El caso del senador libertario Bartolomé Abdala se superpone con uno menos conocido: “la beca” en la provincia de Buenos Aires al exgobernador de Chaco
Jujuy al día® – Cuando los clubes, los gobiernos o las empresas incorporan a alguien valioso a sus equipos, no lo ocultan ni lo esconden. Al contrario, en general lo comunican como una buena noticia. Habrá que deducir entonces que el gobierno bonaerense no considera que haya hecho una gran incorporación con el flamante nombramiento, en un “cargo fantasma” del Banco Provincia, del exgobernador de Chaco Jorge “Coqui” Capitanich. Lo han mantenido casi en secreto, pero la designación empieza a hacer ruido por varios detalles que son al menos curiosos: para darle trabajo a “un amigo”, la administración de Kicillof exhumó un área que estaba inactiva desde hacía más de veinte años. Y le habría asignado, según trascendidos extraoficiales, un salario mensual de 15 millones de pesos. Es curioso, además, porque nadie tiene noticias de que Capitanich se haya mudado a la provincia de Buenos Aires. Para los estatutos laborales de Kicillof, el “trabajo remoto” no tiene fronteras; se lo interpreta, en realidad, con una ligera variación: parece un concepto remoto del trabajo.
El asunto, sin embargo, no admite humoradas ni ironías: de manera sigilosa, Capitanich fue nombrado al frente del denominado Centro de Estudios Federales del Banco Provincia, la entidad financiera del Estado bonaerense. Sus funciones son difusas, pero en la Gobernación lo explican sin ruborizarse: “es parte del armado político de Axel en las provincias del norte”, reconocen off the record.
Lo de Capitanich es algo más que “una beca” o un “conchabo vip”. Refleja una cultura política cada vez más enviciada, en la que el uso del Estado al servicio de los intereses personales tiende a naturalizarse. Sería tranquilizador suponer que se trata de una concepción exclusiva del kirchnerismo. Es cierto que esa facción la exacerbó y la llevó a extremos cada vez más groseros, con un auténtico copamiento de organismos estratégicos en la Nación y las provincias. Pero, como acaba de verse con el caso del senador libertario Bartolomé Abdala, la idea que concibe a una banca como “una pyme”, o a cualquier entidad pública como una “cueva” para acomodar amigos, militantes o parientes, es una idea que trasciende las fronteras partidarias para funcionar como un “sistema transversal”.
Lo de Abdala, de todos modos, adquiere una gravedad simbólica especialmente chocante: es el presidente provisional del Senado y está en la línea sucesoria. Se trata, entonces, de uno de los más encumbrados exponentes de una fuerza que llegó al poder con una promesa casi excluyente: combatir los vicios de “la casta”. Ha confesado, como si tal cosa, que tiene unos 15 asesores que le cuestan al Estado 25 millones de pesos por mes, pero que no trabajan en ni para el Senado, sino que lo ayudan a hacer política en San Luis para aspirar a la gobernación de esa provincia. Las fuerzas del cielo no se han escandalizado. Parece que cuando son en beneficio propio, los “vicios de la casta” se digieren sin demasiados pruritos.
El caso de Capitanich y el del senador de La Libertad Avanza son parte de la misma idea: el Estado está para aprovecharlo. El de Abdala, sin embargo, insinúa una nueva hipocresía, como si la impostura también fuera una deformación contagiosa: algunos de los que levantan el dedo contra “la casta” se dan vuelta y actúan sin remordimiento con los mismos métodos que dicen aborrecer.
Para descifrar la última incorporación al gobierno bonaerense tal vez sea útil poner una lupa sobre el Banco Provincia, donde asoma otra muestra de llamativa “transversalidad”. Allí nadie parece haber puesto el grito en el cielo por el nombramiento de Capitanich, a pesar de que la oposición tiene sillas aseguradas en el directorio de la entidad. Los silencios opositores se han convertido en un dato central de la vida institucional de la provincia. Ya fueron evidentes en el caso Chocolate y le han permitido a Kicillof avanzar con impuestazos discrecionales sin encontrar obstáculos en la Legislatura. Los organismos de control se parecen más a escribanías que a fiscalizadores implacables de la gestión gubernamental.
El directorio del Banco Provincia es una especie de “loteo” en el que conviven, sin aparentes desacuerdos, representantes de La Cámpora, de los barones del conurbano, del massismo, de Pro y del larretismo. Ocupa