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Es cierto, vamos dejando atrás lo peor de la pandemia, en términos tanto sanitarios como socioeconómicos, pero realidad no hay mucho para festejar. Los niveles de pobreza no sólo siguen altos, sino que constituyendo el emergente de problemas más estructurales, los cuales, más que resolverse tienden a agravarse. En varios sentidos, el ejercicio democrático parece haber servido una vez más para poner en alerta el estado de situación. Al menos por ahora, el persistente deterioro social no ha escalado poniendo en riesgo el orden social ni político. Nada indica que esto no pueda llegar a ocurrir si las piezas de la política no logran interpretar adecuadamente el cambio real que demandan los sectores más postergados de la sociedad, incluyendo las nuevas clases medias empobrecidas.

A pesar de la reactivación que está teniendo lugar en el mercado interno a través de actividades como la industria, la construcción, el comercio o los servicios, a lo que cabe sumar una fuerte inversión en obra pública, los niveles de indigencia y de pobreza durante el primer semestre de este año apenas han tenido alguna mejora en términos interanuales o intersemestrales (10,7% y 40,6% respectivamente, según los últimos datos del Indec). Justamente, no es la caída de la pobreza la sorpresa, sino el bajo nivel de la misma, sumando incluso como dato hostil, un nuevo aumento en la tasa de indigencia. Con la misma metodología para su medición, los valores actuales de indigencia y de pobreza son similares a los de 2005-2006. Este panorama tiene lugar a pesar de una recuperación del PBI de casi 7% para este año, un saldo positivo de exportaciones, una importante recuperación del empleo industrial, los servicios y la construcción y una caída de la tasa de desempleo abierto a menos de 10% .

¿Cómo explicar la situación? En principio, tenemos un problema conocido, una economía real afectada por un estancamiento estructural generado por falta de inversión, con déficits fiscales insostenibles, y, por lo tanto, impedida en crear empleos formales en cantidad y calidad acorde a nuestro crecimiento demográfico y expectativas de bienestar social. Junto a esto, padecemos niveles de inflación que degradan cualquier presupuesto familiar, así como el plan de inversión de la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas. En cualquier caso, un PBI por habitante inferior al de 2006, un desempleo real -sumando trabajos de indigencia y desaliento laboral- cercanos al 30% (sin contar los empleos regulares no registrados), una economía informal del 48%, una política de protección social -transferencia de ingresos, asistencia alimentaria o programas de empleo- que atiende a casi el 40% de los hogares (45% de la población). Son estos algunos de los indicadores que ilustran el empobrecimiento estructural de la Argentina. Lejos de mejorar, estos indicadores se mantienen en el tiempo o tienden a empeorar.

Pero también es cierto que la crisis actual constituye un episodio más de una triste saga de continuados fracasos. Ahora bien, a no equivocarse, la situación no tiene como explicación la mala praxis económica de la actual o las anteriores administraciones. El problema no es la economía, sino la manifiesta incapacidad de contar con clases dirigentes capaces de ofrecerle a la sociedad una patriótica, conjunta e inteligente conducción política en función a dar soluciones a los problemas reales. La profundidad de la crisis, abre al menos la posibilidad -al sistema político- de repensar un horizonte de salida, en donde dejar claros los esfuerzos y sacrificios que habrá que emprender, así como también los mecanismos redistributivos que dicho proyecto requiera.

Si bien las proyecciones pueden errar, a manera de ilustrar lo que es posible esperar del futuro próximo bajo diferentes escenarios de crecimiento, cabe presentar un ejercicio realizado para tal efecto por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Según este ejercicio de simulación, manteniendo los parámetros económicos prepandemia en materia de elasticidad empleo/producto, salario real y distribución del ingreso, si sólo creciéramos a una tasa constante de 1% anual de aquí hasta el año 2030, si bien la tasa de pobreza lograría estar levemente por debajo de la situación actual (38,5%), habría en realidad más pobres debido al crecimiento demográfico. Bajo un escenario más optimista, con un crecimiento regular del 2,5% anual, la tasa de pobreza llegaría, luego de 9 años, a 30,4%, es decir, con niveles similares a los que teníamos en 2010 o en 2015-16. Y, por último, si tuviéramos al menos la capacidad de crecer al 4% anual, la tasa de pobreza alcanzaría un 23,8%, es decir, recién en este caso lograríamos los alarmantes niveles de pobreza que denunciábamos hace 35-40 años.

De esta manera, si a la clase política le interesa efectivamente erradicar la pobreza, corresponde, antes que multiplicar promesas o distribuir asistencia social, lograr entender tanto la magnitud como la complejidad del problema que implica asumir la conducción política de este bendito país. En cualquier caso, a manera de sugerencia, cabría empezar por un gran acuerdo político, económico y social que promueva el crecimiento tanto del sector externo como del mercado interno, con un uso cada vez más intensivo de las nuevas tecnologías, pero también con una explosiva creación de puestos de trabajo, de preferencia creados por el sector privado, pero también por el sector público o en la economía social, atendiendo a las necesidades sociales más urgentes. Atender la urgencia, así como invertir en futuro, no requiere de más programas sociales, sino de más incentivos para la creación de más y mejores empleos.

Agustín Salvia

CONICET-UBA-UCA. Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina

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