Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Joaquín Millón Quintana se refirió a la respuesta brindada desde gobierno a un sector de la ONU que exige la liberación de Milagro Sala, asegurando que la justicia de Jujuy siguió los estándares procesales y que dicho grupo “tomó la decisión sin considerar el importante caudal de pruebas vinculadas a la culpabilidad de Sala en los hechos de corrupción”.
En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Joaquín Millón Quintana expresó acerca de la respuesta dada por el Estado al informe del grupo de trabajo de la ONU que “desde mi entendimiento sabemos que el gobierno de la provincia de Jujuy ha tomado en serio la opinión de este grupo de trabajo. El gobernador ha ordenado a través de un decreto al Fiscal de Estado, lo ha instruido para que se presente en las diversas causas donde es querellante para determinar si las prisiones preventivas están acorde a los estándares internacionales en la materia. Hay que decir que el Código de Procedimiento de la provincia de Jujuy está a esa altura, incluso expresamente reconoce esos estándares”.
“Por otra parte, desde mi opinión, hay que enfatizar que el Ministerio Público Fiscal y diversos jueces en particular, que han dictado las prisiones preventivas y que llevan adelante este proceso, tienen un rol estelar en la respuesta de esta opinión del grupo y son ellos quienes además han emitido opinión, es decir, hay una opinión del Fiscal de Estado, del Ministerio Público Fiscal y del Superior Tribunal, todas ellas son coincidentes en señalar que el grupo tomó la decisión sin considerar el importante caudal de pruebas vinculadas a la culpabilidad de Sala en los hechos de corrupción”.
Millón Quintana señaló que “en segundo lugar, respecto a la justificación de la prisión preventiva, se trata de una persona que tiene enorme influencia y capacidad de desarrollar procedimientos o mecanismos de coacción, de intimidación. Esto es plenamente conocido por los jujeños y esa peligrosidad hace que los testigos que han aportado, que continúan aportando datos y fragmentos del esquema de corrupción y los modus operandis de corrupción utilizados para defraudar al Estado, puedan encontrarse en peligro”.
El Titular de la OA sostuvo que “la posición del gobierno nacional es articular las respuestas con las provincias y obviamente con los distintos poderes del Estado, entre ellas las jurisdicciones locales. De hecho, tanto a nivel internacional como nacional la relevancia de la participación de las provincias es crucial”.