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Uno cada tres puestos de trabajo registrado del último año fue en el sector público

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El ministro de Economía busca restringir el acceso de nuevos empleados al Estado; sin embargo, la mayor porción de trabajadores públicos está en las provincias, donde el gobierno nacional tiene escasa ingerencia

Jujuy al día® – Según un informe publicado este mes por el Ministerio de Trabajo, llamado “Situación y evolución del Trabajo Registrado”, con datos de mayo, el empleo público creció en 80.000 puestos en su comparación interanual. Ese mes se incorporaron 5400 empleados más (aunque en abril ya se habían sumado 22.300 personas). Llegaron a un total de 3.350.000 empleados públicos, según los datos oficiales actualizados. Eso incluye Nación y provincias.

En el sector privado, se sumaron 240.000 personas en un año y son un total de 6.110.000 asalariados privados registrados. Es decir, por lo menos uno de cada dos empleados asalariados registrados trabaja para el sector público.

A fines de 2019 (prepandemia), en un año, el empleo público había sumado a sus filas a 35.800 personas solo a nivel provincial y municipal, a pesar del compromiso asumido por gobernadores e intendentes de no incrementarlo debido al déficit fiscal.

Los asalariados privados registrados eran 6.042.000, y los empleados en el sector público, 3.200.000. El gobierno de Alberto Fernández trajo, entonces, 150.000 empleados públicos más (tomando solo los asalariados registrados), pero solo 68.000 trabajadores más en el sector privado asalariado registrado. Hay que recordar que, por el aumento de la población, todos los años hay que crear empleo para que no suba la tasa de desempleo.

En este contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa (y Silvina Batakis antes que él), dijo que “rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la administración pública nacional centralizada”. Sin embargo, la administración central, sobre la cual tiene incidencia el ejecutivo, es una planta de unos 600.000 empleados. El resto son provinciales y municipales. Y ya en 2019, no cumplieron un acuerdo con el gobierno nacional para contener el empleo público.

“Tanto Batakis como Massa reconocen que el Estado puede funcionar congelando el ingreso de más funcionarios públicos. Ello a nivel nacional, y se invita a todos a adherirse a la medida. Esto es una forma indirecta de revelar que el Estado tiene exceso de empleo, algo que se confirma por otras vías”, asegura Juan Luis Bour, economista senior de FIEL, especializado en el mundo del trabajo. “A comienzos de 2000 había 2.100.000 empleados públicos; hoy hay por lo menos 1.900.000 más personas en el Estado (un total de 4 millones sumando asalariados registrados y contratados) en un momento en que la población creció como mucho un 20%. Se necesitarían entonces como máximo 2.500.000 estatales. Es muy probable entonces que haya un exceso de por lo menos un millón de empleados. La norma también debería poner un límite a los contratados”, completa.

“Si se tiene en cuenta un crecimiento anual de 3%, implica que se suman unos 100.000 empleados por año”, afirma Bour.

Según los cálculos de Nuria Susmel, economista de Fiel experta en mercado laboral, un salario promedio en la administración central cuesta $246.000 incluyendo aportes, contribuciones y otros costos.

Bour agrega que “dado un costo salarial promedio por persona de US$22.800 dólares anuales (al tipo de cambio oficial), ello implica un sobregasto de US$2280 millones anuales. Un programa que estabilizara el empleo público por un periodo de 5 años implicaría evitar un aumento del gasto improductivo de US$2280 millones en el primer año y de 11.000 millones de dólares en el quinto año. En realidad, los ahorros se acumularían bajo la hipótesis de evitar un crecimiento de la nómina del orden de 3% anual”, agrega el economista senior de Fiel.

“El ‘esfuerzo’ consistiría en evitar un aumento del número total de empleados, permitiendo todos los reemplazos en caso de tener bajas por razones vegetativas o rediseño de organismos. Obsérvese que frenar ingresos netos (o sea, que no se habilitan nuevas vacantes netas) no implica despidos, sino frenar el despilfarro, permitiendo el ingreso de personal a medida que se crean vacantes por cese en el servicio (básicamente por jubilación, renuncia o fallecimiento). Si no estamos dispuestos a este ‘esfuerzo’, ¿a que estaremos dispuestos?”, cierra Bour.

Fuentes del Indec confirman que medirán de manera pormenorizada la cantidad de empleados públicos de la administración nacional, según anunció Massa la semana pasada, pero “las administraciones de provincias y municipios es potestad de cada jurisdicción. Estamos esperando la norma específica para poder estructurar y difundir los números”. No todas las provincias y municipios informan fehaciente y regularmente cuántos empleados públicos tienen.

Carlos Gervasoni dirige el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, y opina que dos tercios del empleo público está en las provincias porque las políticas públicas más intensivas en mano de obra están a su cargo (educación, salud, seguridad, justicia, etc). El Gobierno nacional tiene gastos en deuda, jubilaciones, fuerzas de seguridad, universidades, por lo que no requiere de tantos empleados como la sumatoria de las provincias. “Pero habiendo dicho esto, hay disparidades en el empleo público provincial que son muy difíciles de justificar”, sostiene.

Se refiere a “provincias muy subsidiadas por el federalismo argentino, que viven de las transferencias de dinero generado en otras provincias. Son Catamarca, La Rioja, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero, las grandes ganadoras de la coparticipación, sobre todo las primeras tres. Hay mucha evidencia de que este dinero es usado para aumentar el empleo público. Ellas tienen más empleo público en relación con la población que lo que tiene Buenos Aires o Córdoba, por ejemplo, sin estar justificado por servicios públicos de mejor calidad”, asegura. “Se ve entonces una utilización política del empleo público. Es la distribución del empleo público como forma de obtener apoyo político y tener a la población controlada. Esto genera que en varias provincias haya más empleados públicos que privados”.

Al respecto, tanto Gervasoni como Bour coinciden en que este manejo discrecional del empleo, sobre todo en las provincias con más pobreza, desincentiva al empleo privado, ya que no puede competir con la falta de exigencia y estabilidad del empleo público. “Para los gobernadores es una situación conveniente porque hay mucha gente que depende de ellos y así logran perpetuarse en el poder”, dice Gervasoni, autor de Hybrid Regimes within Democracies” editado por Cambridge Univesity Press en 2018. “En estas provincias los gobernadores no están interesados en que se genere actividad privada porque eso lleva a que la gente sea independiente. Hay que ver en qué país democrático el oficialismo gana durante 40 años, como sucede en varias provincias”. Bour asegura que hay muchos ejemplos de provincias con mucho empleo público donde las empresas que se instalan tienen problemas para conseguir gente.

“En términos de perpetuación del mismo líder, el récord lo tiene Gildo Insfrán, que está en el poder desde hace 27 años, y también están los Rodríguez Saa, que durante muchos años se alternaron en el poder, o rotaciones fingidas como la de Santiago del Estero, con 16 años del mismo matrimonio en la gobernación”, sigue Gervasoni. “Se nota entonces que, a pesar del dinero que reciben por la coparticipación federal, no se desarrollan, no salen de la situación de atraso en las que se encuentran. Tienen oficialismos hegemónicos, sin derrotas electorales”. Esto genera también que burocracias como la de la provincia de Buenos Aires tengan menos servicios porque los empleados públicos per cápita es mucho más baja”.

Paula Urien

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