Trata de personas: el paso de Jujuy a Bolivia, entre la informalidad y las redes criminales

Jujuy al día® – La falta de tecnología y personal, sumada a los sitios alternativos de cruce, hace de la frontera norte un lugar poroso; en siete años recuperaron 2000 personas desaparecidas; buscan a muchas más.

“Documento…”, pide el funcionario del puente internacional Horacio Guzmán, en el límite con Villazón. “No lo traje”, responde la mujer, que va con varios chicos. “No puede pasar”, señala el uniformado, con voz cansina. “Vamos por el río”, ordena rápidamente la mujer, girándose hacia los menores, como si la negativa no le importara demasiado. El río La Quiaca es un charco que aquí separa la Argentina y Bolivia y que tiene en la calle Jujuy el paso ilegal más transitado de la zona, aunque no el único.

Allí hay decenas de anuncios de búsqueda de personas con nombres y fotos en el puente. Los débiles controles en la frontera y los numerosos cruces informales hacen fácil el paso para indocumentados, tanto para los que cruzan por propia voluntad como para los delincuentes que negocian con el tráfico y la trata de personas.

La frontera con Bolivia se extiende por 773 kilómetros entre Salta y Jujuy, y en esta provincia el único puesto de control es el del puente entre La Quiaca y Villazón, donde las revisiones de documentación son manuales y rápidas. Miran la cédula, cotejan con la cara y adelante.

Del lado boliviano, incluso, hay menos personal de seguridad que del argentino y en ninguno hay tecnología importante, sólo un escáner para mercaderías en la Argentina y algunas cámaras en la aduana vecina.

“Tanto el personal como la tecnología y los vehículos son insuficientes para la cantidad de gente que cruza por el puente y por los pasos informales existentes a ambos lados, por donde incluso pasan vehículos”, dice a LA NACION el fiscal de Trata de Personas de Villazón, Javier Torrejón.

Él y el intendente de La Quiaca, Miguel Ángel Tito, rescatan el trabajo de recuperación de personas que realizó -en un trabajo en conjunto- la ex cónsul argentina Reina Sotillo, que estuvo entre 2007 y 2014 en el cargo y desempeñó un papel relevante en la lucha contra la trata. Logró la restitución de más de 2000 víctimas, especialmente niños y adolescentes argentinos y bolivianos.

Pero muchos aún no aparecen. Como Ariel Llampa, a quien su madre busca desde hace cinco años, en los que se ha convertido en un caso paradigmático de la dramática situación en esta frontera que “devora” personas y las arroja a un insondable agujero negro (ver aparte).

El fiscal Torrejón admite que muchos bolivianos que llegan desde el interior a la frontera reciben documentos originales, pero que no les sirven para poder trabajar. Cruzar sin papeles y comprar cédulas ilegales “no es difícil”, apunta a LA NACION un taxista que espera pasajeros del lado argentino. “Entre 50 y 70 dólares y ya está; acá o en Salta”, desliza.

Sin flexibilización

Por ahora, la Dirección Nacional de Migraciones mantiene suspendida la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF), un sistema acordado entre la Argentina y Bolivia para agilizar el cruce a los habitantes de la zona.

Un bloqueo de tres días del puente en Villazón motivó la medida; los bolivianos rechazan este documento, que no es obligatorio y que permite que quienes lo tengan pasen por una ventanilla especial sin llenar los documentos migratorios. Esta cronista y el fotógrafo de LA NACION cruzaron desde La Quiaca hasta Bolivia sin completar ninguna planilla.

Tito es partidario de su instrumentación para quitarles la excusa a quienes sostienen que cruzan por el río para evitar filas en el puente. De todas maneras reconoce que no es una solución para el delito, para lo que se requieren controles migratorios de última generación. Grafica con el caso de la escuela de frontera N° 1, de La Quiaca; el 40% de los chicos viven en Villazón y van y vienen por el río. “Es un descontrol, hay que poner cámaras -que están prometidas- y poder hacer un seguimiento.”

“Se recuperaron especialmente jóvenes, se hicieron campañas de concientización. Seguimos en tareas coordinadas, pero queda mucho por hacer”, describe Torrejón. Explica que la ley boliviana establece 14 modalidades de trata (desde la prostitución hasta la venta de órganos) y penas accesorias para el tráfico de migrantes fuera del país.

En los procedimientos se encontraron víctimas que eran trasladadas tanto en autos particulares como en ómnibus de larga distancia; algunas trabajaban en el campo y otras tenían como destino ciudades como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.

Carolina Barone, directora de Violencia de Género del Ministerio del Interior, explica que se están sistematizando las bases de datos con informes periódicos de las fuerzas de seguridad y que el Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (Sistrata) ayuda a conocer las tendencias y las mutaciones del delito para actuar.

Con el paso de los años, los vecinos de La Quiaca y de Villazón descreen de las promesas de más controles y, en un punto, sostienen que si se cortara todo el sistema delictivo montado alrededor de esta frontera flexible ellos perderían las changas que les permiten comer. Es que tampoco confían en una mejora de la economía formal de la zona.

Un cerco para desalentar

Desde fines del mes pasado, un cerco de un kilómetro se extiende a lo largo de la zona norte de La Quiaca, en el límite con Villazón, Bolivia. La obra, encargada por el gobierno argentino, demandó casi nueve meses de trabajo.

El objetivo de este cerco, que va desde el tendido del desaparecido ferrocarril General Belgrano y la avenida España, es desalentar el paso de personas y mercaderías por zonas no permitidas y encauzar todo el tránsito hacia el puente internacional Horacio Guzmán.

Fuente: La Nación

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