Juicios por delitos de lesa humanidad expresión legislativa de apoyo y reconocimiento a organismos de DD.HH

Jujuy al día® – La Legislatura de Jujuy aprobó una Declaración que expresa el beneplácito por el desarrollo de los juicios de lesa humanidad en Jujuy y reconoce institucionalmente el trabajo realizado por los organismos de derechos humanos. La iniciativa había sido promovida por el Bloque de la UCR, a través de un proyecto de autoría del diputado Pablo Baca.

Baca precisó que el instrumento aprobado en la última sesión declara de interés legislativo los procesos en los que se juzgará en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Jujuy a los responsables de delitos de lesa humanidad en las causas que se sustancias con motivo del secuestro y desaparición forzada de Julio Rolando Alvarez García, Paulino Galeán y otros, Reinaldo Aragón y otros, Avelino Bazán y otros, y Luis Aredes y otros.

Además en su art. 2 la Declaración expresa el reconocimiento de la Legislatura de Jujuy a “la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, la Asociación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio y la Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos, por el reclamo sostenido de justicia que hizo posible en Jujuy el desarrollo de los procesos penales en contra los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura”.

“Los juicios orales y públicos representan la oportunidad de devolverle a la sociedad la confianza en la justicia y posibilita la reconstrucción de la verdad histórica en torno a los hechos ocurridos con las personas detenidas desaparecidas de Jujuy” dijo Baca.

Por otra parte, el diputado Baca celebró la aprobación de la resolución que crea la Comisión de Derechos Humanos, que desde hace varios años viene siendo impulsada por la legisladora Cristina Romano y que fuera además promovida por el diputado Héctor Tentor, en la sesión especial realizada el 24 de marzo último con motivo del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Dicha Comisión, precisó el legislador, tendrá como objetivo: a) Promoción, defensa y difusión de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; b) la Defensa irrestricta de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, Tratados internacionales y Constitución Provincial vigentes sobre Derechos Humanos; c) Verdad, justicia y memoria sobre el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad; d) Políticas que propendan a la igualdad e identidad de género y que favorezcan el desarrollo integral de las personas y la sociedad.

También destacó Baca la creación de una Comisión Especial sobre terrorismo de estado que estará integrada por siete miembros de la Legislatura de la Provincia y siete representantes de las organizaciones de Derechos Humanos actuantes en la Provincia de Jujuy.

Informó el legislador que la resolución fue el resultado de una iniciativa originaria del diputado Miguel Tito, pero cuya redacción final fue consensuada por los bloques. Ese consenso permitió establecer la función de esta Comisión que será la de recibir, considerar y tratar las peticiones y asuntos particulares que se presenten con relación a la Memoria, Verdad y Justicia sobre el terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad ocurridos en la Provincia de Jujuy en la dictadura militar.

“El desafío ahora es la memoria”

Pablo Baca durante su intervención en la sesión legislativa, puso de relieve que las organizaciones de derechos humanos “enfrentaron a la dictadura, combatieron los crímenes y resistieron en una situación de absoluta desventaja. Esa fue la resistencia definitiva que permitió la democracia y logró la recuperación de derechos y libertades”.

También reseñó Baca el extenso camino recorrido en Argentina por las organizaciones en búsqueda de verdad y justicia. En esta línea se refirió a la creación de la CONADEP, el Histórico Juicio a las Juntas Militares, los embates contra la impunidad que tuvieron lugar en los tribunales argentinos, en tribunales extranjeros y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, tras lo cual la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, punto final. Esta decisión judicial provocó posteriormente la nulidad de esas normas en el Congreso de la Nación.

También destacó Baca el valor que tuvieron los Juicios por la Verdad que -cuando estaba clausurada la posibilidad de la condena penal- permitieron recoger testimonios valiosos de sobrevivientes y víctimas, muchas de las cuales han fallecido, pero cuyos testimonios nutren hoy las acciones penales. “Estos juicios constituyeron la antesala de esta etapa de Justicia que inaugurarán en Jujuy los juicios que comienzan el 12 de julio en el Tribunal Oral Federal”.

También Baca se refirió a los aportes que efectuó la Legislatura de Jujuy cuando en 1984 creó una Comisión Investigadora que permitió sustanciar 70 expedientes por violaciones a los derechos humanos en la dictadura que fueron girados posteriormente a diversos órganos jurisdiccionales.

Después de reseñar las leyes, resoluciones y declaraciones referidas al terrorismo de estado que aprobó la  Legislatura jujeña, Baca afirmó que “ahora que la verdad se conoce y que la justicia finalmente juzgará a los responsables de los crímenes, el desafío es la memoria. Se trata entonces de construir para las nuevas generaciones un relato sobre lo sucedido en Argentina y en Jujuy que permita recordar la historia y fortalecer el apego a los derechos humanos y la defensa irrestricta de la democracia”.

Sobre el final, Baca quien es autor de diversos proyectos sobre derechos humanos, entre otros de la creación de la Comisión Provincial de la Memoria y del Programa Provincial de la Memoria, indicó que “es necesario avanzar ahora en la determinación de las líneas programáticas de una política de memoria que debe contar con el aporte imprescindible de los organismos de derechos humanos”.

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