La cultura del piquete y la jerarquización de derechos: grandes cambios culturales y sociales que debe afrontar Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, Cristiana María Domínguez, Abogada y Licenciada en Relaciones Internacionales, Magister en Derechos Humanos- Centro Intereuropeo de Derechos Humanos, se refirió a uno de los flagelos que azotó hasta no hace mucho tiempo nuestra provincia: los piquetes, y las protestas, producto de una creciente jerarquización de los derechos en detrimentos de otros y del bien común.

En base a su análisis de la situación y de la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, aseguró que la detención de Milagro Sala lejos está de ser arbitraria.

Cristiana María Domínguez

Cristiana María Domínguez expresó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “el tema de la protesta es un tema que viene padeciendo Argentina prácticamente hace 20 años y el enfoque que se le ha dado hasta ahora, a mi criterio, es erróneo y parte de una jerarquización de los derechos ponderando, que el derecho a la protesta es mejor, un derecho superior, a un derecho circular. En esto incorporo muchos derechos como el de trabajar, transitar, etcétera”.

“El error aquí ha sido y por eso padecemos y no se evidencia, en el caso Sala tampoco porque anteriormente de adoptó la misma interpretación de estos casos y se jerarquizaron los derechos, y cuando hablamos de protesta pacífica hay que saber que no toda manifestación puede ser una protesta: uno puede manifestarse para festejar, no para quejarse, y esto es otro ingrediente que no se dice, porque, por ejemplo en una maratón el Estado reglamenta esto, y eso es una excepción en el uso de la calle”.

Resaltó que “pero la toma de la calle para protestar porque sí, eso no está amparado en nuestra normativa y correspondiéndose con estándares internacionales en la materia, estaría justificada una sanción”.

“Lo pacifico en si no puede tener signos de violencia por razones mismas de la definición, pero lo violento puede ser no solo la portación de palos, cubrirse el rostro para no ser identificados o quemar neumáticos, también puede ser por actitudes, por ejemplo el bloqueo de una calle con diferentes autos como pasó con los choferes de UBER o taxistas, porque hay que contemplar las consecuencias, la afectación a los derechos de los demás”.

Comentó “según un caso europeo, en Hungría, cortaron un puente para manifestarse poniendo los autos y se fueron. La Corte europea consideró que la protesta había dejado de ser pacifica por los efectos que generó la obstrucción del tráfico. Con esto quiero decir que lo no pacifico no solo se evidencia con violencia propiamente dicha”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la especialista cuándo estima que ha comenzado esta jerarquización de los derechos, en particular del derecho a la protesta. Domínguez comentó “hace más de 15 años fue progresivamente avanzando y no mermó, no mermó la cantidad de piquetes, pero la actitud del Estado frente al corte se analizaría por una jerarquización de derechos porque el Estado está obligado a intervenir, la justicia está obligada a intervenir, como también la Policía ante el corte de una calle o ruta, pero que no lo hagan evidencia que hay una tolerancia judicial o política, y detrás tiene el trasfondo de ponderar quién tiene más derechos y acá se ponderó siempre al que protestaba, se jerarquizó el derecho a la protesta como un primer derecho pero hay otros”.

“Si uno evidencia la cantidad de piquetes el año pasado, donde hubo más de 6400 según datos de un organismo de diagnóstico político, contraste la cantidad de piquetes y con la cantidad de acciones penales y no es una ecuación similar, tiene que ver con la actividad  y cómo aborda el Estado esa situación y hablo del concepto de la pasividad del Poder Judicial, en muchos casos una tolerancia política que vivimos muchos años”.

Añadió que “en Gran Buenos Aires uno de los accesos que más se corta es el Puente Pueyrredón y eso es jurisdicción de la justicia de Avellaneda, y no conozco una sentencia a alguien que haya cortado el acceso”.

En relación a qué debemos hacer para cambiar esta realidad completamente, señaló que “es un abordaje integral, un cambio cultural y un gran desafío. Debe haber una decisión política de regular las protestas, debe haber una determinación del Poder Judicial de intervenir cuando haya que intervenir. Será un paso gradual pero debe ser muy consciente que no solo involucra al Estado en todas sus esferas sino a la ciudadanía en sí, empezar a respetar al tercero, hay muchos canales para protestar”.

Acerca de los cambios en nuestra provincia con la llegada del actual gobierno y la aplicación del nuevo Código Contravencional, Domínguez sostuvo que “hay un cambio de paradigma y va acompañado de este nuevo Código. Es más, las estadísticas muestran que el año pasado hubo 6 procedimientos por el artículo 113 y este año 2”.

“Evidentemente ha bajado el nivel de conflictividad y uno advierte, en el poco tiempo  que estuve acá, que hay un mayor respeto de la gente, vi una protesta en la puerta de la gobernación y los autos circulaban normalmente, los grupos protestaban en la Plaza y otro sector en la vereda, esto muestra que hay una mayor convivencia, hay que destacarlo, la verdad que están mejor acá que en capital”.

En otro tramo de la entrevista con JUJUY AL DÍA®, Cristiana María Domínguez se refirió al caso Sala y al acampe, señalando que “hago un análisis de estos conceptos aplicado al desarrollo del acampe y analizo la resolución de la ONU. Está bien que uno pueda ejercer el derecho a peticionar a las autoridades pero lo que sucedió en el acampe respecto a las actividades recreativas como jugar el fútbol, jugar al truco en la calle frente a la gobernación, hacer asados en la calle, poner los baños químicos en la calle, quemar gomas, eso demuestra que en realidad no estaban ejerciendo el derecho a peticionar, estaban reunidos pero de una manera no pacifica ni ejerciendo una petición”.

“A la vez hay que tener en cuenta el concepto de proporcionalidad, aquí las carpas estuvieron apostadas no solo en la plaza, si no en la calle y en las puertas de algunos comercios, y no había necesidad de eso, la cantidad de carpas que había alcanzaba a que entraran en la plaza y este aspecto nadie lo evidencia, y además hay que sumar que se cometieron delitos en el marco de la protesta como hurto de energía”.

“Estos conceptos me hacen concluir en que la protesta no fue pacífica y por ende la detención, como postula la ONU, no fue arbitraria”, expresó.

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