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Desde el INADI Jujuy afirman que muchos de los derechos de las personas discapacitadas no se están respetando en la provincia

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image Betina Demattei: “esos derechos, cuando llegan a las provincias y a las localidades, se van restringiendo”

Jujuy al día – Nuestro medio entrevistó en exclusiva a la delegada en Jujuy del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), Betina Demattei, quien realizó un análisis de lo efectuado por la entidad durante el año 2008, destacando que hay muchos derechos de las personas discapacitadas que no se están respetando en nuestra provincia, a pesar de las leyes en vigencia.

Demattei afirmó que “la verdad es que hemos tenido muy buena acogida del organismo, por parte de la gente, que lo ve no solo como un lugar de denuncia sino como una instancia de pedir ayuda y de trabajar en equipo, por algunas cuestiones que todavía se está en deuda, desde el Estado a la sociedad. Entonces estamos tratando de trabajar cada temática, por los derechos individuales y en forma colectiva, para ir de a poco modificando esta cuestión de la discriminación”.

En cuanto a la defensa de los derechos de las personas discapacitadas, “durante el principio del mes de junio hicimos una capacitación, con gente del área de legales del INADI nacional, y nos daba cuenta un poco que el tema de la discapacidad es uno de los hechos discriminatorios más denunciados a nivel país. Por lo cual el tema de la discapacidad es un problema, que se transforma en una necesidad, y una necesidad jurídica que nosotros llamamos insatisfecha”.

En este sentido, “las personas con discapacidad en la Argentina tienen garantizados sus derechos por las leyes, prácticamente estamos a nivel internacional en muy buen lugar, sin embargo esto no se condice con el ejercicio del derecho. Entonces esos derechos, cuando llegan a las provincias y a las localidades, se van restringiendo”.

Por ejemplo, “si se tiene derecho a una obra social, le hacen hacer tantos trámites burocráticos que la persona en general no la utiliza y termina utilizando un servicio del hospital, con lo cual la persona no tiene la atención especializada que necesita por su discapacidad. Después tenemos a lo mejor alguna asimetría en las instituciones que prestan servicios”.

A esto agregó que “yo estuve en Buenos Aires hace 10 días, y la gente de la CONADI me dice que cada municipio podría tener 150.000 pesos para mejorar la situación de infraestructura con respecto a accesibilidad. Eso requiere que firmen un convenio, la provincia todavía no lo ha firmado, tengo entendido que están en mira de firmarlo el próximo mes, y han firmado 4 municipios”.

Sin embargo, “hay pocos profesionales formados, entonces lo que estamos viendo es de poder trabajar con los colegios que tienen que ver con la construcción, para poder hacerlo más accesible y de esta forma incidir en que haya más municipios que hayan firmado el convenio de accesibilidad”.

Otro de los puntos a resolver es “el tema del transporte: desde hace varios meses vemos que se trabaja todo el tema de la tarifa, de la contratación, y yo no he podido acceder todavía a los pliegos que tienen las empresas, con respecto al cumplimiento de la rampa. También hay un organismo, que es el Instituto Provincial de Rehabilitación, que desde hace dos años otorga el certificado único de discapacidad”.

El problema es que “ese organismo está en San Salvador de Jujuy y muchas de las personas del interior no pueden acceder, porque significa pagar un pasaje, a lo mejor un día de estadía. Esto se soluciona a veces con que el servicio de rehabilitación se traslada a algunas localidades, pero en eso también influye mucho las gestiones de los intendentes y comisionados municipales”.

En lo que hace al pase libre para el transporte público, “nosotros estamos a favor del pase libre, pero no que se lo trabaje como si fuera un sistema de abonos, como hacen con los chicos que están en la escuela. Debería ser más accesible, porque sino el derecho al pase libre se restringe muchísimo, y en San Salvador se le restringe aún más cuando dicen que tienen que ser indigentes”.

Por lo tanto, “estamos apuntando a que eso se modifique, que esa categoría de indigente no se la incluya, porque no tiene ningún asidero”.

En relación a las personas que nacen con alguna discapacidad y no se las quiere incluir, “eso es una discriminación, hay que presentar en el acto un amparo por la vía judicial. Nosotros podemos brindar asesoramiento pero no a lo mejor litigar, con lo cual hay que intentar trabajar con las defensorías”.

Respecto a la reunión mantenida con el Juez Zaffaroni, “estuvimos formándonos en lo que es acceso a la justicia, y lo que vemos es que no estamos concientizados de que también es un derecho acceder a la justicia. El poder que nos ha dado tener un título de abogados no nos habilita para hacer de la profesión una elite, y tenemos que hacerla algo más accesible a la gente: crear servicios de justicia más cerca de la casa de la gente”.

En otros temas, relativo a la aplicación en la provincia de la Ley Nacional de Trata de Personas, “nosotros somos parte de la red de instituciones, de hecho nuestro 0800-999-2345 sigue figurando como el teléfono gratuito para hacer denuncias. Pero todo lo que tenga que ver ya con el tratamiento del poder de policía, lo que se está trabajando desde el Ministerio de Justicia, ya hay un coordinador del programa para trabajar en lo que es la sensibilización, la capacitación, la formación, etc”.

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