Jujuy al día® – De todas las crisis que le tocaron al presidente Alberto Fernández, sin duda la más anunciada para este año era la crisis energética, la falta de combustibles. Particularmente la escasez de gas en el invierno, gasoil en el otoño que es la época clave de cosecha; y fueloil para reemplazar el gas que falte para las usinas térmicas de generación eléctrica.
Está claro que el cisne negro del ataque ruso a Ucrania disparó los precios de la energía a la estratósfera, y que el abastecimiento de barcos regasificadores , por la explosión de la demanda europea, ni siquiera está hoy garantizado aún pagando los precios exorbitantes que manda el mercado.
Pero no hay ninguna duda que la causa del problema de la escasez y el desabastecimiento, que ya existía antes de la locura del Kremlin en Europa, es la combinación del cepo cambiario y los controles de precios. Lo que ocurrió en el pasado y lo de siempre. Populismo económico. Precios máximos brutalmente por debajo de los valores de mercado que desalientan la producción, un cepo cambiario que impide el flujo de inversiones y precios políticos para los consumidores que alientan el despilfarro y el uso ineficiente de la energía. Si hace años en el país las naftas y el gasoil cuestan un tercio de lo que valen en los países limítrofes y en todo el mundo, si los precios que se les reconoce por y el petróleo a las petroleras que operan en la Argentina es la mitad de lo que vale en el mundo y en el caso del gas apenas una quinta parte, es obvio que tarde o temprano empezará a declinar la oferta. Nadie produce ni vende a pérdida por tanto tiempo.
Desde toda la vida, además, Argentina necesitó importar gasoil y combustibles líquidos por la falta de capacidad de refino y por la calidad del petróleo local, que en muchos casos solo sirve para exportar. Con la brecha cambiaria entre 80% y 100%, con un precio internacional de las naftas y el gasoil en torno a los 300 o 400 pesos, quién va a estar dispuesto a perder fortunas si tiene que venderlo a 120 o 140 pesos como está regulado por el gobierno. Desabastecimiento, corrupción mercado negro, gasoil y garrafas blue, todo el resultado clásico de la política de intervención, con precios máximos, cepo y control de cambios.
Argentina estaría en condiciones de aprovechar esta oportunidad histórica de un mundo necesitado de alimentos y energía. Lloverían inversiones si se levantara el cepo y se liberaran los precios. Con subsidios únicamente para los que los necesitan. Para dar una idea de la política disparatada del Gobierno, cabe destacar un número que aportó el especialista y ex director de YPF Emilio Apud. «Con lo que se gasta cada año para importar gas en barcos, se podrían construir tres gasoductos desde Vaca Muerta a todo el país».
El Gobierno informó finalmente el avance para la compra de unos 40 barcos de los 70 que serían necesarios adquirir, mientras se espera en las próximas horas una definición crucial de Bolivia sobre el volumen que podría enviar a la Argentina en invierno. En caso que Brasil no necesite mayores flujos de gas boliviano por su mejora en las reservas hidroeléctricas, Argentina podría recibir ese excedente. Un dato significativo si se confirma, ya que los millones de metros cúbicos que se necesitan de Bolivia podría aliviar el sobre demanda de combustibles líquidos como reemplazo en industrias y centrales térmicas, si el gas no aparece
Mirando los números macro, todavía no es posible hacer las cuentas definitivas, porque no se saben los precios finales. Consultado por este columnista en una conferencia ante inversores, el economista Carlos Melconián arriesgó una cifra el viernes último, tomando a 45 dólares el millón de BTU como precio promedio del gas en barco. «Nos puede costar unos u$s 4000 millones de dólares la cuenta», explicaba, entre lo que gana el país por el aumento de los precios de la soja, y lo que pierde por las importaciones de energía. Después está la cuenta en pesos: cuanto menor sea el aumento de tarifas al público, mayor la cantidad de pesos que deberá poner el Estado como diferencia. Ajusta finalmente por inflación. Según Melconian, el número de la inflación de 2022 estará determinado por cuanto pueda el Gobierno cumplir el ajuste pactado con el FMI. Como todo el mundo sabe que el acuerdo es incumplible, nadie cree que la inflación vaya a correr entre 40% y 50% como está escrito.
La combinación de la crisis energética, aún si finalmente aparece el gas boliviano que estaba en duda, más la incertidumbre política y la creciente conflictividad social traen malas noticias para la economía: mas cepo por menor saldo en dólares de la balanza comercial, mas cortes de energía y falta de gasoil que complica la actividad en el campo y la industria, menor inversión y actividad económica, mas desempleo y más inflación.
Las penurias económicas del ajuste parecen inevitables. Con el Fondo, tratando de contener la inflación y la devaluación o sin el Fondo, el ajuste por las malas, con más intervención estatal en la economía y más radicalización en los controles a las empresas y al sector privado. Más gasto, más subsidios, más Estado y más impuestos. Desde los sectores de izquierda que se identifican con Cristina, es lo que se reclama al Gobierno.
Conviene recordar, a 40 años de la tragedia de Malvinas, que también entonces un gobierno acorralado por los malos resultados económicos y la falta de popularidad, buscó en el populismo, el falso nacionalismo, la radicalización y el fanatismo un camino de salvación. Terminó en un desastre. Rige desde entonces el teorema de Galtieri, como lo destacó estos días el genial tuitero Malcom Gómez: «Aumenta la radicalización y el espíritu malvinero en los gobiernos, a medida que aumenta el descontento de la sociedad con esos gobiernos».
GUILLERMO KOHAN