Jujuy al día® –El Gobernador Gerardo Morales declaró el «Estado de Emergencia Ígnea» en Jujuy hasta marzo de 2023 y triplicó las multas por iniciar un incendio forestal.
La ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, destacó la importancia de contar con esta herramienta administrativa para respaldar a todos los equipos del gobierno provincial que trabajan en el lugar y tener una política clara que desaliente los incendios forestales intencionales en Jujuy que degradan el bosque nativo y afectan la fauna nativa.
A través del decreto acuerdo N°6573 y con el objetivo de fortalecer la estrategia de política pública en materia de incendios de vegetación, y mitigar las consecuencias ambientales, productivas, económicas, sociales y sanitarias, el Gobierno de la Provincia de Jujuy declaró el “Estado de Emergencia Ígnea” en todo el territorio provincial hasta el 31 de marzo de 2023 y dispuso la creación de un «Comité de Emergencia Ígnea», que se compondrá por distintas unidades de organización del Gobierno Provincial y Municipales de las zonas afectadas, siendo el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático el responsable de coordinar las medidas y acciones necesarias para atender la emergencia declarada.
Queda totalmente prohibida todo tipo de quema al aire libre y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios de vegetación.
Suspende las quemas controladas de pastizales, cañaverales, malezas, matorrales, cultivos agrícolas o forestales, bosques, baldíos y, en general, cualquiera de los diferentes tipos de asociaciones vegetales; y toda autorización concedida y/o trámites administrativos en curso, para ello.
Por otra parte, como medida restrictiva y ejemplificadora, incrementa al triple el valor de las sanciones previstas por el Artículo 21° de la Ley Provincial Nº 5.018 de “Prevención y Lucha contra Incendios en áreas Rurales y/o Forestales”, y su Decreto Reglamentario:
Así, las faltas calificadas como “leves” serán penadas primero con apercibimiento por única vez o multa: como mínimo se fija en una suma de dinero equivalente a Tres Mil Seiscientos (3600) litros de nafta súper, con los costos actuales el valor rondaría los $ 523.800 (pesos); las faltas calificadas como “graves” se impondrá una multas de un mínimo equivalente a Seis Mil (6000) litros de nafta súper aproximadamente $873.000 (pesos); y las faltas calificadas como “Muy Graves”, la unidad fijada es equivalente a Quince Mil (15.000) litros de nafta súper) monto cercano $ 2.182.500.
En cuanto a la prevención, dispone la obligatoriedad de extremar este tipo de medidas contra incendios, en especial para concesionarios de infraestructuras turísticas, campings, complejos hoteleros y/o cabañas, campos, casas de verano, clubes, predios de esparcimiento en general.
También dispone la intensificación de las campañas de concientización, información, sensibilización, y la educación ambiental de carácter formal y no formal, respecto de las conductas y medidas de prevención a adoptar por la sociedad para erradicar quemas e incendios forestales, y eliminar el uso indebido del fuego.
Además, se crea un Fondo de Prevención de Incendios y se dispone la simplificación administrativa para la compra de insumos y todos los requerimientos de las instituciones que trabajan en el control y extinción de los incendios forestales en las yungas jujeñas.
Finalmente, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, por medio de sus dependencias, dispondrá la concreción de obras necesarias para el urgente abastecimiento de agua para las brigadas de incendios en áreas de mayor riesgo y la instalación de cartelería preventiva de incendios forestales en todas las rutas provinciales.
Esta iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático dada la cantidad, voracidad y descontrol de los incendios forestales y rurales producidos en distintas regiones de la Provincia, provocando el deterioro de la flora y fauna nativa, degradación de los suelos y calidad del aire, contaminación de los ríos y lagos, con impacto devastador en el sistema productivo y socio sanitario en las comunidades locales, lo que impone la obligación de arbitrar todas las medidas necesarias para abordar esta situación de emergencia.