Lesa humanidad en Jujuy: testigo declaró haber visto torturadas a tres detenidas desaparecidas en la cárcel

juicio lesa humanidad 09-13Jujuy al día® – El Tribunal Oral Federal de Jujuy escuchó ayer el relato de una testigo víctima de la dictadura cívico militar, quien dijo haber visto en la cárcel de la capital jujeña a tres detenidas desaparecidas devastadas por la tortura de los represores.

Mercedes Susana Salazar contó que el día que sacaron del penal a Dominga Álvarez de Scurta, Juana Francisca Torres Cabrera y María Alicia del Valle Ranzoni, ella subida en un banco, vio a un policía, y luego por los dichos de celadoras supo que era el ex comisario de enlace con el Ejército en el Área 323, Ernesto Jaig.

Salazar dijo que el período que va del 1 al 10 de junio de 1976 las víctimas fueron sacadas de la celda, a la que retornaban a la noche, destruidas por la sesiones de torturas a las que eran sometidas por Jaig, quien les había dicho que «las iba a matar».

Las tres mujeres estaban «aisladas» porque eran consideradas «peligrosas» por lo represores, subrayó el testigo.

Cuando era sacada del penal por última vez, Juana le entregó a Gladys Urtunduaga, también detenida en el penal, una cadenita de oro para que se la entregara a su hija cuando saliera de la cárcel, pero esta última no pudo hacerlo porque cuando fue trasladada desde Jujuy a Devoto, allí «se la robaron».

El testimonio de Salazar resultó valioso porque declaró que en el penal se encontraban también otras detenidas como Mirta Ibáñez, Olga Demitrópulo, Hilda Figueroa, la dirigente sindical de los maestros, Marina Vilte, también desaparecida y Eublogia Garnica, quien tiene dos hijos desaparecidos de los secuestros en Ledesma.

Con la desaparición de Dominga, Juana y Alicia, se creó un mito en el interior del Penal, ya que las celadoras no querían ingresar a la celda, porque decían que «sentían» el espíritu de las víctimas.

Salazar, había sido detenida antes del golpe militar, cuando fue a Libertador a buscar a su novio Francisco Gallardo, que estaba desaparecido, a la comisaría de Ledesma, y fue retenida por un comisario de apellido Lescano, ahora preso, quien la hizo víctima de abusos sexuales por parte de efectivos de Gendarmería, a cargo de la custodia de la empresa y con asiento al lado de la sede policial, relató.

La mujer tuvo un largo peregrinar por la comisaría de San Pedro, la antigua cárcel de mujeres del Buen Pastor, luego la cárcel de Gorriti, hasta el traslado a devoto, recordando también en las cárceles jujeñas a Soledad López, a Margarita Azize de Weis, y a su hijita apodada «Poti», quien nació en cautiverio.

Las causas que se ventilan en este juicio son las de los desaparecidos Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo Gregorio Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.

Los integrantes del grupo fueron detenidos entre el 23 y el 28 de mayo de 1976, y muertos por los represores entre el 1 y 10 de junio del mismo año. Todos eran integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP).

Salazar ya declaró en el primer juicio de lesa humanidad y en esta oportunidad ratificó el mal trato que recibían todas las detenidas, la tortura psicológica y sexual «como una práctica del aparato represivo» en manos de Antonio Orlando Vargas, interventor en el Penal, dijo el abogado de la querella Ariel Ruarte.

También son sindicados como torturadores los hermanos Carlos y Ricardo Ortiz, penitenciarios, al igual que Herminio Zárate y Mario Gutiérrez, todos imputados en este segundo juicio.

Con el testimonio de Salazar, se marca el contraste a lo que intenta la defensa de los imputados y los declarantes, de presentar a los represores de la cárcel como «empleados administrativos», que recibían ordenes de Gendarmería y el Ejército, alternativamente.

Al TOF lo integran los jueces Fátima Ruiz López, Daniel Morín, Federico Díaz y Marcelo Juárez Almaraz.

Los imputados son Antonio Orlando Vargas, oficial del Ejército que fue interventor del Servicio Penitenciario provincial, condenado en el primer juicio a 25 años de prisión, y los agentes penitenciarios Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz.

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