Una resolución judicial mostró una grieta en el oficialismo de Jujuy

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Hugo Calvó 5La llamada judicialización de la protesta (eufemismo que utilizan –muchas veces en forma justa y otras tantas no- los que “protestan” para decir que violan sus derechos) es un tema que mostró una evidente grieta en el oficialismo de Jujuy.

El pasado martes 10 de junio, en reportaje realizado al vicegobernador (Guillermo Jenefes) por distintos medios, este reclamó a la justicia su intervención ante el caos que provocaban distintos cortes de ruta en la provincia. De hecho no había ninguna posibilidad de salir o llegar a la capital por las rutas 56 y 1 porque trabajadores en conflicto con Aceros Zapla cortaron las rutas generando así también un conflicto con el resto de los jujeños. Es decir que un conflicto entre privados impidió al resto circular libremente, contraviniendo así a la Constitución Nacional que taxativamente establece la libertad de tránsito. Demás está decir que el vicegobernador aludió a un principio básico cuando dijo que el derecho de uno termina cuando comienza el de los demás.

El día miércoles, el Dr. Alejandro Maldonado a cargo de la fiscalía Nº 10 recogió el guante y le solicitó al Juez de Control Ricardo Grisetti que instruya a la fuerza policial para que impida el corte o en su defecto lo desaloje. Transmitida la orden judicial por el fiscal Maldonado, quien en persona se dirigió a la comisaría con competencia, le fue negada por personal policial alegando la falta de instrucción del Jefe de Policía. Hasta aquí sólo se advierte que hubo una acción judicial desconocida por quienes debían acatarlas sin más. Lo que subyace es que quienes son los jefes naturales del jefe de policía instruyeron a este para que omita cumplir con su deber.

Bien, si el gobernador instruyó al ministro de gobierno, este al Secretario de Seguridad y este al jefe de policía para que no se cumpla con una orden judicial que la sociedad toda reclamaba y también el titular del legislativo, debe ser porque no hay una comunión de ideas entre los poderes, los tres poderes ya que dos estuvieron de acuerdo en ponerle coto a una acción (a todas luces ilegal) que no sólo se advertía como desmedida –por la cantidad de horas que duró la misma- sino que generaba violencia moral a quienes se convirtieron en verdaderas víctimas del accionar de un empresario inescrupuloso y un grupo de trabajadores que no les importó a quienes perjudicaban con tal de poner presión a quienes no debían, la sociedad toda.

La cosa fue tan burda que hasta llegó al manoseo cuando al fiscal Maldonado se le informó que la medida había sido revocada por el propio juez Grisetti. Consultado este negó haber tomado tal providencia.

Claro que la cosa no terminó allí, el fiscal Maldonado, que se sintió poco menos que humillado (cosa que se advierte fácilmente, porque lo fue), denuncio judicialmente al jefe de policía Roberto Paniagua y al Secretario de Seguridad Publica Dr. Jorge Zurueta por desacato a una orden judicial. Lo que a esta columna no le queda muy claro es si en realidad el desacato solo le es pasible a los funcionarios mencionados dado que la punta de la pirámide de mandos que es desde donde se emanan las ordenes y decisiones políticas no debieran ser los principales imputados. No es de creer que un Secretario y el Jefe policial tienen la decisión de desobedecer una orden judicial.

Con los días el Ministro Matuk salió al cruce manifestando que una orden judicial como la emanada sólo sería aplicable a actos de violencia, es decir, sólo si hay muertos o heridos (para el funcionario) o daños a la propiedad se debe acatar una orden judicial. Lo raro es que siendo abogados todos los actores de este enredo (menos el jefe de policía) Gobernador, Ministro y Secretario, no hayan tenido en cuenta el agravio (como les gusta llamar a los abogados a todo aquello que afecta la vida y el patrimonio de los ciudadanos) denunciado y por el que se emitió una orden judicial consistente en la violación de un cúmulo de derechos constitucionales que colisionaba con otro (uno) el derecho de hacer huelga. Claro que lo de transitar, comerciar libremente, etc. no tienen vericuetos y si en cambio lo de hacer huelga, que en ningún caso es sinónimo de manifestar cortando rutas ni de atropellar a una sociedad toda.

Lo que también es observable es que no todos los cortes son iguales para el oficialismo. Se podría casi asegurar que si los que realizaban el corte eran los del partido U&O ni se les hubiera ocurrido emanar tal requerimiento judicial. No, en Jujuy hay quienes violan la Constitución y los otros.

Por último y como para cerrar este tema, pero volviendo a las implicancia políticas, las que muestran en el oficialismo un evidentísimo desencuentro (una grieta) de cómo abordar una práctica que angustia a todo aquel que viva en Jujuy o venga a la provincia por turismo, negocios, trámites que interesan la salud, etc., que sólo se manifiesta en temblorosos comentarios de café, en mesas familiares o de amigos pero siempre en el anonimato y a escondidas de ojos y oídos que pudieran comprometer su seguridad física y es por ello que pareciera que a la sociedad no le pasa nada. El miedo le gana al cansancio moral de tener que convivir con situaciones que el gobierno de la provincia, el gobernador Fellner, no sabe o no se anima a resolver o, tal vez, una vez más especula políticamente a ver qué es lo que le conviene más a él y a su futuro político-electoral, cosa que parece no amalgama con los intereses del grupo gobernante, que aparentemente ya muestra desgaste. Sólo van quedando aquellos que no saben más que vivir del poder, los llamados defensores del sueldo. Los que de verdad quieren una oportunidad para la provincia, parece, están pensando y actuando de otra manera.

¡¡¡Ley de transparencia ya!!!

Jujuy al día publicó ayer domingo una nota en la que el Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva, reclama este instrumento a la provincia. Es lamentable que la provincia no tenga una Ley de transparencia, pero también lo es que no haya una ordenanza (en cada municipio) que busque el mismo fin, la transparencia.

Creemos que este debe ser aplicable a todas las instituciones de la democracia y, desde ahora, vamos a insistir periódicamente para mantener vivo y se multiplique el reclamo.

El lobo será siempre el malo del cuento, si nada más escuchamos a Caperucita.

Hugo Rubén Calvó

Director de Jujuy al día

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