Tiene razón la presidenta: El gobernador y sus funcionarios deben ser investigados en su patrimonio

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hugo calvo2Pareciera que las expresiones del actor Ricardo Darin respecto del patrimonio presidencial ha sido algo más que una declaración a una revista de tirada mensual. Todo indica que la manifestación de Darin más las respuesta de CFK traerá no pocas consecuencias, al menos mediáticas, a todos los gobernadores, legisladores, funcionarios e intendentes del país pues se ha desatado una especie de fiebre por querer saber cómo se compone el patrimonio de todos y cada uno. Especialmente el cómo lo han conseguido.

En este marco y tras la amarga queja de la presidenta –a la que la asiste toda la razón- cuando decía que “no debe haber patrimonio más investigado que el de los Kirchner”. A la vez que invitaba a que también investigaran los patrimonios de los demás. El diario Perfil inició esa tarea y solicitó a 17 gobernadores del país a que les envíen sus declaraciones patrimoniales. El caso fue que sólo 4 del total respondieron a la solicitud, de entre ellos el gobernador de Salta. De los 13 restantes, entre los que se encuentra el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, sólo recibieron excusas o promesas incumplidas. De entre estas últimas se encuentra la de Eduardo Fellner.

Con el disparador mencionado, el reclamo de CFK, creímos necesario iniciar una investigación para saber que pasa en Jujuy en materia de transparencia. Podemos adelantar que no pasa nada, a pesar de que hay una Ley (5153 de julio de 1999), llamada de ética pública. No pasa nada comenzando por la propia Ley ya que a pesar de que cumplirá en algunos meses más los 14 años, nunca se puso en práctica pues para que ello ocurra es necesario reglamentarla y crear una Comisión Provincial de Ética Pública, cuya misión está encomendada, por la Constitución, al Ejecutivo provincial. Lo curioso es que la Ley fue promulgada por el propio gobernador Fellner pues en ese momento, el presidente de la Legislatura era Rubén Daza, su vicegobernador.

A estas alturas la Ley ha quedado obsoleta pues dentro del cuerpo de la misma hay conceptos expresados en pesos que ya no tienen asidero. Por ejemplo el artículo 6, en el que se particularizan los bienes sujeto de declaración. El Inciso c determina que: “Otros bienes muebles, determinado su valor en conjunto. En el caso que uno de ellos supere la suma de pesos cinco mil ($5.000) deberá ser particularmente individualizado”.

Hoy los legisladores, y porque no también el gobernador, tienen la misión de rehacer la Ley, adaptarla a la Ley Nacional Anticorrupción (25188), particularmente en los artículos 10 y 11 en los que se determina la accesibilidad a la declaración jurada de quien la requiera, especialmente a los medios de comunicación para informar al público en general, es decir que se promueve el acceso público a fin de lograr absoluta transparencia. Podríamos lograr aún más transparencia si las declaraciones juradas fueran publicadas en el sitio web del organismo de aplicación de la Ley de Ética.

Sabemos que hay algunos proyectos presentados para que se reglamente la Ley y se cree la Comisión, el tema es que eso ya no alcanza, hoy es necesario modificarla, hacerla más democrática.

Lamentablemente, como esta Ley no está en funcionando, no está operativa, investigar el patrimonio del gobernador y los funcionarios -para comenzar una ardua tarea- debimos recurrir a otros mecanismos (volvemos a aclarar que esta es una inquietud presidencial), los que hasta ahora nos han dado algunos resultados bastante interesantes pues no es posible eludir el conocimiento que algunos testigos tienen , los que están más que deseosos de comentar y hasta de arrimar alguna documentación.

En Jujuy, una provincia chica, más o menos todos nos conocemos y mucho más aquellos que son hombres y mujeres públicos. La memoria no debe ser tan lejana como para acordarnos que tal o cual hace 10 o 15 años no tenían ninguna posibilidad de acceder a una situación patrimonial tal que permita contabilizar inmuebles por docenas, en Jujuy y Salta y en algunos países limítrofes. Ni que hablar de construir hoteles en zonas hiperturisticas de Salta, estaciones de servicio en distintas localidades de Jujuy, explotaciones de soja en nuestra provincia y Santiago del Estero y un sinnúmero de vehículos de alta gama, entre otros bienes patrimoniales que seguramente estarán debidamente declarados según la desinflada Ley 5153. El tema es que como no se conoce la declaración jurada de ninguno de los funcionarios, no podemos contrastar documentación obtenida del Registro Público de Comercio, de Inmuebles de distintos distritos y mucho menos de quienes no son funcionarios, pero prestan nombres. He ahí un claro ejemplo de porqué es necesario que, al igual que en la provincia de Buenos Aires, el vicegobernador de Jujuy promueva una nueva Ley de ética pública.

Lamentablemente nos tendremos que tomar un tiempo más para contrastar información que permita decirle a nuestra presidenta, hemos cumplido con su requerimiento, en Jujuy los corruptos son tal o cual o, manifestarle que, en Jujuy son todos buenos.

Octavio Paz sostenía que, la pasividad está incorporada en la cultura del latinoamericano típico como elemento intemporal, impermeable a ciertos actos externos que aparezcan más allá de las propias manos.

Como sostenemos nosotros, la pasividad incorporada en la cultura decae ante un escándalo producido por un hecho de corrupción. ¿Cuando la «corrupción» genera «escándalo»? Cuando, puesta a la luz pública por los medios, compromete un valor y una ética; es decir, cuando conmueve la opinión colectiva.

Lic. Hugo Rubén Calvó

Director de Jujuy al día