El valor de la memoria y la justicia en democracia

Jujuy al día® – El diputado Pablo Baca, al término de la sesión especial realizada con motivo del Día Nacional y Provincial de la Memoria por la Verdad y la Justicia, señaló el consenso que han alcanzado las políticas de memoria y valoró que la necesidad de avanzar hacia la reconstrucción de la verdad histórica y la administración de justicia sean hoy temas transversales a todos los partidos políticos que integran la Cámara. A propósito Baca consideró que la memoria, la verdad y la justicia, respecto de los hechos ocurridos durante la dictadura constituyen, “no una obligación hacia el pasado, sino un compromiso con la vida en democracia”.

En esa línea anticipó que, dado el nivel de acuerdo que existe en torno a las políticas de memoria, este año volverá a impulsar el proyecto de ley para la creación de la Comisión Provincial de la Memoria.

Cabe recordar que el sábado la Legislatura aprobó por unanimidad un instrumento legislativo donde la Cámara expresó su repudio a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la década de los 70 y observó “con preocupación la demora en la satisfacción de la demanda de Justicia por las víctimas provinciales del terrorismo de Estado en Jujuy”.

Los legisladores también allí expresaron “la necesidad de que el Juzgado Federal Nro 2, extreme su esfuerzo para asegurar el juicio y castigo a los responsables” y abogaron porque “los poderes provinciales maximicen su colaboración en todo lo que esté a su alcance, para contribuir con el esclarecimiento de los hechos, la culminación de los juicios en Jujuy y la construcción de la memoria colectiva”.

Finalmente, por moción del diputado Héctor Tentor (FPV), la resolución incluyó en el último artículo la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos.

Durante su intervención en el recinto, el diputado Pablo Baca recordó los avances legislativos producidos en materia de memoria y en tal sentido recordó la sanción de la ley provincial que instituyó el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la ley que declaró el 20 de julio Día de los Derechos Humanos en recuerdo de la Noche del Apagón de Ledesma, la declaración para la señalización de sitios que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención en Jujuy.

Anticipó el legislador que volverá a insistir con el proyecto de creación de la Comisión Provincial de la Memoria, como un ámbito participativo destinado a  “fortalecer el proceso de democratización, a partir de políticas de memoria sobre la historia de las violaciones a los derechos humanos, reafirmando el nunca más al terrorismo de estado y la defensa irrestricta de los derechos humanos y el orden democrático”.

La Comisión además, agregó, debe a “aportar a la construcción de la identidad de la comunidad, a partir de la recuperación de la historia; debe también fomentar el estudio , la investigación y la difusión de los hechos vinculados al terrorismo de estado; contribuir a los procesos pedagógicos de la memoria; recopilar, organizar y proteger toda documentación referida a este período de la historia y colaborar con los tribunales que llevan adelante los procesos de búsqueda de la verdad y justicia, así como con los organismos que desarrollen políticas reparatorias”, precisó.

El diputado Pablo Baca, durante la sesión efectuó un homenaje al Dr. Luis Aredez, quien fuera Intendente de Libertador General San Martín y al dirigente Avelino Bazán y en ellos recordó a las 127 víctimas de la dictadura en Jujuy y las 30 mil en Argentina.

LOS EFECTOS DE LA IMPUNIDAD EN EL PRESENTE

Pablo Baca puso de relieve que “en Argentina se han producido importantes avances en la búsqueda de verdad y justicia, pero esto no ha ocurrido en Jujuy donde los juicios penales no han llegado aún a la instancia oral y pública. Esta situación preocupa e inquieta a la sociedad porque importa la continuidad de la impunidad”.

“Es decir, a 36 años del Golpe de estado de 1976 se mantienen insatisfechas las demandas de verdad y justicia” sentenció Baca y precisó que en Jujuy hay 127 víctimas del terrorismo de estado, sólo 10 causas elevadas a juicio y 10 procesados”. Observó que son escasos los avances si se tiene en cuenta que la Fiscalía ha imputado “a 88 personas, de las cuales 22 ya han muerto, de manera que mientras más se demore el proceso, menos posibilidad habrá de administrar justicia y menos posibilidades de que este servicio llegue con su acción reparatoria a las víctimas indirectas que son los familiares y la sociedad en su conjunto”.

“La impunidad, es decir la ausencia de justicia, constituye un mecanismo institucional de revictimización, porque es una nueva forma de tormento hacia los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada” subrayó Baca.

Finalmente señaló que urge que la justicia concluya con los procesos porque “la democracia misma se encuentra amenazada por la impunidad del pasado que abona procesos de anomia y desapego a las normas que ordenan la convivencia social”.

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