Jujuy al día® – El Director Provincial de Rentas, CPN Aldo Ferrari, brindó un amplio informe sobre las acciones desarrolladas en el primer operativo de control y verificación fiscal llevado a cabo por personal del Organismo y que fue implementado durante el mes de enero último.
En primer término el funcionario señaló que una de las funciones esenciales de la DPR es la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias provinciales, tarea que se lleva a cabo a través del Departamento Fiscalización, área interna que cuenta con una dotación de inspectores habilitados y capacitados para tal fin.
En ese sentido, durante el mes de enero se concretó un importante operativo en las localidades de Tilcara y Purmamarca, diseccionado a contribuyentes previamente seleccionados mediante tareas de inteligencia fiscal, cruce de datos informáticos e información procedente de relevamientos anteriores, priorizándose en la oportunidad los sectores de bajo cumplimiento tributario en períodos anteriores, contribuyentes que no declararon mejoras en propiedades inmobiliarias y comerciantes que desarrollan actividades económicas en la informalidad.
Como un aspecto destacado, comentó que es la primera vez que los inspectores actuantes pudieron disponer del uso de elementos tecnológicos tales como cámaras digitales, scanners y computadoras portátiles. Esto, dijo, conforma un gran avance en la materia, ya que entre otras ventajas, permite a los agentes contar con información en línea al momento de constatar la visita al contribuyente, lo que permite una evaluación integral del mismo, acelerando el procedimiento de contralor.
Por tal motivo, labraron veintidós Actas de inicio del procedimiento para aplicar sanción de Clausura (Art. 61ª Bis del Código Fiscal y Resolución General Nº 1265/11).
Ferrari destacó la colaboración y el trabajo conjunto con la Dirección de Transporte de la Provincia que actuó en tareas de apoyo y movilidad y manifestó la decisión del Gobierno provincial de trabajar coordinadamente entre las distintas áreas gubernamentales en beneficio del interés público.
Luego resaltó que el comercio informal lesiona los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias, además de atentar contra el desarrollo del mercado formalmente establecido y que por ello resulta necesario concientizar sobre la importancia del control social solidario que cada uno de los habitantes puede realizar al momento de efectuar una compra o contratar un servicio.
Por último, el titular del organismo recaudador dijo que optando por el comercio formal, contribuimos a una mejor recaudación de impuestos que representan la única fuente genuina de ingresos económicos para que el Estado pueda procurar una distribución más eficiente y equitativa a toda la sociedad.