Jujuy: la Fiscalía pidió la investigación jurisdiccional y desafuero del comisionado de Valle Grande

Jujuy al día® – Tal como adelantara en exclusiva nuestro medio, el lunes hizo su declaración ampliada como imputada la detenida Gladis Beatriz Villarubia, ante la  Fiscalía de Investigación N° 9 a cargo del doctor José Alfredo Blanco, que solicitó al juez Dr. Jorge Osvaldo Samman- que inicie la investigación jurisdiccional contra el presidente de la Comisión Municipal de Valle Grande, René Tolaba, debido a que los elementos de prueba reunidos a partir de las declaraciones de Fabio Iván Maigua (secretario tesorero) y la mencionada Villarubia, estarían estableciendo algunas responsabilidades en el accionar de Tolaba.

La Fiscalía también pidió al juez Samman, un “pronto despacho” del pedido de desafuero de René Tolaba.

Paralelamente con el expediente del caso se inició otras investigaciones debido a que 41 empleados de Valle Grande denunciaron que en el pasado mes de septiembre no les habrían liquidado sus haberes como correspondía.

En este expediente la Oficina Anticorrupción (OA) presentó documentación al respecto, ya que una comisión se constituyó en Valle Grande y colectó denuncias que también serán adjuntadas.

Cabe señalar que Villarubia en su ampliación de declaración como imputada, presentó cinco carpetas con documentación que tenía en su poder, sobre liquidaciones de haberes de los empleados de Valle Grande.

Fuentes de la Fiscalía actuante habrían indicado que esas carpetas no fueron encontradas durante los allanamientos realizados oportunamente.

De la información de esa carpeta y las declaraciones de Villarubia, surgiría en primera instancia elementos que sostienen  la presunta responsabilidad del presidente del Consejo Comunal, René Tolaba.

Villarubia habría manifestado en su declaración que realizaba “trámites de gestora”, que ella presentaba la documentación que le proporcionaban desde la comuna, pero que no habría tenido ninguna intervención en la liquidación de haberes, “eso lo hacía el comisionado (Tolaba) y el tesorero (Maigua)”.

Por lo expuesto es que desde la Fiscalía actuante se pidió la investigación jurisdiccional y el desafuero.

El expediente fue caratulado como supuesta “malversación de caudales públicos y falsedad ideológica de instrumentos públicos”.

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