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La batalla final contra la Corte

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El kirchnerismo quiere impedir que el presidente del Tribunal controle también la Magistratura. Planea una ofensiva contra los cuatro jueces, que incluye una marcha. Busca renuncias y la ampliación del número de miembros.

Gerónimo Ustarroz es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Una clave de carga. Hermano del ministro del Interior camporista, Eduardo De Pedro. El funcionario, oriundo de Mercedes, estuvo en los últimos días dedicado a una misión discreta: dialogar con consejeros de la oposición para encontrar de acuerdo sobre la nueva ley de aquel Consejo que el Congreso debería sancionar antes de que concluya abril. La vigente ahora, reformada en 2006 por Cristina Fernández, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Presentada de esa manera, la gestión de Ustarroz no resultaría llamativa. La impresión podría cambiar al revisar la entretela. En la pretendida búsqueda de una coincidencia, el consejero arrimó un par de sugerencias. La primera, convocante: la disposición del kirchnerismo para tratar en el Senado la designación de un nuevo procurador general, que sustituya al interino Eduardo Casal. El único postulante que permanece es el juez Daniel Rafecas, impulsado por Alberto Fernández. Que terminó recibiendo el apoyo de Juntos por el Cambio. La segunda, disruptiva: la posibilidad que la futura ley no contemple al presidente de la Corte Suprema como titular del organismo.

Nadie descubre si la propuesta de Ustarroz forma parte de un arresto personal o una estrategia del Gobierno. Sucede algo similar en otros planos. Alberto y Martín Guzmán, el ministro de Economía, escenifican la necesidad de consenso con Juntos por el Cambio para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero vituperan a sus principales dirigentes cada vez que pueden por el endeudamiento tomado.

Uniendo los cabos que deja sobre la escena la política se podría arribar a una conclusión. El objetivo central del Gobierno reside ahora en la desestabilización de la Corte Suprema. La propuesta de Ustarroz no puede desvincularse de otro hecho. La marcha convocada para el primer día de febrero contra el máximo Tribunal, espoleada hasta ahora por el Presidente, el ministro y el vice de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena. Detrás está encolumnado todo el kirchnerismo rabioso.

La determinación K de impulsar una ofensiva final tuvo su hito, justamente, en la inconstitucionalidad que los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y, con matices, Ricardo Lorenzetti) estamparon al Consejo de la Magistratura tergiversado en su versión original. Ordenaron reponer los 20 miembros reducidos luego a 13. No se trata de un asunto matemático: la recomposición dificultaría el margen que siempre dispuso el kirchnerismo para designar y destituir magistrados. Amén del manejo de una caja millonaria. Herramientas que supo manipular Cristina. El desencuentro entre la Corte y el kirchnerismo reconoce antecedentes que fueron olvidados. En su último ciclo como jefe del cuerpo, Lorenzetti exhortó a la política a que fuera respetado el espíritu original del Consejo. En 2009, con otra conformación del Tribunal, el fallecido juez Carlos Fayt reclamó la modificación del organismo.

El pasado y el presente ofrecen un puente visible. Los gobiernos kirchneristas siempre probaron cambios en las reglas de la institucionalidad para edificar un sistema judicial acorde a sus necesidades. Alberto también lanzó su propia reforma. Esas necesidades aumentaron desde que la hoy vicepresidenta quedó embretada en un cúmulo de causas judiciales por corrupción.

La sanción de una nueva Ley de la Magistratura, que promete ser tratada en sesiones extraordinarias, no augura un tránsito apacible. Quedó claro, en los sondeos de Ustarroz, que Juntos por el Cambio no parece dispuesto a retacearle al titular de la Corte (ahora Rosatti) su condición de rector del organismo. El diputado Mario Negri presentó un proyecto con dicha premisa. Sorprendente unanimidad, para estos tiempos, en la coalición opositora. Se trata de la mayor disyuntiva, aunque no la única. Está en discusión, entre varios, la nominación de dos abogados y dos académicos que deberían surgir por elecciones del Colegio de Abogados y el Consejo Interuniversitario Nacional. El calendario es muy apretado y la pandemia estorba.

Ese panorama potencia para el Gobierno en el mundo judicial las incertidumbres que soporta en la política. Explica el embate contra la Corte Suprema que, bajo la óptica del sentido común, estaría fuera de contexto. ¿Por qué lanzarse a semejante aventura en una coyuntura objetiva de debilidad? Después de dos derrotas electorales consecutivas. ¿Cómo harían para cubrir hipotéticas vacantes con un Congreso tan equilibrado, donde el oficialismo formalmente resignó el quórum en el Senado? Algo más en qué reparar: Alberto ni siquiera se ocupó de proponer un reemplazante luego de la dimisión de Elena Highton.

Las argumentaciones lógicas suelen ser consumidas demasiadas veces en el kirchnerismo por las urgencias. Desata el ímpetu ciego de un tapir, con el perdón para el fallecido frondicista Rogelio Frigerio y el desarrollismo. Las urgencias son claras: después de la feria judicial la Corte Suprema puede expedirse sobre asuntos muy sensibles. El conflicto sobre coparticipación planteado por Horacio Rodríguez Larreta, por la quita dispuesta por el Gobierno durante la pandemia para auxiliar a Axel Kicillof. Nueve recursos presentados por la defensa de Cristina en la causa por la obra pública. El único juicio oral y público que está en curso desde mayo del 2019 administrado por el Tribunal Oral Federal 2.

En los primeros días de febrero ese trámite recibirá cuatro testimonios estelares. Los de Alberto, Sergio Massa, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. Jefes de Gabinete en diferentes épocas kirchneristas. También hablará Carlos Zannini, el procurador del Tesoro. Ya expuso Roberto Lavagna, ex ministro de Economía hasta el 2006. Corroboró la existencia de una cartelización de la obra pública. Vale un recordatorio breve: la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública en beneficio de Lázaro Báez.

En este marco de desesperación se inscribiría la aceptación de Ustarroz para considerar la designación de otro procurador. No sólo porque se trata del jefe de los fiscales. Serán ellos que los ganan protagonismo en el sistema acusatorio penal. La opinión del procurador, además, antecederá a cualquier fallo de la Corte. El consejero kirchnerista deslizó, en verdad, una postura moderada. En la “mesa judicial” K (Oscar Parrilli, Eduardo Valdes, Roberto Taihade y Lepoldo Moreau), impera una ambición más drástica: barrer además con Julio Conte Grand, procurador en Buenos Aires, y Juan Mahiques, fiscal general de la Ciudad. Propuesto por Rodríguez Larreta. También nativo de Mercedes, como Ustarroz y De Pedro.

En todos los casos se vislumbra la misma dificultad. El Frente de Todos tiene imposibilidad de reunir los dos tercios en la Legislatura bonaerense. Se ilusionaron con la diáspora que generó en el vidalismo la desobediencia que habilitó otra reelección a los intendentes del Conurbano. La avanzada contra la ex gobernadora por el supuesto armado de causas contra la mafia sindical volvió a abroquelarlos. Tampoco los K tienen los votos en la Ciudad.

El empeño por chocar contra los muros es una condición del Gobierno. O del Frente de Todos. Obedece, sin dudas, a dos razones: no hay una conducción en la gestión; no existe una estrategia esbozada cada vez que aborda un problema. El único liderazgo lo representa la primera minoría de la vicepresidenta en la coalición oficial. Insuficiente.

Alberto asoma demasiado desprotegido. Cualquiera se anima a desafiarlo. La máxima expresión fue aquella renuncia de De Pedro, después de las PASO, que abrió la crisis en el Gabinete. Se advierten ahora episodios que desnudan la vacuidad de sus órdenes y palabras. Pidió a los funcionarios que no fueran de vacaciones al exterior. Luana Volnovich, la titular del PAMI, apareció en una isla mexicana. Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda, prefirió descansar en Cuba.

Tal desaprensión se extiende a casi todos los terrenos. Es muy difícil, por ejemplo, seguir el hilo de la política exterior. Salvo que se convenga que es solo un enmarañado reflejo de la interna del FdT y de las exigencias de Cristina. El Presidente pidió un gesto de apoyo explícito de Joe Biden a la negociación con el FMI. Santiago Cafiero, el canciller, tiene una audiencia prevista en Washington con el secretario de Estado, Anthony Blinken. La tercera figura en importancia de la Casa Blanca.

En simultáneo, el Gobierno envió una delegación a la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua. Reelecto con los opositores encarcelados. Estuvo presidida por el embajador Daniel Capitanich, hermano del gobernador de Chaco. En la misma ceremonia se vio a Mohsen Rezai, el iraní con pedido de captura internacional por el atentado en la AMIA. El Gobierno protestó a Managua luego de la divulgación periodística y de un comunicado de Juntos por el Cambio. Luego saludó a Ortega. Muy tarde explicó que Managua había desoído una solicitud de Interpol para la captura de Rezai. Comportamiento trágico y esperpéntico.

El Presidente se hizo cargo de la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde no figura EE.UU. Tampoco Brasil. Sí, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aclaró que no se trata de enfrentar a nadie, en alusión a la OEA. El bloque podría servir a la estrategia de China en la región. Dispondrá para su expansión de una plataforma unificada de naciones que le simplificará la trabajosa negociación bilateral que desarrolla hace décadas. Detalle que tampoco pasaría inadvertido para Washington.

Eduardo Van Der Kooy

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