El Ministerio Público de la Defensa y el Servicio Público de la Defensa Penal presentó su informe anual en la Legislatura

Jujuy al día® – Cumpliendo con lo que establece la Ley Nº 5.896, sancionada en diciembre de 2015, la defensora general del Ministerio Público de la Defensa y el Servicio Público de Defensa Penal, Ivonne Haquim, presentó el informe público anual de su gestión ante la Cámara de Diputados de la provincia.

Durante el informe, la defensora general agradeció la presencia de los legisladores y de los Organismos de Derechos Humanos presentes, como así también al equipo de trabajo del Ministerio Público de la Defensa y el Servicio Público de Defensa Penal. Asimismo, la Dra. Haquim hizo referencia al estado de la Ministerio al momento de asumir sus funciones, señalando “la Defensa Penal se encontraba compuesta por dos defensores en las jurisdicciones de San Salvador a cargo de cuatro defensorías, dos secretarios, dos pro-secretarios y ocho empleados. En la jurisdicción de San Pedro de Jujuy, por un solo defensor a cargo de dos defensorías, un secretario y dos empleados.” Por esto mismo destacó la necesidad de declarar la emergencia de la defensa pública “pese al esfuerzo y el trabajo de los defensores y de los funcionarios que componían el ministerio, ya que era materialmente imposible llevar a cabo todas las causas, detectando que solamente se asistía a las audiencias de indagatoria y a los juicios o debates”.

La defensora general también detalló que, en el momento de asumir la gestión, uno de los principales problemas con los que se encontró fue con la falta de celeridad en los trámites y la ausencia de sistemas modernos. Los mismos no permitían conocer cuántas y qué causas existían. Además, por un problema estructural, los defensores solo podían asistir a las audiencias de indagatoria y debate, por lo que todo el proceso, durante toda la investigación, no se concurría a las audiencias testimoniales, periciales o psicológicas. “Una vez declarada la emergencia tomamos distintas medidas, entre ellas hemos tenido la gran colaboración de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Inmediatamente que nos constituimos, que el ministerio empezó a funcionar, se nos proveyó de un  inmueble, de todo el mobiliario. Pudimos incorporar un defensor de menores en la ciudad de San Salvador de Jujuy y un defensor de menores en la jurisdicción de San Pedro de Jujuy. También incorporamos una licenciada en psicología y una licenciada en trabajo social para conformar el gabinete interdisciplinario y poder ofrecer y controlar las pruebas necesarias de nuestros asistidos”, señaló.

Además, la defensora general destacó lo valioso de las reformas judiciales realizadas, ya que permite equiparar armas con la acusación, y detallando el rol del ministerio, debido “a que si bien no está bien visto en la sociedad el defensor penal, tenemos que establecer que se trata de un servicio público constitucional nacional. Toda persona tiene derecho a su defensa y sobre todo la defensa pública tiene a su cargo las personas de escasos recursos y que se encuentran en real estado de vulnerabilidad. La defensa pública se encarga justamente de este sector de la sociedad, y de demostrar que en muchos casos las persecuciones son injustas, y ahí es donde está el verdadero trabajo del servicio público de la defensa, le brinda a todas las personas que están en estado de vulnerabilidad la garantía de que se siga un juicio justo y de que siempre se respete el debido proceso y los derechos humanos”.

Otro punto destacado del informe se centra en la creación de la Secretaría de Violencia Institucional, destinada a cooperar con el Defensor Público en todo lo relacionado con el adecuado resguardo del debido proceso, la defensa de los derechos de los procesados, detenidos y condenados, controlando y garantizando los derechos individuales. Sobre esto la Dra. Haquim consideró  “a partir de la creación de la secretaría se fueron modificando graves situaciones que sucedían en la provincia. Se contaban con celdas de aislamiento, comúnmente conocidas como  ‘La Chancha’, que ya no existen más. Hoy tenemos 42 celdas de aislamiento refaccionadas totalmente, con acceso a sanitarios, a higiene personal, que antes no tenían. Se pintaron las estructuras. Hoy tienen camas, colchones. Se les da condiciones dignas. Nosotros no nos oponemos al sistema disciplinario, ya que se tratan de instituciones penitenciarias, pero siempre respetando los derechos Humanos. No permitiremos de ninguna manera condiciones inhumanas en los lugares de encierro. Hoy Jujuy es una de las pocas provincias que tiene alta seguridad con puertas abiertas; lo que antes significaba alta seguridad, que era el encierro y que no podían compartir ningún lugar común, ya no existe. Hoy tienen un lugar de recreación, un espacio en donde pueden salir en determinados horarios”.

Asimismo, la defensora general recalcó la disposición por parte del servicio penitenciario y del ministerio correspondiente en relación a la colaboración con el Ministerio de Defensa Penal, “nosotros exigimos la aplicación de la Ley. También podemos sostener que no existen más maltratos, más vejaciones. La presencia constante de los funcionarios de la Secretaría de Violencia Institucional, de los Defensores y de los Funcionarios del Ministerio. Teníamos 10 denuncias por torturas. A partir de julio del 2016 las denuncias fueron cesando. Pueden existir casos aislados, pero les aseguro que en todos los casos está presente el ministerio, y no permitiremos estas prácticas deleznables que eran comunes en la provincia”.

Para concluir el informe, la Defensora General concluyó “hicimos mucho,y nos falta muchísimo por hacer. Sin embargo hemos logrado las metas y objetivos fijados en 2016, que fue la presencia de la defensa en todos y cada uno de los actos procesales acusatorios”.

Por su parte, el diputado Alberto Bernis enfatizó el balance positivo ya que el ministerio “se transformó en un pilar importante dentro de lo que significó la reforma judicial que fue impulsada por el gobierno de la provincia. Esta nueva estructura nos permite garantizarles, a quienes afrontan procesos penales, el derecho a la legítima defensa”. Además, el presidente de la bancada radical señaló “que el Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa vengan y rindan informes tal cual lo estipula la Ley es un hecho histórico. Más allá de las muchas virtudes, defectos, de cosas por hacer, por emprolijar, por mejorar, por profundizar,  se están haciendo bien las cosas. Estamos marcando historia, porque estamos demostrando que estamos transitando el camino hacia una provincia mejor”.

De la misma forma, el diputado Alberto Matuk felicitó al equipo del Ministerio, resaltando “es un acto de justicia reconocer lo trabajado, lo logrado, porque es muy meritorio. Se comprometieron con el sistema y lo pusieron en marcha. Advierto en esto un crecimiento y una organización que antes no existía. Estamos en buen camino, por eso mis felicitaciones”.

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