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Jujuy al día® – El Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez, brindó una entrevista a un medio radial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que fue consultado sobre la situación judicial de Milagro Sala.

En cuanto a las declaraciones emitidas por la dirigente social sobre la necesidad de un acuerdo político para su liberación, sostuvo que “hay una grave confusión, al mezclar las cuestiones políticas con las judiciales.” Milagro Sala se encuentra “debidamente detenida, porque entorpeció la investigación, que es uno de los presupuestos para detener a una persona en la tramitación de un proceso penal. Lo hizo al falsear un certificado médico”.

“Al momento del arresto, se la convocó a designar abogado defensor, y a rendir declaración defensiva, pero omitió concurrir al llamamiento del juez interviniente. En su lugar, presentó un certificado médico, que luego se pudo establecer que era absolutamente falso”.

Agregó que “con el avance de las investigaciones, se dictó prisión preventiva y actualmente tiene tres condenas firmes.” Una tiene que ver con encabezar el “escrache” al entonces senador Gerardo Morales, la causa denominada “pibes villeros”, y “una más, del fuero provincial, por amenazar, poner una bomba, y hacer volar una comisaría.”

Insistió en que “hay una grave confusión entre lo político y lo judicial. Y esto es estrictamente judicial. No tiene mucho que ver con la cuestión política. Se acreditaron los hechos por los cuales está condenada, y hubo un debido proceso. Pudo defenderse, pero no argumentó nada a lo largo de los procesos.”

Al ser consultado sobre el futuro de la situación judicial de la dirigente, agregó que “lo que resta, desde el punto de vista procesal, es ejecutar las sentencias. Es decir, hacer un cómputo para ver cuál es la pena que deberá cumplir, porque efectivamente se encuentran firmes las tres condenas, y así iniciar su tratamiento penitenciario.”

Además, aún tiene tres causas más, una “como coautora de fraude contra la administración pública, por la misma asociación ilícita en la que ya fue condenada, pero en un programa social diferente, denominado ‘socio comunitario’, donde se defraudó al Estado provincial por dos mil millones de pesos, en la construcción de viviendas.”

“Hay otra causa por lavado de activos, en relación a los fondos defraudados. Y luego, un procesamiento que quedó firme, en el que se sospecha que sustrajo y destruyó un expediente. Esa causa está en etapa de procesamiento firme, y debe seguir su curso, para ser requerida a juicio eventualmente.”

Finalizó agregando que “hay que seguir trabajando procesalmente para que este proceso termine con la ejecución de la condena.”

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