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El “Plan Aguantar II” arranca con poca cuerda

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Jujuy al día® – Cualquier semejanza no es casualidad. Las últimas restricciones cambiarias aplicadas por el gobierno de Alberto Fernández tienen un parentesco muy cercano con las que adoptó Cristina Kirchner durante su segundo mandato (2011/2015). El objetivo es el mismo: “aguantar” todo lo que se pueda –y como se pueda–, para tratar de evitar una explosión económica antes de la próxima elección presidencial.

Como entonces, el actual escenario es consecuencia de otra crisis energética con fuerte impacto macroeconómico; en este caso agravada, pero no originada, por la invasión rusa en Ucrania. Previamente, el congelamiento de precios y tarifas aplicado desde 2019 volvió a disparar el gasto público en subsidios, mientras el cepo y el atraso del dólar oficial ensancharon la brecha cambiaria. A lo largo de estos años ningún gobierno logró evitar las importaciones invernales de gas natural licuado y de combustibles líquidos para generación eléctrica. Ahora, con mayores costos, aceleraron el drenaje de reservas del BCRA pese a la liquidación récord de agro-dólares debido al salto de los precios internacionales de los granos. A esto se suma la imprevisión oficial para cubrir la mayor demanda estacional de gasoil, cuyos precios domésticos inferiores a la paridad de importación (en más de 60%) provocan la creciente escasez que no sólo frena los embarques de la cosecha, sino que afecta a las cadenas de producción, distribución y comercialización de distintos sectores con aumentos de fletes que se trasladan a los precios. Aquí vale recordar que más de 90% del transporte de cargas en el país es por camión, que utiliza el gasoil como combustible.

La comparación entre el plan Aguantar I de CFK–Axel Kicillof y la versión II de AF – Martín Guzmán, muestra además varias diferencias en el contexto político y económico, interno e internacional.

Durante su segundo mandato, Cristina transformó el superávit fiscal primario de 4% del PBI que había heredado en 2007 en un déficit superior a 4%, tras el festival populista de gasto público y emisión que incluyó subsidios a granel (tarifarios y crediticios); dos moratorias previsionales masivas y el uso del BCRA como “caja” del Tesoro, incluso para pagos externos de la deuda pública. También contó inicialmente con un colchón considerable de reservas (US$52.000 millones) debido a la ausencia de financiamiento externo, pero con un fuerte atraso cambiario combinado con tasas de interés negativas que acentuó la fuga de capitales. Si bien trató de frenarla con el cepo, proliferación de controles de importaciones y precios, más el forzado salto cambiario de comienzos de 2014 (30%), las reservas netas quedaron en terreno negativo a fin de 2015, al igual que el PBI de ese período (-4%) y varios juicios millonarios contra la Argentina en tribunales del exterior.

Uno de ellos fue impulsado por el cambio de la base de cálculo del PBI para eludir el pago de un cupón de deuda atado a esa variable. Nada extraño si se recuerda que el Indec fue intervenido por Guillermo Moreno para falsificar los indicadores de inflación (entonces en torno de 25% anual), el Gobierno se ufanaba de que la Argentina tenía “menos pobres que Alemania” y Kicillof ocultaba el dato real para no estigmatizarlos.

En otras palabras, CFK dejó a la economía con las dos ruedas delanteras fuera del borde del precipicio. Una herencia que debió afrontar Mauricio Macri, aunque también podría haber recibido Daniel Scioli, ahora flamante ministro de Desarrollo Productivo y co-ejecutor de la reeditada política de “administración de importaciones”, en algunos casos más rígida que en la última etapa K.

Si el plan Aguantar I pudo extenderse a lo largo de cuatro años, hasta la elección de diciembre de 2015, todo indica que la versión II tiene poca cuerda para perdurar y llegar sin cambios a fin de 2023.

Aunque afortunadamente el Indec mantiene estadísticas confiables, ya que la gestión de Marco Lavagna marca una continuidad con la línea del fallecido Jorge Todesca, la inflación es mucho más alta, apunta a un piso de 80% para este año y deja atrás los ajustes salariales fraccionados de las últimas paritarias. Tampoco es seguro que el precio internacional de la soja pueda mantenerse en torno de US$600 la tonelada porque, al igual que las commodities agrícolas y energéticos, depende de la evolución de la guerra en Ucrania y el conflicto geopolítico de la OTAN con Rusia y China. Y con el actual atraso cambiario, nadie descarta la posibilidad de un futuro salto para elevar el piso de las minidevaluaciones diarias, como el que aplicó Juan Carlos Fábrega en 2014.

Por lo pronto, las fuertes restricciones al acceso de dólares oficiales para las importaciones operaron como un feriado cambiario de hecho que hasta el jueves le permitió al BCRA recuperar reservas y acercarse a la meta “recalibrada” por el FMI para el segundo semestre, aunque ayer volvió a vender divisas. Todo a costa de una mayor demanda de dólares financieros y cotizaciones más altas que ampliaron la brecha cambiaria a 90%, con impacto sobre el nivel de actividad y la inflación, mientras el cepo reforzado aumenta la incertidumbre entre las pymes que necesitan insumos para producir y no cuentan con financiación comercial de sus proveedores externos.

El historiador y economista Pablo Gerchunoff planteó estas dudas a través de un tuit tan lúcido como irónico: “Con una política contractiva e inflacionaria el Gobierno apunta a cumplir la meta de reservas sin devaluar; porque devaluar sería contractivo e inflacionario. ¿Es algo así?”.

Paralelamente, si bien el staff del FMI aceptó recalibrar las metas trimestrales del acuerdo por el impacto de la guerra sobre los precios de la energía y el aumento de los subsidios, no modificó la meta anual. Esto significa ajustes del gasto público y la emisión monetaria para la segunda mitad del año. También precisó por dónde deberían pasar: gasto en salarios estatales y jubilaciones “sin aumentos discrecionales”; transferencias a provincias y empresas públicas; subsidios al transporte y prioridades para obras públicas. A la vez, advirtió que existen “riesgos excepcionales” y que probablemente caiga apoyo social y político al programa a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de octubre de 2023.

Como pocos creen que el Fondo vaya a empujar a la Argentina a un colapso económico, este mensaje de apretar sin ahorcar puede decodificarse como “ya avisamos, así que ahora depende de ustedes”.

En este contexto, el mayor problema que enfrenta el Gobierno es político. El gabinete está cada vez más desarticulado, como lo demuestran las promesas incumplidas de arribo de buques con gasoil importado. La presión del kirchnerismo acorrala al ministro Guzmán, que está obligado a sobreactuar optimismo sobre el cumplimiento de las metas con el FMI y el pronóstico de una suba de 4% del PBI este año, como lo hizo en los últimos días ante banqueros, empresarios de la alimentación y fondos comunes de inversión.

Tampoco lo ayudan los disparatados diagnósticos y argumentos del Presidente (como que la escasez de dólares obedece a “una crisis de crecimiento”) que complican todo. Lo mismo que los vaticinios de Andrés Larroque sobre el fin de la etapa de moderación y la necesidad de que Cristina Kirchner retome la conducción política, mientras La Cámpora impulsa leyes en el Senado que van a contramano de cualquier tipo de austeridad y racionalidad fiscal. El enfrentamiento a cielo abierto entre AF y CFK también se traslada a los dos actos separados para evocar a Juan Domingo Perón, ahora que más del 70% de los argentinos no había nacido cuando falleció y debilitan seriamente el uso de la franquicia electoral que el peronismo se disputó durante varias décadas.

Néstor O. Scibona

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