Las provincias del norte argentino buscan la manera de importar legalmente hojas de coca

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Jujuy al día® – En las provincias del noroeste argentino (NOA) se desarrolla buena parte de la acción referida a la hoja de coca, con el impulso a leyes para importarla, reunión de firmas para avanzar en la legislación y la venta desde perfiles falsos en redes sociales.

Mientras en Jujuy el punto de arranque es la frontera y las disposiciones legales fueron impuestas por el gobierno provincial, en Salta un debate que dejó en el camino un proyecto de ley de importación de hojas de coca obligó, de todos modos, a la creación de una comisión especial que estudiará la «regulación del abastecimiento y comercialización de la hoja de coca».

En Tucumán, en tanto, con un consumo importante desde hace varios años, su comercialización dejó de ser un negocio rentable por el fuerte incremento del precio y el corte en la provisión por el cierre de la frontera con Bolivia, que obligó a los vendedores minorista a limitar la venta a clientes especiales o directamente cancelarlas.

Antes de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), los controles de Gendarmería Nacional apostados en Tres Cruces, Humahuaca y Purmamarca, sobre la ruta nacional 9, «permitían el paso de hasta un kilo de hoja de coca para el coqueo», proveniente de Villazón (Bolivia), según detallaron consumidores jujeños.

Un decreto del gobierno provincial del pasado 23 de junio estableció multas de hasta 340 mil pesos para evitar el paso de personas por la frontera, medida que junto a otras derivó en la suba del precio de las hojas de coca y alentó la venta través de las redes sociales.

Previo a la cuarentena, un cuarto de hojas de coca rondaba los 500 pesos en la zona fronteriza, precio que escaló a los actuales 4.000 pesos que llevan el kilo a los 16 mil pesos.

En Salta, el diputado provincial Ignacio Jarsún dijo que por la pandemia «se notó más que nunca la necesidad de una legislación que fije los parámetros para que se pueda comercializar la hoja de coca, que aunque hoy se puede consumir, está prohibido adquirirlo.

«Es una contradicción enorme», añadió el legislador al referir que los precios «exorbitantes golpean a todos los consumidores aunque los más perjudicados son los más humildes, como la gente vallista y andina, que tiene la costumbre del coqueo y no tiene acceso».

Por otro lado dijo: «Defendemos una importación totalmente controlada», para lo que se requiere una modificación del Código Aduanero, medida que resultaría en la generación de «ingresos de recursos genuinos para la provincia y el país».

Además, explicó que entre los consumidores hay «jueces, diputados, políticos y ciudadanos de todos los niveles sociales» y detalló que existe «un falso mito que a los comerciantes les conviene el negocio ilegal».

El 18 de junio pasado, la Cámara de Senadores de Salta conformó la comisión especial para el Estudio Integral de la Regulación del Abastecimiento y la Comercialización de la hoja de coca en estado natural que durante su primera reunión reveló que por mes arriban a Salta unas 10 toneladas de hojas de coca para abastecer a unos 700 mil consumidores, lo que genera un movimiento comercial del mercado negro de 2 millones de dólares.

Entonces, en plena cuarentena, el kilo de hoja de coca en la capital salteña llegaba a los 20 mil pesos, con precios apenas menores a medida que el expendio se acercaba al norte provincial.

En Tucumán, en tanto según las consultas realizadas por  a comerciantes locales, antes de la cuarentena, el kilo se compraba a valores que iban de cuatro a seis mil pesos y una bolsita de 15 gramos que se vendía a 100 pesos, pero desde la pandemia de coronavirus pasó a costar entre 300 y 500 pesos y se pide entre 24.000 y 30.000 pesos el kilo.

Un kiosquero contó que en la provincia hay miles de consumidores -en su mayoría taxistas, camioneros o personas que trabajan de noche- que recorren diferentes comercios para poder encontrar un poco de hoja de coca, comparando la situación con lo que sucedió en abril con la venta de cigarrillos.

Fuentes de Gendarmería Nacional remarcaron que el contrabando (Ley N° 22.415, Código Aduanero) había caído más del 95%, tras el cierre de la frontera con Bolivia más las medidas de menor circulación en las rutas, lo que incidía en el transporte de la hoja de coca, ya que los controles son más estrictos.

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