La Legislatura de Jujuy trata la creación del Registro Provincial de casos de Violencia Institucional

Jujuy al día® – Se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Jujuy para su pronto tratamiento el proyecto de Ley de creación del Registro Provincial de Casos de Violencia Institucional. El mismo tendrá como objeto centralizar y registrar todas las denuncias de violencia institucional que se reciban en las diversas reparticiones estatales, ya sea en sede judicial o administrativa, crear una base de datos que permita la elaboración de estadísticas de acceso público para un abordaje integral e inclusivo de la problemática, y sistematizar la información obtenida favoreciendo el diseño de políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia institucional.

Además, la Ley establecería a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia como autoridad de aplicación y administración, reglamentaria a su vez de la modalidad del registro y criterios de obtención y selección de datos, convocando para ello a Organismos de Derechos Humanos provinciales y profesionales especialistas en el tema.

El proyecto se fundamenta en la ratificación del Estado Argentino a diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, asumiendo frente a la comunidad internacional el compromiso de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones de los mismos.  En este sentido, el proyecto considera fundamental que la provincia comience a trabajar en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional y que afronte con responsabilidad los casos de violaciones a los Derechos Humanos, encarnadas en las prácticas ilegales llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad de la provincia.

De esta forma, el proyecto declara que resulta necesario contar con un Registro Provincial de Casos de Violencia institucional que unifique las denuncias que se formulan ante los diferentes organismos del estado, ya sean judiciales o administrativos, dirigidas contra agentes de seguridad de la provincia que vulneren derechos fundamentales de las personas por el ejercicio abusivo de sus funciones y contra funcionarios públicos que impidan el acceso a la justicia, negando la posibilidad de denunciar o que retarden injustificadamente las investigaciones de esos hechos.

Asimismo, el proyecto considera que la implementación de un registro que sistematice los casos de violencia institucional significa una herramienta esencial para el abordaje de esta problemática, puesto que permite el diseño de políticas públicas tanto en lo referido a la promoción y protección en los Derechos Humanos como al delineamiento de políticas de seguridad y de formación de los cuerpos policiales de la provincia.