El Club Político Argentino advirtió que el Frente de Todos busca ‘amordazar bocas que informan’

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También se critica que, “en paralelo, el oficialista senador Guillermo Snopek presentó un proyecto de intervención al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy que, según ellos, «pareciera direccionado en el mismo sentido: garantizar la impunidad para personas acusadas por delitos de corrupción, ya juzgados o en proceso de ejecución

Jujuy al día® – Nuevamente, las diferentes formas de entender el republicanismo volvieron a colocarse en el centro de la grieta. El Club Político Argentino (CPA), un grupo de intelectuales afines a Cambiemos, emitió un comunicado manifestando su preocupación por una serie de iniciativas legislativas que llevan adelante legisladores del Frente de Todos y también por declaraciones del Presidente de la Nación.

 «En los últimos días, desde diversos ámbitos del poder político, se lanzaron proyectos legislativos, acompañados de peligrosas declaraciones públicas, que comprometen seriamente los inalienables derechos a la libertad de expresión y de prensa garantizados por nuestra Constitución Nacional y los pactos internacionales, así como otros tendientes a cercenar el accionar de jueces y fiscales para investigar -y castigar, si correspondiere- delitos cometidos desde el poder», comienza el documento escrito por este círculo de pensadores, entre los que figuran Graciela Fernández Meijide o Vicente Palermo y hasta exfuncionarios macristas como Hernán Lombardi.

Según el comunicado, de los proyectos a los que se refieren «el más grave sin dudas ha sido el presentado por un grupo de senadoras del oficialismo, en el que proponen modificaciones sustanciales al código Procesal Penal de la Nación».

Desde el CPA pusieron énfasis en que los textos presentados por las legisladoras del Frente de Todos hablan de evitar «linchamientos públicos de un sector del Poder Judicial» y de «operadores mediáticos”. En relación a esto, los intelectuales opositores al partido gobernante indicaron: «El proyecto propone sancionar con la invalidez los procesos judiciales en caso de que se produzcan filtraciones en los medios masivos de comunicación de investigaciones que involucren a funcionarios públicos. En un claro intento por restringir las facultades propias e indispensables del periodismo y de condicionar las facultades exclusivas del Poder Judicial, las senadoras María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Pilatti Vergara, inscriben su proyecto dentro de una peligrosa tendencia restrictiva de las libertades públicas que propician algunos sectores radicalizados bajo el pretexto de la denominada guerra judicial».

Peleas, renuncias y descalificaciones entre intelectuales macristas​

En un segundo tramo del documento, se critica que, en paralelo, el también oficialista senador Guillermo Snopek presentó un proyecto de intervención al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy que, según ellos, «pareciera direccionado en el mismo sentido: garantizar la impunidad para personas acusadas por delitos de corrupción, ya juzgados o en proceso de ejecución, y que constituiría -en caso de aprobarse- una flagrante violación a la autonomía provincial y a la independencia de uno de los poderes de ese Estado legítimamente constituido».

Asimismo, el CPA también apuntó contra Alberto Fernández y sostuvo: «Esas iniciativas fueron acompañadas por alarmantes declaraciones del propio Presidente de la Nación en las que avaló la dudosa teoría del lawfare, definida por el jefe de Estado como ‘una complacencia judicial y mediática con el poder político, que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores’. Para luego efectuar una gravísima denuncia según la cual (durante el mandato del anterior gobierno) la Argentina habría sufrido ‘graves violaciones a los derechos humanos, y el Estado de derecho’ que habría sido ‘vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare'».

A modo de conclusión, los autores del texto señalaron: «El Club Político Argentino llama la atención sobre estos hechos que, al poner en cuestionamiento el Estado de derecho y coaccionar a los medios de expresión, amenazan la libertad de todos».

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