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¿Una Corte para la impunidad?

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Jujuy al día® –  No hay avanzada más inútil que la que sucede fuera de la realidad. Nuestra clase política, adicta al poder de corto plazo, surfea un tsunami que podría estrellarla contra la ladera de la irracionalidad.

Un nuevo consorcio denominado “Liga de gobernadores” pretende llevar sus prácticas territoriales a la escena nacional. Un equipo heterogéneo en el que varios de sus integrantes apenas dan la categoría en materia de calidad institucional. Buscan escarbar la democracia en el indomable terreno del Poder Judicial federal, postulando la creación de un Senado paralelo y vitalicio -con competencia constitucional-, al que solo le quedaría el teatral título de Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con el fin -no declamado- de peronizar la justicia y proteger sus feudos. Curiosamente, nuestro país atraviesa una crisis de independencia judicial en sus estados provinciales, lo que se ha transformado en un problema nacional -y no al revés-.

Muchos de esos gobernadores llevan años en el poder, pertenecen a partidos hegemónicos que no saben de alternancias, gozan o ambicionan reelecciones indefinidas, o se perpetúan a través de familiares directos, cuentan con Superiores Tribunales de Justicia adictos, carecen de leyes de acceso a la información pública, de ética pública, de financiamiento de la política, y exhiben una dudosa calidad de sus democracias. Ergo, deberían empezar por mejorar sus instituciones provinciales para esbozar autoridad moral en el tema. Por si fuera poco, intentan quebrar una regla básica de las transformaciones institucionales: la necesidad del consenso.

Como si nuestras instituciones estuvieran de remate, exgobernadores devenidos en senadores y senadores obedientes a gobernadores de turno ofrecen en sus proyectos cantidades inusitadas de vocalías para “ocupar” la CSJN, convirtiendo al Honorable Senado de la Nación en una suerte de subastador institucional y martillero del “quien da más”. Así, según quien lo proponga, el número adecuado variaba o -desvariaba- en 5, 9, 15, 16, 21 y por supuesto el triunfador 25 cuyo dictamen se firmó sin debatir -siquiera- los otros. Acuciados, ante la resistencia a dar quorum -por semanas- de algunos actores de su propia tropa, el oficialismo terminó acordando el número de vocalías en 15, lo que -por cierto- no logra disimular las intenciones de fondo y se constituye en un mensaje explícito a la justicia previo al final de los alegatos de la defensa en la causa Vialidad.

Mientras que quien preside el Senado arrastra en su raid al presidente de la Nación, su administración y al peronismo en su conjunto, el país real reclama una agenda urgente y bien diferente de la que la vicepresidenta pretende o necesita.

O las instituciones quedan sepultadas bajo el mando de un poder político irracional y omnímodo que las reparte como un botín para tener caja, dominio, negocios, impunidad o protección. O será el final de un modo agotado de hacer política que divide, fragmenta, enfrenta y desgasta a una sociedad que se siente a la deriva por el fracaso propio y el de su dirigencia.

Aunque la oposición afirme que el proyecto -con media sanción- no pasará el tamiz del Cámara de Diputados, en el Senado trabajan para modificar la Ley 25.432 de Consulta Popular de modo de permitir la coincidencia de ésta con las elecciones generales (algo hasta ahora prohibido) y que llevaría el tema de flexibilizar la justicia a consideración del voto popular, mezclando personalismos, campañas políticas e instituciones, en un combo peligrosísimo. Muchos especulan que el tema se exacerbará si sucediera una eventual condena en contra de Cristina Kirchner.

Algunos sueñan con forzar esos límites: en tiempos en que se requiere mesura, diálogo y acuerdos, el avance de estos experimentos genera la irremediable sospecha de procurar una Corte para la corrupción, la impunidad o la perpetuidad. Demasiado en juego para semejante salto al vacío, y un peligroso retroceso a casi cuatro décadas de la restauración democrática.

Marcelo Bermolén

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