Alegan hoy los defensores de seis imputados por delitos de lesa humanidad en Jujuy

Jujuy al día® – Los defensores de dos militares y cuatro guardiacárceles, imputados por los delitos de homicidio, detenciones ilegales y torturas cometidos durante la dictadura cívico militar contra siete detenidos desaparecidos, alegarán hoy en el marco del segundo juicio que se realiza en la provincia de Jujuy.

Se trata de Antonio Orlando Vargas, ex interventor en el Penal jujeño y condenado a 25 años en el primer juicio, quien cumple prisión en la unidad Penal de Ezeiza; el ex suboficial del Ejército César Darío Díaz y los guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, todos presos en la unidad penal federal de Jujuy.

Las víctimas desaparecidas son Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, y Jaime Lara Torres.

Los detenidos desaparecidos padecieron torturas en los centros clandestinos de detención que estaban ubicados en la central de policía, en la localidad de Guerrero y en el propio penal jujeño, que era controlado por el Ejército.

La detenciones se produjeron los últimos días de mayo de 1976 y el establecimiento penitenciario entregó a las víctimas al comisario Ernesto Jaig y al militar Díaz el 10 de junio del mismo año.

Estos hechos quedaron registrados en los libros internos del penal, a lo que se suman testimonios de ex presos políticos que dijeron haber hablado con las víctimas en cautiverio.

El único cuerpo recuperado fue el de Álvarez de Scurta, reconocido por familiares por la ropa que llevaba puesta el día de su detención.

El ministerio Público Fiscal, en sus alegatos, solicitó que se condene a Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez, Herminio Zárate, ex guardiacárceles del Servicio Penitenciario de Gorriti, a la pena de prisión perpetua por ser coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por empelo de violencia y amenazas, por haber sido cometidos por funcionarios públicos con abuso de sus funciones.

Además por el delito de tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos, y partícipe necesario de homicidio doblemente calificado por alevosía.

En el caso de Antonio Vargas, ex interventor del Penal de Gorriti, se pide la prisión perpetua como autor mediato del delito de privación ilegítima de la libertad agravado por violencia y amenazas por ser funcionario público.

También se solicitó que se le aplique la figura de tormentos agravados por ser (las víctimas) perseguidos políticos, y homicidio simple doblemente calificado.

Sobre Cesar Darío Díaz se requirió la condena a prisión perpetua por ser coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por empleo de violencia y amenazas, y por haber sido cometido por funcionario público en abuso de sus funciones, además de homicidio simple.

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