Jujuy al día® – La Defensoría del Pueblo de la Nación, en cumplimiento de su misión constitucional de defensa y protección de derechos, trabaja para un mejor ejercicio de los derechos humanos, y entre ellos por los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
A partir de denuncias recibidas por parte de varias comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, esta Defensoría ha impulsado investigaciones para verificar las afectaciones a sus derechos tanto económicos y sociales como específicos de los pueblos originarios.
Agentes de esta Defensoría tomaron contacto directo con miembros de dichas comunidades, quienes manifestaron las vulneraciones de derechos que padecen.
En tal sentido, se han receptado in situ las denuncias planteadas por las comunidades indígenas Ovara, Hornaditas, Azul Pampa, Maymaraes, Potrero de la Puna, El Morado, Qullamarka, entre otras.
Una vez iniciadas las respectivas actuaciones, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha puesto en conocimiento y requerido información tanto a autoridades nacionales, como a autoridades de organismos provinciales, sobre diferentes cuestiones, entre las que se destacan: acceso a la salud, acceso a agua potable, a servicio eléctrico, acceso a una vivienda digna y a caminos aptos para ingresar a sus comunidades.
Asimismo, se requirió información relativa los problemas manifestados por las comunidades indígenas, relacionados con el incumplimiento del relevamiento territorial, con la persistencia de desalojos de los territorios que habitan, y con la falta de consulta y participación en las decisiones que afectan sus vidas o territorios.
Las notas enviadas de esta Institución han sido dirigidas a organismos tales como Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy, Ministerio de Infraestructura y Planificación de la provincia, como así también a la Defensoría del Pueblo de Jujuy para que tomara conocimiento de los casos planteados.
A nivel nacional se le solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas información acerca de las medidas que prevé instrumentar en relación a los problemas planteados sobre acceso a servicios públicos, una copia del Convenio Específico firmado oportunamente con la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy para cumplir con la ejecución del Relevamiento territorial dispuesto por la Ley N° 26.160; e información sobre las comunidades alcanzadas por dicho relevamiento, como así también sobre las que no se han relevado aún y los motivos de dicha exclusión.
A este último organismo se ha requerido también respecto de las deficiencias en los procesos de consulta y participación, los cuales no se habrían ajustado a los estándares que establece la legislación vigente.
La Defensoría del Pueblo se encuentra ahora evaluando las acciones a seguir para activar los mecanismos legales disponibles con el fin de contribuir a una garantía plena de los derechos de los pueblos que estarían siendo avasallados.
Por CPN Carlos Haquim, Secretario General del Defensor del Pueblo de la Nación