Invocar el Law Fare buscando garantizar el Impunity fare

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O de cuando el oficialismo se convierte en víctima de sí mismo

El término inglés lawfare (La contracción gramatical de las palabras «law» (ley) y «warfare» (expedición bélica), cuya traducción habitual al español es imprecisamente interpretada como guerra jurídica o guerra judicial, es una expresión cuyo uso se ha generalizado a partir de la primera década del siglo XXI​ para referirse al empleo abusivo de los procedimientos legales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente.

El lawfare permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos.​

Como nos impone la realidad de los casos en que el lawfare fue invocado en nuestro país, no se ajusta a ninguna de las características que el término abarcaría. Lo dicho se apoya en que en Argentina el Estado de Derecho tiene plena vigencia.

Cuando de realidad hablamos, por ejemplo, en la causa “Cuadernos” decenas de empresarios de obra y servicios públicos confesaron haber abonado sobornos millonarios y participado de la cartelización de los contratos, todos impulsado por la cúpula del gobierno que condujo el país entre 2003 y 2015. Pero insisten en encuadrarlo dentro de un supuesto lawfare intentando descalificar procesos judiciales en los que nunca nadie estuvo privado del legítimo derecho de defensa y donde la abrumadora cantidad de pruebas y testimonios fueron revisados por todas las instancias judiciales, incluida la Suprema Corte. Claro que el fallo de esta última no gusto mucho porque no beneficiaba a aquellos que denuncian el lawfare.

Tal vez las prisiones preventivas produjeron un poco de escozor, pero suscita “alivio” saber que, en la Argentina, seis de cada diez presos lo están sin condena firme y así ocurre hace muchos años y bajo todos los gobiernos, con lo cual esta no es, ni fue, una práctica indebida ni dirigida hacia quienes alegan ser víctimas del lawfare. También hay que tener en cuenta que las prisiones preventivas son más producto de la lentitud e ineficiencia del sistema judicial que por decisiones arbitrarias.

El sonado caso del expresidente Amado Boudou es casi una muestra burda de un reclamo vacío de veracidad pues la causa se inició mientras este era titular del Senado de la Nación y su protectora titular del PEN. Hay que recordar que el inicio de esta causa le costó la cabeza al entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, allá por 2012 -faltando entonces 3 años para el cambio de gobierno-. Righi, en la carta de renuncia dejó un claro mensaje dirigido a la entonces presidente, hoy vice, diciendo «Declino un cargo en el que ya no podría obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir cabalmente al interés público«.

La causa aludida, luego de haber pasado por más de 14 jueces entre Salas y Cámaras y hasta la Suprema Corte por unanimidad de sus 5 miembros, siempre fallando en contra de la pretendida inocencia de Boudou, tiene a funcionarios del gobierno, legisladores, otros dirigentes políticos y la misma expresidente y ahora vicepresidente, reclamando por un lawfare solo existente en su discurso y pretensiones. Más arriba se deja claro que el lawfare es un concepto mal utilizado y que, en este caso, autoincriminaría a quienes alegan su existencia pues eran ellos los que detentaban el poder en 2012 y también ahora.

Según una fuente consultada, “la lawfare (guerra jurídica) podría ser utilizada en conjunto con la «guerra mediática», manipulando los medios de comunicación para que sirvan como órganos de propaganda, con el fin de provocar una enorme presión pública en contra de una persona, un grupo o una causa visualizada como enemiga. De ese modo es posible debilitar la moral del enemigo. Estos métodos son los más utilizados en una campaña de lawfare orquestada”.

Tal vez esta variante de la lawfare les suene conocida o la reconozcan vinculada a más de un caso. Incluso contra alguien que ya estaba muerto mientras aún gobernaba la viuda de Néstor Kirchner.

Presos políticos

También, todos aquellos que invocan la existencia de un lawfare intentan identificar, asimilar, a los “políticos presos” a la categoría de “presos políticos”, generando la idea de que en Argentina habría un régimen totalitario que persigue a los opositores y les impone, fraguando causas de corrupción, prisiones preventivas arbitrarias a fin de que cesen en sus habituales tareas políticas como ser, la militancia de toda causa social que involucre a los desposeídos a fin de evitarles males mayores a los que ya padecen. Claro está que esto tendría ocurrencia solo cuando no están en el gobierno. Lo que hace inexplicable e inaplicable el termino lawfare pues los que apelan a él hoy no son opositores sino el oficialismo. Lo curioso es que aún sigan estando presos o procesados siendo que el Estado Totalitario que ellos denunciaban ha cesado en diciembre de 2019 y con ello la supuesta persecución política a través de la justicia.

Como no podía ser de otra manera, en nuestro país se resemantizó lawfare para connotar persecución política. Algo no encaja, tal vez sea el discurso de aquellos que definitivamente buscan la impunidad de sus actos de corrupción.

ImpunityFare

El ImpunityFare es sólo una pretendida categoría propuesta para contrastar el empleo interesado del término LawFare. No existe en ningún diccionario del habla inglesa este término, ni es una contracción de nada, ni siquiera significa lo que parece que significa sino que es una forma de contrastar lo que en nuestro país buscan quienes, embanderados en el LawFare, han sido acusados, procesados y hasta condenados por hechos de corrupción.

El ImpunityFare es una suerte de respuesta al LawFare pues quienes señalan desde esa tribuna, lo que en realidad reclaman es la ImpunityFare, con todo lo que les es permitido y aceptado por la sociedad, porque de las instituciones ya se ocuparon y se ocupan.

Señalar hoy que se es preso político, es decir que en el gobierno que eligió la mayoría de los ciudadanos no hay rasgos de democracia. Que las libertades están restringidas para algunos por el sólo hecho de que no piensan políticamente igual que el oficialismo. Que se está a disposición del Poder Ejecutivo, como lo fuera desde 1976 hasta 1983. Que Alberto Fernández es un dictador, claro, igual a su vicepresidente, Cristina Fernández viuda de Kirchner. Ahora, abriendo un paréntesis, resulta curioso y hasta absurdo que días pasados el presidente, Alberto Fernández, en un video hiciera referencia a un LawFare y a “persecuciones” en los últimos tiempos.

Además, en este marco, hacerse discursivamente dueños del termino LawFare para manipularlo a su antojo, es no menos que un evidente reclamo de ImpunityFare. Prueba de ello es una solicitada que comenzó a circular el pasado domingo cuyo título reclama “CON LAWFARE NO HAY DEMOCRACIA”. Allí, los firmantes (entre ellos una única jujeña, legisladora nacional ella) dan a conocer su preocupación por el fallo de la Suprema Corte que inquieta a Boudou porque, según ellos, afecta al sistema democrático ya que vulnera derechos y garantías constitucionales. Claro que dirigido, incongruentemente, a quienes tienen como función el control de constitucionalidad de los actos.

También puede ser que la “coalición” de gobierno este mostrando fisuras pues hay una facción que reclama el ImpunityFare, denunciando un Lawfare  y otra que no hace nada para que los reclamantes obtengan su ImpunityFare. ¿Estarán lejos los reales efectos del LawFare discursivamente denunciado y nunca comprobado? Con esto podemos decir que el oficialismo es víctima de sí mismo.

Lo curioso es que quienes se autoperciben como “presos políticos”, están en libertad condicional y convocan a una Manifestación en contra del LawFare que, según ellos afecta la democracia que les toca administrar, pues son oficialismo.

Manipulación de las instituciones

Parte de la ImpunityFare se busca también en la manipulación de las instituciones. Solo por mencionar algunas intervenciones: La derogación del decreto por el que se creaba la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un Ente Autárquico para el resguardo de la seguridad de los «arrepentidos» en causas judiciales.

Le siguió el nombramiento de cuestionables candidatos en organismos de control y en otros importantes cargos en ministerios claves para el combate de la corrupción, y el continuo embate político contra jueces que han demostrado su independencia y coraje.

El desistimiento de la OA a ser querellante en causas de corrupción, desnaturalizando una buena parte de su existencia y función.

Ya no queda ningún funcionario kirchnerista que cumpla prisión preventiva por corrupción. Solo están presos los condenados Ricardo Jaime y José López. Aún en danza  Amado Boudou.

Por tratarse de un caso que nos afectó directamente es necesario referirse al proyecto de pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy por parte de un senador que representa a los intereses de la provincia pero que se sospecha tendría como especial beneficiaria a Milagro Sala, investigada en una decena de causas por numerosos delitos y condenada en varias de ellas, en distintas instancia. El referido proyecto, según algunos avezados abogados y jueces lo encuentran del todo irregular y hasta inconstitucional. Muchos notan la letra e ideología del exjuez de la dictadura, Eugenio Zaffaroni, principal impulsor de esta extrema medida, la que volvió a aventar por estos días y siempre referido a la situación judicial de Milagro Sala.

Hubo dos casos en que el discurso inoportuno puso en tela de juicio a los titulares del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Primero la expresidente del cuerpo, Clara de Falcone, en un contexto no del todo despegado de su posición institucional mencionó que ella no permitiría que Milagro Sala quedara libre. Claro que nunca le dieron la oportunidad de mencionar las presiones nacionales e Internacionales que pesaban sobre el cuerpo reclamando borrar con el codo lo que firmó con la mano. 

El segundo caso, el del exministro del cuerpo, Pablo Baca, quien aseguró que Milagro Sala estaba presa porque era un estorbo para la gobernabilidad de la provincia (palabras más o menos). Este fue señalado por el mismo aparato de propaganda que lo hizo con Clara Falcone, como si hubiera sido autor de un crimen de lesa humanidad. De hecho en Jujuy no debe haber mucha gente que opine de manera distinta que Baca (aunque en privado, como lo hizo Pablo Baca) pues en su momento de gloria, Milagro Sala no fue otra cosa para Eduardo Fellner, quien no tuvo autonomía ni poder, tampoco templanza, para equilibrar o someter el avasallamiento a las instituciones de la provincia, permitiendo el caos y la violencia.

Pero volviendo al tema, es más que obvio que Milagro Sala esta presa porque hubo jueces, en varias instancias, que determinaron, pruebas mediante, que había cometido actos de corrupción. Y no porque el gobernador Morales lo haya decidido. De hecho, el único que hoy podría indultar a Milagro Sala es Gerardo Morales, entonces aquí la hipocresía sale a la superficie ¿Por qué no le piden al gobernador el indulto?, sencillo, porque estarían reconociendo de plano sus delitos y no porque tengan la certeza de que este lo denegaría.

No es mi propósito la defensa de ninguno de los mencionados sino aludir a sus casos como parte de la búsqueda del ImpunityFare, esta vez para Milagro Sala, cosa que refuerza la más arriba aludida manifestación en contra del lawfare encabezada por quienes obtuvieron el beneficio de libertad condicional en el contexto de la cuarentena, cuyo fin fue decretado hace ya un tiempo por lo que estos deberían retornar a sus encierros, como les pasa a cualquier otro reo.

Por último y luego de navegar por conceptos que si bien, más que a la sorpresa llaman a la risa, aludir a un simple caso, de un ciudadano común, para contrastar con las acciones de los poderosos nos dará una clara imagen de en donde estamos parados.

Un día cualquiera un ciudadano sale a la calle a comprar el pan, cuando ya caminó más de cien metros se da cuenta que se olvidó de ponerse el barbijo y como solo le faltaban pocos metros para llegar a la panadería decidió seguir. Luego de su compra, ya de regreso a su domicilio, es abordado por personal policial que le indica que estaba cometiendo una infracción por no llevar barbijo y que por ello le harían un acta y una multa de 40 mil pesos. El ciudadano acata y acepta su error. Va al juzgado contravencional y paga su multa. Cuando regresa a su hogar enciende la TV y ve que hay un grupo de funcionarios y legisladores que piden por la libertad de Boudou ya que lo consideran víctima de una persecución política. Claro, el ciudadano informado no sale de su asombro ante tanto cinismo y comienza a cuestionarse el pago de una multa por un hecho de tan poca importancia y se pregunta ¿No éramos todos iguales ante la ley?

Es ahí donde justamente estamos parados.

El bosque se achicaba, pero los árboles seguían votando por el hacha, Como su mango era de madera pensaban que era uno de ellos. Anónimo

Lic. Hugo Rubén Calvó (Director en paulatino retiro)

3 COMENTARIOS

  1. es cierto lo del lawfare, pero tambien es cierto que muchos pugnan por la libertad de Boudou en una actitud que LLAMA MUCHO LA ATENCION POR LO EXIGENTE E IMPERATIVA. Boudou tiene otras causas pendientes que podrian agravar su situacion y/o comprometer seriamente a terceras personas y por las que le exige desesperadamente una «solucion» y su inmediata libertad a a.fernandez como presidente de la nacion, lo cual es una ridiculez toda vez que el tema es resorte exclusivo de la Justicia.

  2. Con su particular expresividad, usted ha dado un paso gigantesco para que muchos conozcan el significado de los términos «law fare» y la nueva expresión, que se ajusta a una realidad, «impunity fare».
    Siento que en su editorial ha dado paso a lo que muchos deseabamos leer en los medios, pero tal vez la indefinición de ellos se salva leyendo que alguien ha abierto las palabras asignándoles el valor que ellas tienen.
    Necesitamos que alguien como usted guie a los ávidos de libertad y democracia con sabiduría y honestidad periodística.
    Le pido que recapacite sobre su alejamiento de la dirección de este medio de comunicación para no quedar huérfanos de claras ideas.

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