Jujuy al día® – Así consta en la denuncia realizada por el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano miranda y el Fiscal Anticorrupción de la provincia, Joaquín Millón Quintana, a la cual tuvo acceso en exclusiva el diario JUJUY AL DÍA®, donde además de denunciar al ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, fueron denunciados varios funcionarios de dicho gabinete ministerial.
Tal como adelantara el diario JUJUY AL DÍA® los demás ex funcionarios denunciados son: Roberto Baratta (exSubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios); José Francisco López (exSecretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios); German Nivello (exSubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), y Gustavo Carrizo (exCoordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales de la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Jujuy).
Las consideraciones de la denuncia indican que los 5 exfuncionarios fueron denunciados por una supuesta “participación necesaria del fraude a la administración pública».
Dicha intervención en dicho delito se debe a la «posible participación de estos funcionarios públicos, quienes a través de omisiones funcionales en sus deberes de control de gestión y, en algunos casos, a través de conductas comisivas, en la autorización de transferencias de fondos estatales, efectuaron un aporte necesario sin el cual no hubiese sido posible el fraude a la administración pública».
La denuncia nuevamente vincula a Milagro Sala en un hecho delictivo en contra el Estado de Jujuy, ya que tiene que ver con la «Cooperativa Pibes Villeros, formada por Patricia Margarita Cabana, Javier Rosario Rivero, Iván Dante Altamirano, estos últimos liderados por Milagro Sala», entre quienes «conformaban una asociación ilícita”, según afirma.
Como consta en la denuncia, la misma se debe a las “addendas” o pagos adicionales emitidos desde dicho Ministerio que comandaba Julio De Vido, a obras que ya habían sido terminadas por parte de las cooperativas ligadas a la líder tupaquera, Milagro Sala.
Los hechos se dieron en el marco del Programa Nacional para la construcción de viviendas «Programa Federal de integración socio-comunitaria», realizado entre los años 2013 y 2015, donde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios rubricó junto con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y varios municipios jujeños una serie de convenios para la construcción de viviendas por medio de cooperativas, entre ellos Humahuaca, Libertador General San Martín, Calilegüa, San Pedro de Jujuy, Monterrico, Palpalá, San Salvador de Jujuy, La Esperanza, El Carmen y Perico.
El Fiscal de Estado apunta en su denuncia a las adendas o pagos adicionales realizados, ya que todos los convenios fueron cumplidos y sus obras terminadas, desde la entidad nacional «se acordaron financiamiento adicionales para garantizar la correcta terminación de las obras por montos que en total ascienden a más de 149.000.000 de pesos, y cuando menos se pagaron 86.000.000 de pesos».
«Es por ello que sus conductas, quedan encuadradas en la figura de la participación necesaria del fraude a la administración pública. Esto, sin perjuicio de que, en el caso de los funcionarios públicos, sus actos se enmarquen además, en el tipo penal del Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos», argumentan en la denuncia.
Las addendas fueron demostradas en 6 expedientes, y su valor fue de 149.250.000 pesos, más de un 37% del valor de la obra.
Para explicar la metodología utilizada tanto por el Ministerio K y la organización social en los 6 casos denunciados, fue la misma.
Por ejemplo en el caso del expediente N° 615-001631/13 – Etapa 16º – 240 Viv. Túpac Amaru: el mismo tiene su convenio firmado en el Acta Acuerdo 972/2013 y se firmó el 1 de julio del 2013 por Germán Nivello, titular de la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Social; Héctor Gustavo Carrizo, Coordinador de la UEP, y los intendentes Elsa Flores, de Calilegüa; Elina Liquín, de Humahuaca; Ramón Alé, de Libertador General San Martín; Alberto Ortiz, de Palpalá; Julio Moisés, de San Pedro de Jujuy y Nilson Ortega, de Monterrico, en su mayoría intendentes K.
El acuerdo preveía la construcción de 240 viviendas por un monto total de $55.807.200.
Según las actas de inicio, el 3 de abril del 2013 habrían comenzado las obras y el 15 de octubre del mismo año las cooperativas presentan a la UEP las Actas de Finalización de Obra y recepción Provisoria con certificados al 100% y la UEP envía a la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Social, dichas actas.
Luego, y a 11 meses de la finalización de la obra, 15 de septiembre del 2014, “se suscribe una Addenda por $23.040.000. (ACU Nº 1357/2014), firmada por los mentados intendentes y Germán Nivello”.
De acuerdo a los resúmenes bancarios del Banco Nación, la UEP recibió de la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Social, dos desembolsos con fecha 7 de noviembre del 2014 y 11 de diciembre del 2014 por $5.760.000, cada uno.
Luego de haber mostrado el caso testigo, vale decir que en los demás expedientes la operatoria realizada fue prácticamente la misma.
Tras el informe de cada uno de los casos, los denunciantes indicaron que “En definitiva, de las probanzas obrantes en la UEP, surge que las Addendas mencionadas fueron firmadas con completo conocimiento de los funcionarios Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios acerca de la finalización de las obras y/o de la ausencia del cumplimiento de los procedimientos de rendición de cuentas”.
Y además que “Debe tenerse en cuenta, además, que la intervención del Arq. Julio De Vido en el proceso de autorización de las Addendas referidas, resultaba necesaria, en tanto el propio Reglamento incorporado como Anexo a los Convenios Específicos, establece que todo el procedimiento de rendición de cuentas recaía sobre un área directamente a su cargo”.
La denuncia también afirma que dichos pagos adicionales “permitieron la posterior transferencia de fondos nacionales, que ulteriormente habilitaron el libramiento de cheques captados por las Cooperativas de Trabajo de la organización Túpac Amaru, entre ellas, la Cooperativa Pibes Villeros Ltda”.
“Ciertamente, conforme surgen de videos públicamente difundidos, integrantes de las Cooperativa Pibes Villeros Ltda., ingresaron 2 cheques a la cuenta 4881694934 del Banco Nación (Caja de Ahorro) para luego cobrar la suma de $6.390.000 por ventanilla de esta Entidad Financiera. Uno de estos cheques fue cobrado el 2 de diciembre de 2015 y el otro 3 de diciembre de 2015. En efecto, conforme surgen de las órdenes de pago de la UEP, estos cheques fueron librados desde la UEP, en el marco de las Addendas aquí denunciadas para luego ser cobrados por las mentadas Cooperativa”.
Agregan “de modo que, la Cooperativa Pibes Villeros Ltda., captó, cuando menos, alguno de los pagos procedentes de transferencias irregularmente autorizadas por altos funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.
Aclarando en el párrafo siguiente que “nótese la vinculación de la Cooperativa Pibes Villeros, Ltda., con la Organización Social ‘Túpac Amaru’ queda plenamente demostrada cuando, se advierte que esta Cooperativa tienen domicilio en la propia sede central de la Túpac Amaru sita en Calle Alvear 1.152 de esta Ciudad”.
“Que finalmente, esta Cooperativa utilizada para obtener el dinero forma parte, junto con otras entidades cooperativas, de un grupo mayor que dirige sus actividades y sus modos de operar constituido por la Organización Social ‘Túpac Amaru’ encabezado por la Milagro Sala en carácter de ‘jefe’ conjuntamente con otros dirigentes que la comandan”.