Jujuy al día® – La investigación judicial de los hechos acaecidos en la ciudad de Humahuaca el pasado miércoles 5 del corriente mes, se tramita en dos expedientes a cargo del Agente Fiscal de Investigación Nº 6 Dr. Gustavo Alfonso Araya .
En el primero de ellos se encuentran imputados tres hombres mayores de edad, como supuestos autores del delito de Homicidio, los cuales se encuentran privados de libertad y alojados en el Servicio Penitenciario provincial.
Se trata de Marcos Guerra, Miguel Ángel Guerra y Moisés Lavallén representados legalmente por la Dra. Sara Cabezas quién solicitó la realización de una ampliación declaratoria como imputado para sus defendidos, la cual fue fijada para el próximo martes 25, y como lo adelantara JUJUY AL DÍA®.
En esta causa el Dr. Luciano Rivas se constituyó como querellante en representación de la familia de Luis Condorí, víctima fatal de los graves hechos investigados.
Asimismo la Fiscalía ordenó la realización de numerosas pruebas periciales, entre ellas balísticas y de laboratorio, y ha resuelto la citación de varias personas a prestar declaración testimonial.
Paralelamente se tramita, en otro expediente, la investigación de los delitos de Tentativa de Usurpación, Robo en banda, Daños y Abuso de arma de fuego. Por el primero de los hechos fueron imputadas más de 40 personas, en tanto por los otros tres hechos, hasta el momento, la imputación es contra personas a establecer.
En este expediente, se han constituido como querellantes el Dr. Rodrigo Teglia, en representación de la señora Lidia Urbina y el Fiscal de Estado Dr. Alberto Matuk.
¿No pretenderá el Gobierno ocultar su responsabilidad ante el hecho acaecido bajo la figura de querellante?. Recordemos que hace poco, y ante el «estrago doloso» acontecido en la Estación de Once, el Gobierno Nacional tambien quizo ocultar su reponsabilidad solicitando ser tomado como querellante en esa causa judicial, pero su intento fue frenado por la exacta interpretación del Juez y del Fiscal que dice que donde interviene omisión o desatención de funcionarios gubernamentales no puede aceptarse esa figura. ¿Es ajeno el Gobierno de la Provincia, o alguno de sus funcionarios, de los sucesos de Humahuaca? Estimo que no pues la prevención y contralor de estas pseudo organizaciones sociales debe correr por cuenta de la autoridad máxima provincial y la reiteración de sucesos de esta índole marca a las claras una inacción en ese sentido. Por lo tanto, y tomando en cuenta la decisión del Juez que atiende el caso de Once, cabría aquí realizar igual inhibición de la condición de querellante del Gobierno de la Provincia.