Se celebró un convenio entre el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público de la Defensa Civil Cooperación y capacitación sobre protocolos de actuación para la implementación de la ley de Salud Mental

Jujuy al día® – En la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, se llevó a cabo en el transcurso de la mañana de hoy, la firma del “Convenio de Cooperación y Capacitación sobre Protocolos de Actuación para la Implementación de la Ley de Salud Mental”.

Las partes que lo celebraron son, el Superior Tribunal de Justicia, a través de su presidente, Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone; el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, representado por el Ministro, Dr. Gustavo Bouhid y el Ministerio Público de la Defensa Civil, mediante su Defensora General, Dra. Susana Traillou.

El convenio tiene el fin de brindar capacitación sobre los aspectos jurídicos de la Ley Nº 26657/10 de Salud Mental a los prestadores del Servicio de Salud, con el objeto de optimizar las capacidades operativas de ambos Ministerios y articular Protocolos de Actuación en interés de los usuarios del Sistema de Salud Mental.

Tal cometido, se realizará conforme al proyecto presentado por la Directora de Capacitación del Ministerio Público de la Defensa Civil, Dra. María Julia Garay; quién, junto al Secretario de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, Lic. José Manzur; estarán a cargo de la coordinación institucional del mismo.

Entre los objetivos del mencionado proyecto están los de proporcionar orientación e información sobre los aspectos jurídico-operativos de la Ley de Salud Mental a los operadores de los Centro de Atención Primaria de Salud – CAPS; efectivizar parte del proceso de la construcción social de la salud mental y su aplicación práctica; favorecer estrategias de buenas prácticas en la atención integral de la misma y la oportuna derivación a las instituciones adecuadas; y establecer un Protocolo de Actuación, en los casos de internaciones involuntarias, procurando optimizar la prestación del servicio de justicia, y/o la derivación a las instituciones adecuadas conforme a los requerimientos.

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