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La ANSeS, conducida por la ultrakirchnerista Fernanda Raverta, no apeló el reclamo de la vicepresidenta, pese a que choca con una ley. La ayuda de Carlos Zannini.

Cayó el telón de un vodevil con final anunciado y entremeses irreverentes, con frecuencia escamoteados a la opinión pública. O relatados en tono farsesco.

La ANSeS decidió que desistirá de apelar el reclamo de Cristina Kirchner para el cobro de dos pensiones vitalicias de “rango presidencial”, la suya y la de Néstor Kirchner, por haber accedido ambos a la primera magistratura de la Nación. La suma es de alrededor de $ 2.500.000 mensuales, el equivalente a 96,5 jubilaciones mínimas, hoy establecidas en $ 25.922.

Quiere decir que en un mes Cristina cobrará lo que un jubilado de la mínima tardaría 8 años en percibir, en caso de que sobreviva a las erosiones de una vejez con calidad de vida en declive. Está claro que las responsabilidades no son las mismas, pero la condición de ciudadanos sí lo son. Al menos para la Constitución. Alguna de las dos cifras está mal confeccionada. Por mucho o por poco.

La vicepresidenta cobra esos $ 2.500.000 mensuales, a trazo grueso, desde el pasado abril, mientras entre bambalinas continuaba el interminable minué de pasos jurídicos, con cifras y papeleos que iban y venían, Un magma que arde y escapa a la lógica y el entendimiento del ciudadano común. Eso sí.

Detrás suyo, la vicepresidenta siempre tuvo a dos empleados fieles, de ese tipo de funcionarios “que funcionan” y que honran el catecismo de la obediencia: el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y la jefa de la ANSeS, Fernanda Raverta.

Un viejo amigo de tantas aventuras de la política y una joven militante moldeada a su imagen y semejanza, y puesta en el cargo por el dedo que todo lo puede o todo lo arrasa. Aunque Raverta trasluce modales y gestualidad mucho más agradables y respetuosos que su golem política.

Finalmente, la militante de la sonrisa cálida desistió de su obligación como representante del Estado, que es la de apelar hasta la instancia final de la Corte Suprema. Lo hizo por una sugerencia institucional de Zannini, el amigo de toda la vida de la querellante mayor, y a pedido de la propia Cristina.

Ninguno de los casi 269.000 juicios de jubilados pendientes de la “gente común” que reclamó ante la ANSeS ha tenido la suerte de que opinara Zannini y desistiera Raverta, a pesar de que la ley 24.018, artículo quinto, señala la incompatibilidad del cobro de ambos beneficios. Cosas de la vida.

Quizá Raverta no leyó Martín Fierro, pero sabe aplicar su sencilla sabiduría gauchesca: “La ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico/ no la tema el hombre rico no la tema el que mande/ pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos/ Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja/ el que la aguanta se queja, más el asunto es sencillo/ la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja.”

Nobleza obliga: Cristina desistió de cobrar su sueldo de vice para obtener el beneficio mayor de las pensiones. Desde entonces ya percibió $ 17.500.000. Lo que se dice ganarse el pan sin demasiado sudor de la frente. ¿Su tarea? Diseña las estrategias de la coalición gobernante y es su voz de mando; preside el Senado, a cuyos miembros suele retar; degrada la investidura presidencial hasta vaciarla de toda autoridad, entre otras ya muy meneadas. Lo que cobra la vicepresidenta es un dinero de excelencia, una fortuna.

Hay otras mediciones comparativas sobre la magnitud del monto de sus pensiones. Veamos: equivalen a 78 salarios mínimos, a razón de $ 32.000 cada uno; y a 33 canastas básicas de un jubilado, en base a estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que evalúa esa canasta en $ 75.505, monto con dos rubros mayoritarios: comida y remedios. Podrían sumarse más paralelos, pero serían redundantes.

Los números dicen mucho, pero no todo. Hay una dimensión moral que no califica en ningún argumento jurídico ni en ningún derecho que se esgrima. En estos días se le dice empatía. Con la declaración jurada de bienes de la vicepresidenta y de su hijo diputado a la vista, y tanta gente en estado de padecimiento, ¿era necesario litigar contra un Estado fundido para beneficio propio? Porque además anda por allí un retroactivo pendiente de más de $ 120.000.000.

​En este caso parecería que la “platita electoral” cayó en un casillero equivocado, éticamente censurable, que irrita y “pone nerviosos” a la gran mayoría de los argentinos. Para decirlo en palabras de la propia señora vicepresidenta, no hay que dejar que “nos enrosquen la perdiz”.

Metáfora callejera para evitar el ardid del engaño y la falsía de la mentira. En verdad, el dicho popular es otro: “No nos enrosquen la víbora”. Se cuenta que está referido a unos vendedores ambulantes y anunciadores de circo que en la noche de los tiempos anunciaban sus productos con una mansa víbora al cuello para llamar la atención. Esa es la verdad: víbora, no perdiz.

Osvaldo Pepe

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