Jujuy al día® – El agente fiscal de Instrucción Penal Ernesto Lian Resúa, solicitó que la diputada provincial Débora Ruth Juárez Orieta sea citada a juicio.
Según pudo conocer en exclusiva el diario JUJUY AL DÍA®, el pedido se basa en que se la considera como supuesta autora penalmente responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Negociaciones Incompatibles con la Función Pública en Concurso Real y Amenazas Coactivas.
Además, pidió que se proceda a notificar a la Legislatura de Jujuy, a los fines de requerir el trámite constitucional de desafuero.
Cabe consignar, que dicha solicitud fue cursada ante la jueza de Control Nº 6, Liliana Pellegrini.
Los delitos imputados datan de junio de 2012, cuando la acusada suscribió un compromiso de colaboración con el Estado provincial, a través del entonces Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, acordando la venta de terrenos a particulares para el programa «Un Lote para cada Familia que lo Necesite», de propiedad de su cónyuge Francisco Fernando Bracamonte, actuando como responsable legal de este último.
Fue así que, bajo la apariencia de dicho documento y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad habitacional, Juárez Orieta suscribió con sus víctimas un convenio y un boleto de compra-venta de inmueble, acordando las condiciones para acceder a un lote habitacional en Fraile Pintado. Las víctimas procedieron a realizar diferentes pagos periódicos por un lote a Juárez Orieta, quien se desempeñaba como funcionaria pública -concejal y luego diputada provincial- en negociaciones que se vieron concretadas en cada pago recibido.
De esta manera, Juárez Orieta abusó e incumplió con los deberes funcionales que la ley le impone por su condición de tal.
Luego, en las campañas políticas electorales (julio de 2012 hasta diciembre de 2017) Juárez Orieta obligó a sus víctimas a trabajar para ella con la amenaza de quitarle el lote si no lo hacía, a lo cual las víctimas accedieron por el temor a perder su lugar para vivir.
Por otra parte, el agente fiscal considera que los hechos de amenazas coactivas fueron como delito continuado, respecto a cada una de las víctimas y como fueron 10 víctimas, deben concursarse realmente 10 hechos.
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