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    Morales sostuvo que aun que el gobierno le quite la concesión a TBA, “no pierden responsabilidad por la tragedia de Once”

    editor25 mayo, 2012No hay comentarios4 Mins Read
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    Jujuy al día® – “El gobierno reacciona tarde con una empresa que debería haber dejado de operar hace, por lo menos, 5 años”, afirmó el vicepresidente del Senado, Gerardo Morales al conocer la decisión del Poder Ejecutivo de quitar la concesión a TBA SA por los ferrocarriles Sarmiento y Mitre.

    “Que no crea Julio De Vido, quien tiene un escandaloso vínculo con los hermanos Cirigliano, dueños de TBA, que quitarle la concesión los exime de responsabilidad. El gobierno debe seguir contra la garantía, ya que la empresa deberá pagar por los daños y perjuicios ocasionados en la tragedia de Once”, agregó Morales.

    El senador jujeño insistió, también, con la responsabilidad del titular de Planificación Federal en el deplorable estado del sistema ferroviario en general, y en particular los servicios operados por TBA. “Hemos ampliado la denuncia penal contra el ministro De Vido apoyados en pruebas contundentes”, aseguró el radical quien el pasado martes 22 de mayo, junto a Mario Barletta, Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenoff, solicitó ante la jueza María Servini de Cubría, que se investigue la participación y responsabilidad del ministro, “como consecuencia de la gravedad de la falta de acción ante el conocimiento de los incumplimientos reiterados de la concesionaria TBA SA y que desembocaron en el lamentable accidente del 22 de febrero pasado”, dice, al respecto, el escrito judicial.

    Con nuevas pruebas contra los funcionarios responsables de controlar la concesión del ferrocarril Sarmiento surgidas en los informes de auditoría producidos en la Auditoría General de la Nación desde 2008 y del informe del Jefe de Gabinete de Ministros ante la requisitoria por su presencia en el Congreso Nacional, el presidente del Comité Nacional de la UCR, los presidentes de los Bloques legislativos y el senador Morales, presentaron documentación ante el Juzgado Nº1, Secretaría Nº 2, donde tramita la primera denuncia penal contra el ministro De Vido por incumplimiento de sus deberes; administración fraudulenta; defraudación en perjuicio de la administración pública y piden que se investigue su responsabilidad por la tragedia, del 8 de marzo pasado.

    Entre las principales irregularidades detectadas se destaca el incumplimiento por parte de TBA de la obligación de presentar en tiempo y forma los informes bimestrales de planes de mantenimiento y obra, la omisión de presentar el plan de mantenimiento anual del material rodante y de desarrollar las tareas de mantenimiento necesarias, la ausencia de respuestas técnicas a las deficiencias constatadas y la pasividad de la CNRT frente a la situación.

    Los denunciantes rescatan que la comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, el día 30 de octubre de 2008, aprobó un proyecto de resolución que requirió informes al PEN sobre las medidas adoptadas para subsanar las falencias y determinar las responsabilidades correspondientes, que fue contestado mediante la nota JGM Nº 40 del 14 de julio del 2011, por el entonces Jefe de Gabinete de Ministros, actual senador nacional, Aníbal Fernández.

    En su contestación, el JGM confirmó lo denunciado por la AGN, al afirmar que TBA incurría en faltas graves, dado que había incumplido la obligación de presentar los planes de mantenimiento, que surgía de los contratos de concesión, y sólo había desarrollado las tareas de mantenimiento requeridas sobre los coches eléctricos.

    El PEN admitió, además, que en materia de vías y obras, TBA no cubría las necesidades para evitar que el sistema se degrade sostenidamente, que los coches eléctricos y remolcados y las locomotoras tuvieran programadas menos reparaciones de las necesarias en función de su kilometraje y que los coches motores livianos directamente no tuvieran programadas reparaciones. Además que la empresa registraba el grado más alto de incumplimientos en comparación con el resto de las concesiones ferroviaria, y, presentando estructuras notoriamente deficitarias en cuanto al mantenimiento general de los bienes dados en concesión, incumplía notoriamente las exigencias contractuales, en particular respecto de los ramales con tracción diesel (no electrificados), y no contaba con los medios humanos y materiales necesarios.

     

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