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La vice fue exculpada de delitos gravísimos sin un juicio, testigos ni exhibición de pruebas en su contra. Es la tercera vez en siete meses que lo logra.

Sin juicio, sobreseen a Cristina Kirchner y sus hijos por lavado de dinero

En la Argentina apenas quedan unas pocas leyes sin violar. La de gravedad, y alguna otra que la física impide soslayar. De ahí hacia abajo, toda la arquitectura legal del país apenas funciona como una mera recomendación. Este viernes, ese yermo paisaje recibió un baño de nafta seguido por un fósforo: pese a que durante años se acumularon copiosas pruebas contra ella en dos expedientes paralelos sobre lavado de dinero, Cristina Kirchner acaba de ser sobreseída sin ningún juicio.

Se trata del último pero mucho más grave capítulo de una nueva y excepcional «doctrina Cristina», según la cual las audiencias orales durante las cuales se exponen públicamente las pruebas y testimonios que un tribunal analiza para determinar si los acusados serán declarados culpables o inocentes, sencillamente no ocurren. Traducido: en cualquier proceso penal, el juicio oral y público es el momento cúlmine, el acto central de un circuito que comienza con la instrucción y luego de la sentencia puede continuar con apelaciones a la Casación y eventualmente a la Corte.

Pues bien; por tercera vez en siete meses, la vicepresidenta consiguió violentar los preceptos del Código Procesal Penal y desligarse de pesadas acusaciones -por las cuales había sido procesada- sin que se expongan ante la sociedad las pruebas por las cuales cargaba esas imputaciones. En abril mandaron al archivo el caso dólar futuro, en octubre la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA a través del pacto con Irán y ahora. con un obsceno plumazo, los casos Hotesur y Los Sauces.

Se trata de dos expedientes por lavado de dinero, que investigaron un mismo modus operandi por parte de la familia Kirchner -primero con Néstor, luego con Cristina y sus hijos- para acumular dinero a través de dos empresas con las que alquilaban habitaciones de hoteles y departamentos a contratistas del Estado que pagaban por ellas precios fuera del mercado y que en muchos casos jamás usaron. ¿La hipótesis? Que esos pagos eran un retorno por contratos de obra pública y concesiones que a su vez eran otorgados con sobreprecios y que en muchos casos tampoco se hicieron o se terminaron.

La sospecha, confirmada en la etapa inicial de las investigaciones «Hotesur» y «Los Sauces» -que ahora debían juzgarse conjuntamente por reflejar el mismo delito y tener los mismos acusados- también fue ratificada en otros expedientes: Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado en La Ruta del Dinero K, por un tribunal que certificó que esa plata negra provenía de irregularidades en la obra pública. Y esas anomalías están bajo juicio oral en otra causa, por la que Cristina está acusada de dirigir una asociación ilícita que direccionó, pagó y no controló medio centenar de contratos de obra con las empresas de Báez.

Por si hiciera falta aclararlo: todas esas causas fueron instruidas por jueces distintos, impulsadas por fiscales diferentes, controladas por distintas salas de la Cámara Federal porteña y de la Cámara Federal de Casación, y en algunos casos hasta por los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia. Nada de lawfare ni de «persecución» alguna.

Por eso, el juicio por corrupción que ahora el TOF 5 acaba de anular no era una bengala suelta en la noche, sino una importante estrella de la constelación que integran aquellos otros expedientes por corrupción y también el más reciente pero también más famoso: los Cuadernos de las Coimas.

Ante la desconcertante resolución de este viernes, una pregunta sensata obliga a averiguar cómo fue posible que el republicano sistema de frenos y contrapesos no haya podido alertar sobre ella y eventualmente evitarla. La respuesta es más inquietante aún.

Todos los agujeros, dobleces y fallas que el Poder Judicial exhibe diariamente -ante la impaciencia de una sociedad que reclama respuestas- permitieron y hasta favorecieron la vidriosa jugada con la que el TOF 5 busca ayudar a Cristina para evitarle uno de los juicios más peligrosos para ella.

Para empezar, la masiva falta de jueces titulares en los ocho Tribunales Orales Federales porteños causó los retrasos habituales y terminó funcionando como un forum shopping para que Cristina elija a un juez permeable a sus intereses.

Los números no mienten: solo la mitad de esos tribunales tiene a sus tres jueces titulares, y entre los 24 asientos disponibles hay siete vacíos. ¿Cómo se cubren esos lugares? Con suplencias -llamadas subrogancias- rotativas de los demás jueces… que a su vez no estén cumpliendo otra suplencia en alguno de los tribunales incompletos.

Con la firma segura de Daniel Obligado, uno de los jueces del TOF 5 demostradamente incondicional a los intereses personales de los funcionarios K investigados o condenados por la justicia, Cristina sólo tuvo que esperar que aquella rueda depositara allí a otro magistrado sensible a sus deseos. Adrián Grunberg, militante de la agrupación ultra K Justicia Legítima, era la ficha perfecta.

Cuando Grunberg llegó al TOF 5, el abogado de la vice repitió un extravagante pedido que ya había formulado hace dos años ante el mismo tribunal, pero con otra integración: que el juicio para cuya realización existen todos los tribunales orales, directamente no se haga. Y a otra cosa. En su primer intento, semejante osadía obtuvo un sonoro rebote. Pero sólo había que esperar el momento adecuado para insistir.

Ese cachetazo a las más elementales nociones de igualdad ante la ley, garantía de un juez natural y de transparencia en procesos orales y públicos también es responsabilidad de otros dos organismos: el Consejo de la Magistratura, que demora los concursos y las designaciones de decenas y cientos de cargos en todo el país, y la Corte Suprema de Justicia, que viene retrasando inexplicablemente una sentencia respecto de la legalidad o no de la integración actual del Consejo, controlado por el poder político desde una cuestionada reforma impulsada por la senadora Cristina Kirchner en 2006.

Los elementos de esa tormenta perfecta se conjuraron ahora para imponerse a una increíble cantidad de pruebas coincidentes que avalan las gravísimas acusaciones contra Cristina Kirchner, sus hijos y los contratistas favoritos del poder Lázaro Báez y Cristóbal López. Es el dispositivo judicial de impunidad diseñado por Carlos Menem y perfeccionado con los años y los gobiernos, para que los tribunales terminen siendo garantía de protección a los corruptos más que un límite que los disuada: la historia reciente impide cualquier otra interpretación.

Claudio Savoia

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