¿Es una maldición exportar alimentos?

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Por Sebastián Ibarra, director de Visión Desarrollista

Producir alimentos ha sido una prioridad para todas las economías del mundo a lo largo de la historia. El hambre derribó imperios. Y sigue siendo una prioridad. China considera estratégica la soberanía alimentaria y trabaja para garantizar el autoabastecimiento: 1.300 millones son muchas bocas. Argentina no tiene ese problema. Como destaca la FAO, Argentina tiene capacidad para alimentar a 400 millones de personas. Aunque muchos la verían con envidia, no todos lo celebran en Argentina. La diputada Fernanda Vallejos considera que la exportación de alimentos es una «maldición».

El argumento de Vallejos, que es economista, se basa en que el precio de los alimentos se fija en el mercado internacional: «Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional». Un alza del precio internacional, por lo tanto, impacta en la mesa de los argentinos. La diputada del Frente de Todos considera que la culpa de la inflación es de los agroexportadores. Su propuesta es consistente con esa idea: «Desacoplar los precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra de los argentinos».

El diagnóstico tiene una falla central. Los precios de todos los bienes y servicios transables —es decir, que se pueden exportar o importar— están condicionados por el mercado internacional. Y eso es así tanto en los países que exportan alimentos como los que importan: no es una maldición de los exportadores. Al contrario, la agroindustria explica el 74% de las exportaciones de Argentina, según un informa de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Agropecuario de Argentina (FADA). Sin ese ingreso de divisas, la crisis sería aún mayor.

Los precios de los alimentos, por otra parte, no están solo condicionados por los precios internacionales. Un ejemplo es el pan. FADA calcula que el trigo y la harina explican menos del 16% del precio del pan, mientras que la carga impositiva es de más del 25%. Son impuestos que pagan tanto los consumidores ricos como los pobres, en la misma proporción.

Una mayor intervención estatal

La propuesta de Vallejos consiste, concretamente, en la intervención del sector agropecuario, uno de los más dinámicos de la economía nacional. Es un camino que el Gobierno ya comenzó a transitar: la primera señal fue el intento de expropiación de Vicentín, la última el cierre de las exportaciones de maíz. Ambas fueron finalmente revertidas. Estas políticas tienen antecedentes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y van en el sentido contrario a las que necesita el país. Como lo demuestra la reducción del stock ganadero tras la prohibición de exportación de carne en 2005.

Argentina es el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, yerba mate y porotos; el segundo de maní; el tercero de girasol, maíz, soja y peras. Es un gran exportador de alimentos, pero no para humanos. «Argentina exporta maíz y soja para que otros alimenten animales», explica Fernando Vilella, director del Programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ese sí es un problema estructural, ya que la exportación de granos tiene menor valor agregado que la de proteínas. Pero no es ninguna maldición: no es una desgracia providencial, sino la consecuencia de las políticas del país. Por lo tanto, tiene responsables terrenales y son los dirigentes argentinos.

El país necesita producir más alimentos y exportar más para generar divisas. Tiene razón Vallejos, sin embargo, en preocuparse por la mesa de los argentinos. En las últimas cuatro décadas la pobreza aumentó dramáticamente y hoy supera el 40%. El error es aferrarse a la antinomia entre exportar y atender el mercado interno. Así lo explicaba Arturo Frondizi hace más de 60 años: «El problema argentino es hacer producir más, al campo, más a la minería, más a la industria. Y fortalecer nuestra moneda y racionalizar la explotación para que estemos en condiciones de satisfacer la demanda interna a precios razonables e ingresar en el mercado mundial con precios competitivos».

El principal problema es el ingreso de los argentinos, reflejo de la baja productividad de la economía. La respuesta para el aumento de la pobreza es la generación de empleo formal y el aumento de los salarios reales. Y para eso se necesitan inversiones. La intervención estatal en un sector dinámico y competitivo atenta contra ese objetivo.

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