Asistencia a víctimas de delitos: “el trabajo que se viene haciendo en la provincia desde la vigencia del MPA es lo que se va a comenzar a hacer a nivel federal”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, se refirió a la reciente sanción de la ley de Asistencia a Víctimas de Delitos, la cual prevé reconocer derechos que las víctimas y evita que las mismas queden desamparadas, algo que en Jujuy ya se realiza a través del Centro de Asistencia a la Víctima del MPA.

En este sentido, indicó que dentro del funcionamiento de este Centro, la demanda ha aumentado, debido a que aumentaron los delitos, sobre todo contra personas con vulnerabilidad económica.

Sergio Lello Sánchez. Foto: Edgardo Valera

Al respecto, Sergio Lello Sánchez expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “conforme lo establece la ley 5895 en su artículo 5 inciso H, en cuanto a que es un principio de actuación del MPA facilitar el acceso a la información y tutela de la víctimas de delitos, garantizando la gratuidad del servicio y a la vez cumpliendo con la disposición del Código Procesal Penal vinculada a que dentro de la órbita del MPA se encuentra del Centro de Asistencia a la Víctima, específicamente en lo que hace a sus derechos y facultades, en su artículo 159 y los artículos concordantes, especialmente el 161, que lo ubica dentro del MPA, por ello se dictó una resolución que es la 248/16 reglamentando en que consiste la asistencia a la víctima de delitos”.

“Hasta la instauración del MPA, el Centro de Asistencia a la Víctima brindaba una asistencia psicológica, pero a partir de la institucionalización del MPA se amplió la cobertura a la representación procesal y gratuita, además de la asistencia psicológica. La victima tiene en el Centro representación procesal y gratuita desde que puede constituirse como querellante en las causas donde fue víctima y si se trata de un homicidio obviamente los parientes”.

Explicó que “esto representa una ventaja respecto a la anterior actuación del Centro de Asistencia a la Víctima y además una cuestión de sentido común ya que si los autores de delitos tiene garantizados, por el Código Procesal Penal, el Defensor de Pobres, quienes se encuentran en vulnerabilidad social y son víctimas de delitos sería un contrasentido que no pueden acceder a una representación procesal gratuita con un abogado de este Centro”.

“Por ello en el artículo 7 de esta resolución se prevé la posibilidad de que se constituya como querellante particular, previa constatación de la situación de vulnerabilidad económica por parte de la víctima, y pasa a ser parte del proceso”.

Señaló que “si bien es cierto, las víctimas en algún sentido son representadas por los Fiscales, la posición procesal del querellante es diferente, porque no debe cumplir con el deber de objetividad al que están obligados los fiscales, por lo tanto viene a coadyuvar en la investigación y a la posibilidad de proponer pruebas, argumentar sobre ellas, participar del debate, y recurrir con los alcances previstos por la ley”.

Lello Sánchez sostuvo a este diario que “este esquema de la resolución dentro del MPA, las disposiciones del Código Procesal Penal, ley 5623, es lo que se sancionó a nivel nacional con esta nueva legislación, es decir la posibilidad que la víctima tenga determinados derechos vinculados al deber de información, la posibilidad de ser asistidos psicológicamente y la representación procesal, es lo que ya estaba contemplado en nuestro Código Procesal y en la ley del funcionamiento del MPA y en la resolución 248 del 30 de agosto del 2016 donde reglamenta todo esto”.

“El trabajo que se viene haciendo en la provincia, desde la vigencia del MPA, es lo que se va a comenzar a hacer a nivel federal. Vale decir esta representación procesal que era lo que faltaba en el ámbito federal, por este motivo se sustituyen varios artículo del Código Procesal de la Nación y se le reconoce a la víctima una serie de derechos que hasta ahora no estaban muy claros, y entiendo que por razones vinculadas a la demanda de la opinión pública acerca del desamparo de muchas víctimas de ilícitos y la posibilidad de revisar por ejemplo la decisión de desestimación de los fiscales, en ese caso quedarían desamparados desde el punto de vista procesal, ahora están reconocido en esta nueva legislación que cabe aclarar rige en el ámbito de la justicia federal”.

En una de las pautas que prevé esta ley, el derecho de la víctima de un delito de saber si su victimario se encuentra en proceso de lograr la libertad, nuestro medio consultó al titular del MPA si esto está previsto en la legislación provincial. Sergio Lello Sánchez respondió que “en ese aspecto representa una ventaja la legislación nacional y es en lo relativo a la ejecución de la pena, la posibilidad del imputado de acceder a la libertad en causa donde ya ha sido condenado, la posibilidad de incluirse en las salidas transitorias, semilibertad, la libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua, la semidetención o régimen preparatorio para su liberación, a la fecha implica un avance importante en los derechos de la víctima que antes no eran ni siquiera informadas a cerca de esta posibilidad”.

“Por lo tanto esto va a servir para ampliar la reglamentación, con sustento legal a nivel federal, por parte del MPA en cuanto a los alcances de intervención del Centro de Asistencia a la Víctima, para también poder notificarlos cuando el condenado pueda acceder a la libertad de forma anticipada al efectivo cumplimiento de la condena”.

Para finalizar, el titular del MPA se refirió en la entrevista con JUJUY AL DÍA® al funcionamiento de este Centro en la provincia de Jujuy, y destacó que “no puedo usar la palabra éxito porque es lamentable que haya crecido tanto el delito como también que el delito haya recaído mayormente en sectores vulnerables desde el punto de vista económico. Hay una demanda creciente que llevó a reformular, dentro del esquema del desarrollo institucional del MPA, el funcionamiento del Centro de Asistencia a la Víctima tal como fue transferido desde el Poder Judicial, respondiendo a la necesidad de la representación procesal gratuita”.

“El Centro de Asistencia a la Víctima está en proceso de consolidación desde que pretendemos que funcione plenamente en la calle Argañaraz esquina Belgrano, y por razones presupuestarias esto no pudo ser llevado a cabo, sin embargo creo que en lo inmediato habrá resultados porque se pidió una ampliación presupuestaria para poder atender a una mayor demanda que se vio reflejada en que, por ejemplo, en un principio había 3 abogados y ahora hay 6, lo que da cuenta de que se está respondiendo en forma concreta a las demandas de la población en cuanto a que creció el delito y creció la necesidad de asistir a mayor cantidad de víctimas”.

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