Jujuy al día® – El Poder Ejecutivo de la Provincia remitió a la Legislatura Provincial un de Proyecto de Ley que tiene por objeto otorgar Escrituras traslativas de dominio de lotes fiscales y viviendas a más de 40 mil familias jujeñas, en el marco de un proceso de reivindicación histórica sobre el derecho a la propiedad.
La propuesta surgió de un amplio estudio de la situación habitacional y de la búsqueda de articulación de organismos estatales para agilizar y simplificar la tramitación de rigor, mediante la modificación de normativas en vigencia.
Así lo manifestó el Secretario de Ordenamiento Territorial, doctor Guillermo Aguirre, argumentando que la medida responde a las instrucciones recibidas por el Gobernador de Jujuy, doctor Eduardo Fellner, en el marco de la creación de esta dependencia en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
El funcionario explicó que el Proyecto de Ley para la implementación del presente Plan Provincial de Regularización Dominial abarcará los inmuebles urbanos destinados a vivienda familiar adjudicados en los términos de la ley de Tierras Fiscales N° 3169/74, así como los inmuebles adjudicados, construidos, administrados y financiados por el Estado Provincial a través del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy y todo conjunto habitacional en el que dicho organismo haya actuado o actúe en el futuro como autoridad de aplicación.
Agregó que esta regularización será una respuesta definitiva para los adjudicatarios de lotes fiscales e inmuebles del IVUJ, quienes podrán obtener sus correspondientes Escrituras Públicas y proteger su propiedad para resguardo de sus familias, como proceso superador e histórico en Jujuy respecto a la consolidación del derecho de propiedad.
Aguirre expuso que la iniciativa que deberá ser analizada por el Parlamento Provincial resolverá diferentes problemáticas que aquejan a más de 40 mil familias de la provincia, tales como la falta de sentido de arraigo, la incertidumbre sobre el estado jurídico y económico de los inmuebles, la falta de seguridad ante el tráfico y especulación inmobiliaria y la imposibilidad de acceder a líneas de crédito para construcción y/o mejoramiento de viviendas.