Imputan al presidente del Colegio de Abogados de Jujuy y a miembros del Tribunal de Ética Por una sanción aplicada al Comisionado de Yala

Jujuy al día® – El Concejo Comunal de Yala hizo lugar a la cuestión de privilegio planteada por su Presidente, Santiago Tizón, y formó causa contra los miembros del Colegio de Abogados que intervinieron en la sanción al actual comisionado de Yala.

Según señalaron a través de un comunicado de prensa, por la Resolución Nº 12/18 C.C.Y. se imputó a Fernando Zurueta, Silvia A Gonzalez, Miguel A. Ase, Gustavo E. Fiad, Angel A Lamas y Amalia B. Pigino en calidad de Presidente y miembros del Tribunal de Ética como supuestos autores de haber violado el Artículo 108 Inc. 1 y 186 de la Constitución Provincial.

El hecho se origina a raíz de la decisión del Colegio de Abogados de aplicar una multa de $24.000 al Presidente de la Comisión Municipal de Yala, Santiago Tizón, por sus expresiones en ejercicio de la función pública al decirle “corrupto” al cuestionado ex comisionado de esa localidad, Facundo Vargas Duran, a través de Facebook.

Ante esto, los autores del mismo podrían recibir hasta 30 días de arresto como lo dispone la Constitución Provincial en el Art. 108 Inc. 4 (aplicable por el Art. 186).

La Vocal Onder señaló al respecto que “no hace falta ser abogado para entender que no pueden sancionar a un Vocal electo por el pueblo por sus opiniones políticas, por ello tenemos que avanzar con la cuestión de privilegio formulada”.

En tanto, el Presidente del Concejo, Santiago Tizón, dijo “el cuerpo deliberativo hizo lugar a la formación de la cuestión de privilegio, ahora se notificó a los imputados para que ejerzan su derecho de defensa. El hecho atribuido es muy grave, por ello activamos los mecanismos institucionales correspondientes.”

En el comunicado, resaltan que el único caso que se recuerda en nuestra provincia de una cuestión de privilegio que se lleve adelante, fue en el año 1988 cuando quien era Secretario General de la Gobernación el Sr. Ruperto Gil fue sancionado con 10 días de arresto por haber atentado contra los privilegios de la Legislatura de la Provincia.

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