Campaña por la dignidad de los jubilados

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Jujuy al día® – Diputados y senadores de la oposición presentaron dos iniciativas para los jubilados: la convocatoria a consulta popular vinculante para establecer el haber previsional mínimo al 82% móvil  y la recomposición del resto de las jubilaciones de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Suprema en el llamado caso Badaro.

El miércoles último, 9 de febrero, en conferencia de prensa en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta, los titulares de los Bloques de Senadores Radical, Gerardo Morales; Socialista, Ruben Giustinianti; y de la CC, María Eugenia Estenssoro, acompañados por las senadoras Norma Morandini (PN/Córdoba) y Adriana Bortolozzi (EF/Formosa) y los legisladores radicales Alfredo Martínez; Juan Carlos Marino, Emilio Rached; Mario Cimadevilla; Laura Montero; Ramón Mestre y Eugenio “Nito” Artaza; junto a los jefes de los Bloques de Diputados Radical, Ricardo Gil Lavedra; Socialista, Lisandro Viale; del GEN, Margarita Stolbizer, junto a los legisladores Roy Cortina; Horacio Alcuaz; y Miguel Barrios, presentaron la campaña por la Dignidad de los Jubilados donde las dos iniciativas serán la prioridad legislativa del año.

Una ley que llevaba la mínima de las jubilaciones al 82% del salario básico, fue aprobada el año pasado por ambas cámaras del Congreso, y vetada 24 horas más tarde por la presidenta Cristina Fernández. “Estamos presentando un proyecto de recomposición de haberes en el Senado, y a la vez una propuesta de Iniciativa Popular en Diputados. Pero, también, estamos iniciando una campaña de concientización y debate profundo sobre la viabilidad en el financiamiento del 82% móvil para las jubilaciones mínimas, según el salario mínimo vital y móvil”, inició el encuentro Gerardo Morales (UCR/Jujuy) quien remarcó la necesidad de que “todos los actores políticos, trabajadores, jubilados y los ciudadanos en su conjunto conozcan las posibilidades de afrontar esta decisión”.

Por su parte, Rubén Giustiniani (PS/Santa Fe) dijo que “el tema de los jubilados es un tema de la ciudadanía y esta es la mejor forma de expresarlo” en relación a la iniciativa popular establecida por el artículo 40 de la Constitución nacional y reglamentada por la Ley 24.747. “Vamos por un piso de dignidad para los jubilados”, resaltó e instó a los poderes del Estado a cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia en el caso Badaro para la recomposición salarial, explicando la iniciativa de la que es coautor junto a los radicales Morales, Cimadevilla, Rached, Mestre y Verani, la cordobesa Morandini y la cívica Estenssoro.

María Eugenia Estenssoro (CC/Capital) a su turno apuntó que “la sociedad ha logrado revertir un veto” en relación con la ley de Glaciares, “por lo que –destacó- en este tema, por ser también estratégico, vamos a revertir el veto presidencial”. “No puede seguir existiendo una ANSES rica con jubilados pobres”, enfatizó quien aseguró que “no hay justificación para no atender el reclamo en todo el país de ciudadanos de todas la edades, no solo mayores”.

“El instrumento está en la Constitución nacional”, advirtió Norma Morandini (PN/Córdoba) en referencia a la consulta popular a la que calificó de “un instrumento nuevo de una nueva cultura política al que debe recurrirse cuando falta diálogo entre los poderes”.

El presidente de la bancada radical de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que “todo veto supone un conflicto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. El año pasado ambas Cámaras legislativas manifestaron su voluntad de que los haberes mínimos de los jubilados sean del 82% del salario mínimo vital y móvil, sin embargo el gobierno vetó la norma”. “Vamos, en este nuevo periodo legislativo, a convocar a todas las fuerzas de la oposición, incluso al PRO y al Proyecto Sur, para convertir en ley la Consulta Popular y tomar así la expresión del pueblo”, adelantó.

Margarita Stolbizer (GEN/Buenos Aires), avanzó un paso más: “no es casual nuestra presencia hoy acá, ya que implica el compromiso político, electoral y de gestión gubernamental, de aplicar el 82% móvil a las jubilaciones cuando seamos gobierno”. “Frente a un gobierno que ha decidido usar los recursos de los jubilados en cualquier otra cosa, que no son las jubilaciones, desde ya nos comprometemos a que cuando seamos gobierno implementaremos el mecanismo de actualización de los haberes”, dijo.

Por su parte, Leando Viale (PS/Entre Ríos) destacó que “no hay mas excusas para no aplicar la movilidad. Los fondos que maneja la ANSES son suficientes”.

La peronista formoseña, Adriana Bortolozzi, remarcó que “esta es la oportunidad de ir mas arriba de las grandes pasiones políticas y trabajar por los jubilados y un derecho humano básico, la vida”.

Eugenio “Nito” Artaza (UCR/Corrientes), agregó que “los jubilados deben ser la prioridad” y explicó que son 400.000 las causas que tramitan en la justicia y que la ANSES “se obstina en apelar, aún cuando esto va en contra de la ley”.

RECOMPOSICION DE HABERES

Con el objeto de establecer la recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial, los senadores de la oposición presentaron un proyecto de ley, en conferencia de prensa en el Salón Illia del Senado, esta tarde, miércoles 9 de febrero.

La iniciativa pretende “cumplir con el principio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y garantizar una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de la pasividad y las remuneraciones de los trabajadores en actividad”.

“Con la sanción de la Ley 26.417, de Octubre de 2008, se estableció una movilidad automática (aunque insuficiente) de los haberes previsionales en función de la evolución del salario y de la recaudación del sistema provisional. Sin embargo, dicha norma no resolvió dos problemas centrales”, explican en los fundamentos. “En primer lugar, la desconexión entre el haber previsional mínimo y el salario mínimo, y en segundo lugar, la pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante todo el período posterior a la crisis de 2001 y hasta 2008 para la aplicación del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009” , enumeraron.

La ANSES será la autoridad de aplicación y, además, el organismo que establecerá los mecanismos administrativos correspondientes para la implementación, según la propuesta que también contempla un procedimiento específico. “La recomposición de los haberes previsionales se realizará comparando la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), informada por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la evolución de los haberes efectivamente recibidos por los beneficiarios, entre diciembre de 2001 (o la fecha de alta del beneficio, si fuera posterior) y diciembre de 2007” , instruye y agrega: “para los beneficiarios que hubieran comenzado a percibir beneficios previsionales antes de enero de 2002, se comparará la evolución efectiva de sus haberes entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007, con la evolución del RIPTE cuyos valores se presentan en la Tabla Anexa ”.

“El monto adicional que corresponderá obtener a cada beneficiario a través de esta recomposición surgirá de la diferencia entre la variación del RIPTE y la variación del haber percibido en el período de referencia”, explica en otro artículo el proyecto donde se establece que “el monto de la recomposición, calculado a diciembre de 2007, será actualizado con los índices de movilidad aplicados desde la sanción de la Ley 26.417, y se adicionará como parte integral del haber actualmente vigente”.

“Entre 2002 y 2007, los haberes previsionales medios (jubilaciones y pensiones) perdieron 35 puntos porcentuales de incremento respecto de los salarios. Mientras que el haber medio en 2002 equivalía a 40% el salario medio de los trabajadores registrados, a mediados de 2007 equivalía a sólo 33,6% del mismo salario. Es decir, los salarios del período aumentaron más que los haberes previsionales y la diferencia se reflejó en una caída del nivel de vida relativo del sector pasivo respecto del resto de la población”, explican los autores para quienes, la norma propuesta viene a subsanar esta situación “actualizando los haberes previsionales en función de la evolución de los salarios durante el período que no será considerado por la movilidad de la ley 26.417”.

CONSULTA POPULAR VINCULANTE

El proyecto de  consulta popular vinculante, fue ingresado por los diputados de la oposición. Establece la obligatoriedad de su cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, ya que la legislación aprobada en 2001 expresa que el gobierno no tiene facultades para vetar una iniciativa avalada a través del mecanismo de consulta popular vinculante.

La consulta popular tendría lugar el último domingo del mes subsiguiente al de la sanción de la ley, mientras que se imprimirán y se dispondrán en el cuarto oscuro dos boletas,  a saber: la primer boleta deberá llevar la siguiente inscripción: «SI, APRUEBO LA LEY QUE ESTABLECE EL HABER MINIMO JUBILATORIO GARANTIZADO EN 82% DEL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL FIJADO PARA LOS TRABAJADORES ACTIVOS»; y la segunda boleta deberá llevar la siguiente inscripción: «NO APRUEBO LA LEY QUE ESTABLECE EL HABER MINIMO JUBILATORIO GARANTIZADO EN 82% DEL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL FIJADO PARA LOS TRABAJADORES ACTIVOS».

La consulta popular vinculante convocada se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 40 de la Constitución Nacional , la ley reglamentaria de la

Consulta Popular Nº 25.432 y subsidiariamente de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.945 (Código Nacional Electoral) y sus modificatorias. La justicia Electoral Nacional será competente en todo lo relativo a la consulta popular.

La iniciativa, suscripta por los diputados socialistas Lisandro Viale, Miguel Barros, Roy Cortina,  Monica Fein, Alicia Ciciliani y Ricardo Cuccovillo, junto a la titular del GEN, Margarita Stolbizer y los radicales Ricardo Gil Lavedra, Miguel Giubergia; Sandra Rioboo; Juan Casañas; Silvana Giudici y Gustavo Serebrinsky, deberá ser analizado primero por la Cámara de Diputados, según lo establece la ley 25.432, la que fija además que los resultados se considerarán válidos sólo en el caso de que “los votantes hayan superado el 35% del padrón electoral nacional”.

La norma señala además que cuando un proyecto obtenga la mayoría de votos válidos afirmativos, se convertirá automáticamente en ley, la que deberá ser publicada en el Boletín Oficial dentro de los diez días hábiles posteriores a la proclamación del resultado del comicio por la autoridad electoral”.

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