sectores sociales y políticos se empeñan en ignorar, en la secreta convicción de que el fin de los subsidios, del desastre previsional y de las regulaciones laborales, demandará al sistema político respuestas que será seguramente incapaz de proveer por si mismo y sin el concurso de imprescindibles estrategias de consenso social.

Enrique Zuleta Puceiro

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