De Jujuy a Tierra del Fuego, 60 millones de hectáreas son reservorios de agua dulce para el planeta

Jujuy al día® – Considerados “Los riñones del planeta”, ocupan el equivalente a casi dos veces la superficie de la provincia de Buenos Aires, y su conservación resulta fundamental para la provisión de agua dulce y alimentos y mitigar cambios climáticos, fundamentalmente las crecidas de los ríos.

“Los riñones del planeta”, como describen los especialistas a los humedales, ocupan en la Argentina 60 millones de hectáreas -el equivalente a casi dos veces la superficie de la provincia de Buenos Aires- y su conservación resulta fundamental para la provisión de agua dulce y alimentos y mitigar cambios climáticos, fundamentalmente las crecidas de los ríos.

Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el 21,5 por ciento del territorio argentino está compuesto por esos valiosos espacios, donde la tierra y el agua interactúan como “esponjas”, controlan inundaciones y hacen sustanciales aportes a la biodiversidad y al ecosistema.

Sin embargo, el INTA, algunos gobiernos provinciales y otros sectores vinculados a la agricultura y la ganadería opinan que sólo 25 millones de hectáreas corresponden a esos espacios naturales.

Pantanos, estuarios, deltas, estanques, reservas naturales, arrozales, salinas y hasta pastizales húmedos son algunas de las expresiones que describen a los humedales, según lo acordado en 1971 entre 18 naciones en la Convención Ramsar, en Irán, donde se estableció un marco de acción internacional para fomentar el uso racional de esos recursos.

Hasta ahora, la Argentina tiene declarados como “sitios Ramsar” sólo 22 humedales desde Jujuy a Tierra del Fuego, que ocupan unas 6 millones de hectáreas (el 10 por ciento de la superficie total estimada), de acuerdo con esa convención a la que adhirió en 1992, según publica Télam.

La agricultura y el negocio inmobiliario constituyen la principal amenaza para estos reservorios de agua dulce, que hasta ahora no cuentan con una ley nacional que los proteja y que deja su preservación, su buen uso o su destrucción al arbitrio de los gobiernos provinciales y municipales, con decisiones muchas veces contrapuestas a los estándares defendidos por las organizaciones ecologistas.

De hecho, el Senado dejó expuestas en las últimas semanas sus diferencias en torno a una iniciativa de Presupuestos Mínimos para la Conservación de Humedales, que dividió aguas entre el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresa Luna (FpV) y otro impulsado por el titular de la comisión de Agricultura, Alfredo De Ángelis (PRO).

El de Odarda y Luna, que recibió dictamen de mayoría, cuenta con el respaldo de los ambientalistas, de bloques opositores y del presidente de la comisión de Medio Ambiente, Fernando “Pino” Solanas, en tanto que el oficialismo parlamentario se encolumnó detrás del De Ángelis, con el apoyo de varias provincias.

Entre las principales diferencias entre una y otra iniciativa, la opositora establece un esquema mucho más restrictivo sobre el uso de los humedales y prohíbe realizar obras o iniciar actividades sobre esos ecosistemas hasta que la Nación haya elaborado un inventario de todo el país.

La del PRO, a su vez, permite intervenciones productivas sobre los territorios con el compromiso de “compensar” ese impacto restaurando otro humedal; reafirma la potestad de los gobiernos provinciales en las decisiones; y elimina la obligación de verificar los cambios que vayan registrando los humedales con el tiempo.

Preservar los humedales no sólo es clave para conservar hábitats de especies en extinción, sino también para cuidar el bien más valioso de la Tierra: el agua. Si bien el 70 por ciento del planeta está cubierto de agua, menos del 3 por ciento es agua dulce y en su mayoría (2%) está congelada.

La agricultura es el mayor usuario de agua. En algunos países en desarrollo, el 95 por ciento del agua que se consume es destinada a esta actividad.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para producir un kilo de cereales se utilizan 1,5 toneladas de agua y hacen falta 3 mil litros de agua para producir los alimentos que una persona consume al día.

El secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, resaltó en una entrevista con Télam que para el Poder Ejecutivo resulta fundamental la elaboración de un inventario nacional de humedales y que luego cada provincia “defina su ordenamiento territorial”, es decir el “valor de conservación” de cada uno.

Por su parte, el director del Instituto de Suelos del INTA, Miguel Taboada, advirtió en diálogo con esta agencia que los humedales argentinos tienen diversos niveles de intervención: algunos casi inalterados, otros con actividades productivas tradicionales y hasta algunos donde se desarrolla explotación minera o de litio.

Taboada consideró indispensable que una ley de protección de humedales “contemple y defienda también los recursos de vida de poblaciones, que en muchos casos están asentadas hace más de 100 años”.

Entre sus más valiosos humedales, Argentina cuenta con la Reserva Natural Iberá, en Corrientes, que tiene 13 mil kilómetros cuadrados de esteros, pastizales y fauna exótica y está en segundo lugar en el mundo en importancia después del Pantanal de Mato Grosso, en Brasil.

La Laguna de los Pozuelos (Jujuy), el Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), la Bahía de Samborombón (Buenos Aires), la Laguna Llancanelo (Mendoza), la reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego y la de Costanera Sur en la Capital Federal son algunos de los 22 sitios Ramsar del país.

No obstante, otras regiones todavía no fueron incluidas en el listado de humedales con protección internacional: uno de esos casos es el del Delta del Paraná, pese a haber sido ungido como reserva de biosfera por la Unesco.

Según un estudio realizado entre el 2010 y el 2013 por la Fundación Humedales, hay 5.181 kilómetros de terraplenes construidos en el Delta del Paraná y unas 241.731 hectáreas están “endicadas”, que en la jerga ambientalista alude a los rellenos o diques que se hacen sobre tierras inundables para desarrollar actividades agropecuarias o inmobiliarias.

“El sistema de humedales del Delta tiene el 14 por ciento de su superficie endicada”, detalló a Télam la referente de la fundación Marta Andelman, para quien en esos años la construcción de terraplenes aumentó en un 16,5 por ciento.

Un estudio del 2012 de esa organización contabilizó 239 urbanizaciones construidas sobre humedales, de las cuales el 10 por ciento se encuentra en el Delta (fundamentalmente en Villa Paranacito y Tigre) y el 90 por ciento restante, sobre el “valle de inundación” del río Luján, “el espacio natural que el río tiene para expandirse y que actúa como barrera natural ante los desbordes”.

De hecho, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado tiene a su cargo una causa iniciada por vecinos que intentan frenar el avance inmobiliario sobre la cuenca del Luján y sobre el Delta del Paraná.

Este año el fiscal federal Fernando Domínguez presentó ante la magistrada un informe sobre 90 barrios privados y countries detectados en esas áreas, y advirtió que dichas obras provocaron “graves inundaciones” y la muerte de cuatro personas en los últimos dos años.