Jujuy dice la verdad

Jujuy al día® – El jueves pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar mediante la que solicita al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala” y emplee “medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien (…) la fiscalización electrónica”.

La prisión domiciliaria constituye una modalidad de arresto que se adopta en aquellos casos en los que, por determinadas circunstancias, la detención en cárceles comunes puede tornarse excesiva, riesgosa o inútilmente gravosa. En este sentido, no implica la ilegitimidad de la prisión en sí misma, sino que ofrece una solución alternativa a la detención en un establecimiento penitenciario común.

La decisión de la CIDH resulta muy significativa en el contexto de la campaña de descrédito que el kirchnerismo viene llevando a cabo contra Jujuy. Mientras los sectores ligados al gobierno anterior caracterizan a Sala como una “presa política”, apostando a la desinformación y tildando de ilegítima la detención de esta dirigente, la CIDH se limita a solicitar que se adopten modalidades de arresto alternativas. Vale decir: no pide el cese de la detención en sí, sino sólo que cambie su modalidad.

La CIDH guarda un silencio muy expresivo, en la parte dispositiva de su medida cautelar, respecto del cese de la detención que pesa sobre Sala. Esto demuestra que las operaciones de prensa digitadas desde la gestión anterior carecen de sustento: constituyen ataques mal intencionados que no se condicen con las decisiones concretas y operativas de la CIDH en el caso. Es un contrasentido jurídico y lógico sostener que esta medida, que solicita la concesión de la prisión domiciliara a Sala, puede al mismo tiempo ordenar su “inmediata liberación”.

Aun así, los alfiles mediáticos del kirchnerismo han insistido con la fábula de Sala como una presa política. Esta narración quedaría “ratificada” por la medida cautelar según el periodista Horacio Verbitsky[1], director del CELS y un hombre cuestionado (entre otras cosas) por sus presuntas vinculaciones con la Fuerza Aérea durante la última dictadura militar. Sin embargo, la CIDH señala en forma explícita que no le corresponde valorar, en esta oportunidad, “la existencia o no de una criminalización del liderazgo social y político de la señora Sala” (punto 44).

En el mismo apartado, la CIDH descarta cualquier consideración respecto a la libertad de la dirigente o al cumplimiento del debido proceso en su caso. La referencia posterior a la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU es excluida en forma expresa del objeto de esta medida (puntos 46 y 59). Todo ello demuestra que la manipulación mediática promovida por los medios y referentes del gobierno anterior es grosera y evidente.

El Gobierno de Jujuy ha demostrado una reiterada vocación de transparencia a lo largo de este proceso al invitar a todos los organismos pertinentes a que visiten la provincia y comprueben in situ los detalles del caso Sala. Esta vocación ha sido reconocida por la propia CIDH, cuyos representantes afirmaron que la detención de la dirigente en el Penal de Alto Comedero se lleva a cabo en “condiciones razonables”. El organismo, en el punto 33 de su cautelar, le agradece al Estado jujeño el haber podido realizar su inspección “sin ningún tipo de restricción”.

Cabe recordar, asimismo, que el informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (emitido en el mes de mayo) tampoco refirió ninguna forma de persecución política. Estamos hablando del organismo que inicialmente había solicitado la liberación de la dirigente el año pasado, pero que -luego de haber visitado a Sala en Alto Comedero- ni siquiera menciona el caso en su informe.

El Gobierno Nacional le comunicó al Gobierno de Jujuy la medida dispuesta por la CIDH “en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales”, y reafirmó el compromiso de la República Argentina con el sistema interamericano y la defensa de las garantías individuales.

El Gobierno de Jujuy, por su parte, ha emitido un comunicado mediante el cual se compromete a dictar un acto administrativo que notifique a la Justicia provincial la resolución de la CIDH. Lo esperable es que los jueces del caso cumplan sin demora con lo dispuesto en esta cautelar, y le concedan la prisión domiciliara a Sala.

Ello no implica, por supuesto, su liberación, y mucho menos significa que sus actos de violencia y corrupción vayan a quedar impunes. Se trata sólo de otra modalidad de arresto mientras la Justicia avanza en el juzgamiento de esta dirigente, que protagonizó uno de los periodos más oscuros en la historia de nuestra provincia al instalar un sistema de malversación e intimidación para apropiarse de los recursos de los más necesitados.

Jujuy atraviesa en la actualidad un inédito proceso de regeneración institucional de la mano de Gerardo Morales, quien ha recuperado el Estado de derecho en una provincia que se hallaba sumergida en el caos y la violencia. Por eso debemos responder a la solicitud de la CIDH y demostrar que los mecanismos institucionales han vuelto a funcionar en nuestro país y, particularmente, en Jujuy.

Una vez cumplida esta medida cautelar, quedará en claro de una vez por todas que la Justicia jujeña no ha hecho más que obrar de acuerdo a derecho. Y se pondrá en evidencia que la campaña mediática que sufrió la provincia se basa en un mero relato sin ningún tipo de fundamento.

Durante todo este proceso, los jujeños no hemos hecho más que decir la verdad: Milagro Sala no es una presa política sino una política presa, y una mujer autoritaria que ha amasado una fortuna robándole a los más vulnerables. Pero sus derechos fueron y deben seguir siendo respetados, a pesar de que ella jamás haya respetado los de los demás. Y hoy nos hallamos más comprometidos que nunca con esa verdad, con la justicia y con los derechos humanos.

Por Alejandra Martínez

Diputada Nacional por Jujuy

 

3 COMENTARIOS

  1. Al deshumanizar a su víctima, el verdugo se deshumaniza a sí mismo. El hedor perdura. Volvió a ser bestia, aunque expresarlo de este modo sería insultar a los primates y al mundo animal. (George Steiner)

  2. Todo suena muy lindo pero, cómo van a zafar del obligatorio cumplimiento de los pactos internacionales vigentes? Lo real es que debido a la enorme impericia del gobierno provincial, doña Milagro quizás termine libre por los vicios procesales derivados de una justicia totalmente dependiente. Lo cual nos hace pensar si en realidad ese no es el verdadero objetivo, en vistas de los antiguos arreglos entre la Ucr y la “política presa”.

    • No hay pactos internacionales que hagan zafar a delincuentes de cumplir las condenas que la Justicia les aplique. No comparto el criterio de la existencia de “vicios procesales”, ni de “justicia totalmente dependiente”. Esos son chacanerías propias de quienes desconocen como es el actuar en un Estado Provincial Republicano donde cada Poder tiene sus potestades. Es claro que acostumbrado a las formas de uso de gobiernos anteriores se haya hecho costumbre pensar que todos utilizan los mismos métodos, pero le demora en la condena de la imputada hace pensar que la investigación judicial ha ido más en profundidad para dar certeza de revertir el concepto de “política presa” que el de “presa política”. Si tiene alguna prueba fehaciente de arreglo entre la imputada con algun partido político, preséntelo como corresponde para que la comunidad quede enterada y no que son acusaciones que se diluyen con el fin de confundir a la opinión pública.

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