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La batalla de la Vuelta de Obligado que celebramos en Noviembre es hoy presentada como un triunfo sobre potencias extranjeras, olvidando que obligaba a las provincias del interior a pagar impuestos a Buenos Aires impidiendo comerciar libremente. Lo que en definitiva quedó fue un sistema donde la recaudación de Aduanas sería muy importante y que de alguna manera debía distribuirse entre las provincias. Esa potestad ha derivado con las décadas en la posibilidad de cobrar aranceles y derechos de exportación que dificultan el comercio exterior y aíslan a Argentina del comercio internacional.

Lamentablemente, las necesidades de recaudación inmediatas son consideradas mucho más importantes que el daño que ocasionan al crecimiento de la economía. El argumento es que, si no se pueden pagar las cuentas inmediatas, tampoco podrá haber crecimiento. Sea cual sea la urgencia, no hay una discusión más completa de cuál es el tipo de impuestos más apropiado, quiénes y cómo deben recaudar. Mucho menos se discute en qué deberían gastarse los fondos obtenidos. Sabemos que los impuestos son indispensables para la sociedad, pero no deben ser un obstáculo a las empresas o una lápida al crecimiento.

Los recursos y el destino de esos fondos es sólo uno de los desafíos para lograr desarrollarnos rápidamente. Entre los problemas confluyen temas aún más importantes, como educación, seguridad, inserción de gran parte de la población al mercado laboral y una larga lista que cada lector podrá incluir.

En todas las soluciones que se busquen debería darse especial énfasis al incentivo que generan. Rara vez se han diseñado de esa manera las políticas públicas. Sobran ejemplos. Uno simple es la progresividad de impuestos o normas para empresas a partir de cierto tamaño que quita incentivos. Otro es el triste efecto de la asignación de planes a quienes no terminan el secundario y por lo tanto tienen un «premio» por demorar sus estudios. De la misma manera, las provincias no tienen incentivos a mejorar su sistema impositivo y regulatorio porque dependen de la coparticipación y asignaciones discrecionales del Estado Nacional.

Luego de las guerras civiles donde se disputaba los recursos de la Aduana y muchas décadas de discusiones, en la Argentina el régimen formal de coparticipación nació en 1935. Tiene ya más de 8 décadas, a pesar de un mandato constitucional de 1994 de revisarlo perentoriamente.

El sistema genera hoy incentivos perversos: es más una disputa entre provincias que un aliciente al crecimiento. Los argumentos de quitarle a uno para darle a otro y al mismo tiempo esperar que las obras provengan de fondos nacionales impide una buena asignación de recursos. Uniendo esto al sistema de representación donde todas las provincias tienen la misma cantidad de senadores, toda reforma es muy compleja. Un verdadero nudo gordiano, y ya sabemos que la solución es… cortarlo. Como difícilmente eso se logre, no es fácil determinar una transición hacia un mejor sistema de coparticipación.

Hay muchos temas a analizar: ¿Con uno o varios regímenes? ¿Con fondos condicionados o no condicionados? ¿Cómo instrumentar la coparticipación? ¿Qué impuestos se coparticipan? ¿Cómo determinar origen y destino de los fondos? ¿Es cada provincia la que define la coparticipación a Municipios? Por supuesto la respuesta a estas preguntas es indisoluble de -reitero- determinar qué impuestos cobrar y a qué fines dedicar los recursos.

Es vital analizar la carga impositiva, los incentivos que generan, definir prioridades de gastos nacional y provincial. Las provincias debieran poder contar con sus propios recursos, sin la excusa -o el expolio- que significa que los impuestos se cobren en un lugar y se utilicen en otro. No es sólo que se cobran muchos impuestos, sino que generan efectos perversos sobre el crecimiento de empresas y provincias.

La cadena que cruzó Rosas para que no pasaran los comerciantes (y tropas) de Francia e Inglaterra siguen estando. Sólo que esta vez es para que no podamos salir.

Diana MondinoFuente

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