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Si la Argentina quiere más dólares, debería dejar de exportar impuestos

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Para el Gobierno, la firma del Consenso Fiscal es una medida que reviste un carácter táctico. En medio de una negociación con el FMI que inevitablemente tiene que crear un sendero de convergencia fiscal, el acuerdo con las provincias le otorga a los distritos herramientas para obtener recursos fiscales (el permiso para subir alícuotas y extender algún gravamen). También les impide tomar deuda para financiar gasto corriente, lo que en teoría se transforma en un corset político, ya que los únicos recursos adicionales son los que podría aportar la Nación de manera discrecional.

Lo que le faltó al acuerdo sellado es una dirección estratégica, algo que le permita al sector privado entender que este camino es transitorio, porque lo que le falta a la Argentina es avanzar en el sentido inverso. Ese componente no estuvo presente. El Gobierno apenas habla de redistribución impositiva, aludiendo a que el incremento de algunas cargas tributarias sobre los patrimonios permita, en algún momento, reducir el peso que tienen otros tributos sobre la producción o el consumo.

Ese mensaje fue casi subliminal, por razones tanto ideológicas como políticas. Desde que asumió la gestión en 2019, el oficialismo cuestionó severamente la reforma tributaria de 2017, que apuntaba a reducir la presión fiscal como estímulo para habilitar inversiones. Sus resultados no se vieron porque los años siguientes fueron recesivos. Pero más allá de ese «detalle», que no es menor a la hora de impugnar el sentido de esa propuesta, lo que tampoco compartía el actual gobierno era su lógica transversal. O sea, que el beneficio otorgado no tuviese un «dueño» a quien reclamarle algo a cambio. Por eso el equipo de Alberto Fernández apeló a políticas segmentadas, con beneficiarios identificados que supiesen que el beneficio solo llega si es la contraparte de una acción concreta: una inversión, mayor exportación o creación de empleo. El Estado solo le da al que cumple.

Si el Gobierno se cuidó de hablar de bajar impuestos fue porque ese lema hoy es uno de los ejes del discurso opositor. En este caso, es la política la que desestimula acciones más directas en beneficio de los contribuyentes. Es una pena, porque podría ser uno de los puntos de consenso que tanto pide la sociedad e incluso el FMI, que quiere un programa económico que no solo tenga respaldo interno en el Congreso, sino una consistencia intertemporal.

No hay que escarbar en ningún manual sofisticado para llegar a la conclusión de que Ingresos Brutos es el impuesto provincial más distorsivo de todos, porque se cobra sobre la facturación nominal en todas las etapas, más allá de cuál sea la ganancia real de la empresa que lo paga. Se trata de un gravamen que se transforma en un costo, y como tal entra en el precio final de los bienes. Si la Argentina quiere más dólares y más superávit comercial, debería empezar a pensar en no exportar impuestos.

Hernán De Goñi

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