Giacoppo impulsa la prórroga para de la Ley de suspensión de desalojos a indígenas Para avanzar en la regularización

Jujuy al día® – La senadora nacional y candidata por el Frente Jujeño Cambiemos, Silvia Giacoppo, señaló la necesidad de impulsar la prórroga de la Ley 26160. Dicha norma (aprobada en 2006 y prorrogada hasta el corriente año con el apoyo del entonces senador Gerardo Morales) declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y suspendió los desalojos. Señaló además que debe avanzarse en la regularización de los dominios de dichas tierras.

“Es necesario que el Congreso Nacional dé tratamiento urgente a la prórroga de la Ley 26160 ya que la misma estará vigente hasta este año (2017) y no se ha avanzado desde la sanción de la ley, con la necesaria celeridad, en la regularización de los dominios de las tierras de las comunidades. Esta norma es, sin dudas, un acto de estricta justicia y reparación histórica para los pueblos originarios de nuestro país, pero diferentes incumplimientos estatales retrasaron el ejercicio efectivo del derecho a las tierras de las comunidades”, destacó Giacoppo.

Así se desprende de una auditoría llevada a cabo por la AGN (durante el período 2010/2015) que analiza el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y que recomienda la prórroga de esta norma.  El informe también alerta sobre el alto nivel de incumplimiento de todas las metas previstas por la ley.

El Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas ya relevó 160 Comunidades en diferentes localidades de la Provincia de Jujuy. Cabe recordar que este año se llevó a cabo una firma de convenio para la ejecución de dicha ley (Nro. 26.160) entre la Secretaría de Pueblos Indígenas (creada por el actual Gobierno de Jujuy) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Nación) con el fin de realizar un relevamiento territorial de las comunidades indígenas para luego entregarles sus escrituras.

“Es prioridad del Gobernador Gerardo Morales seguir avanzando para terminar con el programa de restitución de tierras en Jujuy, hecho que permitirá el desarrollo de las comunidades”, señaló Giacoppo y agregó que “nuestro gobierno viene a saldar la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas. Será, por fin,  un reconocimiento a su presencia histórica”.

“En nuestra provincia, el parque de energía solar está ubicado en Cauchari sobre 13.500 hectáreas de tierras indígenas que habilita la  explotación  a través de la actual ley provincial N° 5915 (sobre usufructo), para lo cual se han realizado las consultas previas a la comunidad indígena y se previó que las mismas brinden servicios y trabajen allí, con participación en las ganancias que obtenga el parque solar”, destacó la senadora.

Hace escasos días se ha otorgado personería jurídica a las cooperativas de trabajo de varios integrantes de las comunidades a fin de beneficiarse también con la prestación de servicios al proyecto de inversión. Estas acciones incorporan a las diez comunidades del Pueblo Atacama, más allá de los principales interesados en el proyecto, que es la comunidad de Tuzgle de Puesto Sey.

“A raíz de este acuerdo, comenzó la utilización política de algunos sectores -ya que un grupo minoritario de las comunidades no suscribió el acuerdo- tratando de enfrentar a las comunidades con el gobierno. Pero esta ley, (autoría de Gerardo Morales) fue fruto de un gran trabajo conjunto y de allí surgió el acuerdo. Para reafirmar esto que digo, el Defensor del Pueblo de la Nación , ante una consulta de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, afirmó que la ley preserva los derechos de las comunidades.”, añadió.

“El Gobierno de Jujuy tiene el compromiso ineludible de aplicar políticas que tiendan a la ampliación de  derechos para todos los jujeños y la fuerte convicción de trabajar codo a codo con las comunidades. La restitución de tierras y el relevamiento necesario para luego otorgarles las escrituras van en ese sentido pero también prevé la consulta previa sobre los temas de su interés, representando un gran avance en el deber ser de las leyes protectorias de los pueblos indígenas”, concluyó Giacoppo.

SOBRE LA LEY

La Ley , sancionada en el año 2006,  declara -en todo el territorio nacional y por el término de cuatro (4) años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, organismo provincial competente, o aquellas preexistentes y suspende por el término de la duración de la emergencia declarada, el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas. La norma fue prorrogada en dos oportunidades y la última prórroga vence este año.