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    Un arranque complejo, entre la herencia y la gobernabilidad

    redaccionuno28 enero, 2024No hay comentarios9 Mins Read
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    Eliminar el déficit resulta condición necesaria para iniciar un plan de estabilización que reduzca el impuesto inflacionario lo más rápido posible

    Jujuy al día ® – “¿Y…arranca o no arranca?”. Esta era la frase publicitaria de una marca de bujías para automóviles que encabezaba las transmisiones codificadas de los campeonatos del fútbol argentino.

    Traigo a colación esta frase “metabólica”, diría Pablo Moyano, justo en el fin de semana en que comienza otro desorganizado torneo de fútbol local, para referirme a la pregunta que prevalece estos días, al menos en mi limitado círculo de amigos, parientes y clientes, respecto del gobierno.

    El gobierno del presidente Milei, como pudo verse estos días, todavía está en fase de organización, mientras recibe una protesta sindical anacrónica.

    Anacrónica, porque si se trata de repudiar la caída del salario real, el aumento de la pobreza, o la falta de oportunidades de trabajo, dicha protesta llega tarde, demasiado tarde. Y si se trata de defender a la clase trabajadora de los supuestos atropellos a sus derechos, impulsados por los cambios regulatorios propuestos, esa movilización llega demasiado temprano, dado que la modesta reforma a ciertos temas de las relaciones laborales, en particular las que tocan la caja de los sindicatos, todavía no fue ratificada en la Justicia.

    A su vez, mientras los funcionarios intentan empezar a funcionar, el Poder Ejecutivo acaba de chocar con la realidad de la escasa representatividad del oficialismo en el Congreso, surgida del particular sistema electoral de la Argentina.

    Dicho de otra manera, las dudas iniciales acerca de la gobernabilidad, definida como la capacidad del equipo del presidente Milei de llevar adelante el necesario cambio de régimen que necesita la Argentina, siguen sin despejarse. De hecho, al momento de escribir estas líneas, dicha dificultad parece agravarse.

    En efecto, el oficialismo no sólo tuvo que bajar el paquete fiscal que había enviado al Congreso, sino que debió arriar, además, algunas banderas libertarias incluidas en otros capítulos de las reformas propuestas tanto en el DNU como en la ley Ómnibus (independientemente de si esas propuestas eran razonables o no).

    Desde el punto de vista estrictamente fiscal, la ley ómnibus tenía que otorgarle al Ejecutivo la capacidad de reemplazar parte del elevado e injusto impuesto inflacionario, por algunos impuestos “genuinos” y una reducción más sustentable del gasto.

    El Gobierno fue a buscar al Congreso casi un punto y medio del PBI entre más impuestos -retenciones, moratoria, bienes personales, blanqueo- y menos gasto -principalmente más licuación de las jubilaciones-. A esto hay que agregarle casi otro medio punto del PBI, que también había ido al Congreso en otra ley que revierte la eliminación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, votada por la mayoría peronista y acompañada por la bancada de LLA en el tercer trimestre del año pasado.

    Cabe destacar, que esos casi dos puntos de PBI que fue a buscar el Ejecutivo al Congreso, servirían para llevar el déficit fiscal a cero, cuando se le suman los más de tres puntos del PBI que, eventualmente, se podrán conseguir sin necesidad de pasar por el Congreso con la recaudación del impuesto PAIS, la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, menores gastos de funcionamiento (sobre esto vuelvo), menos transferencias a Provincias y menos gastos de capital,

    Y eliminar el déficit resulta condición necesaria para iniciar un plan de estabilización que reduzca el impuesto inflacionario lo más rápido posible.

    Ahora esos dos puntos del PBI habrá que ir a buscarlos a otro lado, a menos que una nueva negociación en el Congreso permita, quizás fuera de la ley Ómnibus, reimplantar el programa original.

    ¿Candidatos? Probablemente el descongelamiento del impuesto a los combustibles (con indexación postergada desde hace unos años), quizás la suba del impuesto PAIS. La licuación jubilatoria -si se mantiene la fórmula actual, que castiga los ingresos de los jubilados cuando la tasa de inflación se incrementa como pasó en los últimos meses- y ajustes adicionales derivados de un presupuesto 2023 no actualizado y a merced de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

    Reitero, lo que hay que tener en claro es que el déficit cero es parte de un programa antiinflacionario y que, por lo tanto, no se puede poner en la misma frase “estamos en contra del aumento de impuestos y de la reducción del gasto público” y “estamos a favor de que baje la tasa de inflación”.

    Por supuesto, hay impuestos mejores que otros y hay bajas de gasto más eficientes que otras, pero no hay nada peor que el impuesto inflacionario.

    Ahora bien, paradójicamente, dado que hay que armar un nuevo paquete impositivo fuera del Congreso, que la reducción de subsidios a la energía y el transporte tienen que pasar por mecanismos administrativos, y que los funcionarios todavía están jugando el juego de la silla y no terminan de armar equipos, ni la estructura de ajuste de sus propias dependencias -para reducir gastos de funcionamiento y presupuestarios en cada área- por ahora, el transitorio ajuste fiscal recae, principalmente, en el impuesto inflacionario, tanto para “aumentar” ingresos nominales, como para licuar gastos.