Renta Básica Universal: ¿Un paso de la formalidad del personal de casas particulares a su eventual informalidad?

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Una de las mayores luchas dentro del derecho del trabajo es poder lograr el blanqueo o registración del personal de casas particulares. Pero la nueva puesta en marcha de un sistema de economía social que permitirá a aquellos que no tienen ingresos estables y se encuentran en situación de vulnerabilidad, supone un retroceso en esta lucha.

Nadie puede negar que está de acuerdo con que personas con una real necesidad económica, con una dificultad para procurarse sus ingresos de manera legal y registrada, deben ser protegidos por el Estado. Pero la realidad nos muestra que está situación no es impuesta por una situación externa o de políticas económicas sino que parece ser una suerte de costumbre sumida en la voluntad de «ayudado» de no buscar empleo y acomodarse con lo que buenamente le otorga el Estado (y uno que otro puntero político en épocas eleccionarias). Pero esta es discusión de otro ámbito y no se pretende analizar en profundidad está situación, por lo que pasaremos a explicar el punto que nos convoca.

El personal de casas particulares, o denominado burdamente empleadas domésticas, posee un Estatuto (Ley N° 26.844) que, con la actualización de su escala salarial, a duras penas establece un salario mínimo para el trabajador registrado, casi limítrofe con el salario mínimo, vital y móvil. Los aumentos establecidos periódicamente por las discusiones salariales de los sectores sindicales y la patronal, parece no dar solución a un mínimo respetable a un personal que resulta ser esencial en todo ámbito. Sin ir muy lejos, la última actualización (mayo 2020) establece para el personal de tareas generales sin retiro $ 19.777 y con retiro $ 17.785,50.

Cómo todos saben, durante la cuarentena por el COVID-19, el gobierno nacional decidió abonar a aquellas personas que no posean ingresos estables, un grupo de monotributistas y, obviamente, al personal de casas particulares registrado incluido, el llamado IFE que consta de un pago de $10.000 en concepto de asistencia social que ya se encuentra cursando su tercera etapa. Pero en estos últimos días se dio a conocer la decisión de darle solución de continuidad a este pago, cambiando su denominación a Renta Básica Universal (RBU), que consistirá en un pago sin fecha de terminación con un mínimo de un Salario Mínimo, Vital y Móvil que actualmente es de $16.875. Aún no se sabe mucho sobre el mismo, pero si se sabe que, a diferencia del IFE, no incluiría al personal registrado, como lo es el trabajador de casas particulares, para así reducir la cantidad de personas a asistir.

Hasta ahora parece una situación normal, pero se recibieron consultas de clientes a los cuales su respectivo personal doméstico les manifestó la voluntad de percibir dicha renta. La solución que se les planteo es la de realizar una ficticia ruptura del contrato de trabajo, a fin de quedar en situación de vulnerabilidad pero seguir trabajando en negro (no registrado) y así poder percibir la renta y su remuneración. Claramente se desaconsejó esta situación por el simple hecho de ser un fraude a la ley laboral y también al Estado.

No debe olvidarse que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y, aunque el trabajador preste conformidad por escrito de renunciar ficticiamente, la primacía de la realidad de un trabajo dependiente hará a su empleado pasible de sanciones pecuniarias. Es allí en dónde se viene desaconsejable para la patronal. Y para el trabajador por el hecho de no contar con sus correspondientes aportes previsionales.

Aún resta saber cómo se estructurará la RBU, si contemplará esta situación, si se prohibirá el acceso inmediato en aquellos casos de ruptura del Contrato de Trabajo, si será retroactivo, si se esperará, por ejemplo, tres meses desde la ruptura para el ingreso al sistema, si se contará con asistentes sociales que corroborarán el estado de vulnerabilidad o no, entre otras potenciales soluciones.

La realidad es que el sueldo de las empleadas no alcanza, no es suficiente, máxime teniendo en cuenta que la canasta básica es superior a $ 40.000 y las maniobras que se vislumbran nos pone en alerta ante un eventual crecimiento de la informalidad y un retroceso en la lucha por la regularización de todo personal que solo busca una mejora económica que permita salir de una situación de indigencia, aún en detrimento de sus derechos.

Dr. Leonardo Calvó leonardosalvadorcalvo@hotmail.com

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