Corrupción en Jujuy: ampliaron denuncia contra Milagro Sala y Julio De Vido Faltan más de 1800 viviendas sociales

Jujuy al día® – El Fiscal de Estado de la Provincia, Mariano Miranda, y el Fiscal Anticorrupción, Juaquín Millón Quintana, presentaron una ampliación de denuncia contra Milagro Sala y otros por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública en concurso real, y contra el ex ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido y otros, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como partícipes necesarios en el delito de defraudación a la administración pública.

La denuncia, que se presentó este jueves en la Fiscalía de Investigación Nº 6 (de turno), señala que en el período comprendido entre los años 2004 y 2015, titulares de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), de la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Jujuy (UEP) y de diversos municipios jujeños, suscribieron una serie de convenios específicos para la construcción de viviendas a ejecutarse en diferentes etapas, por medio de cooperativas de trabajo pertenecientes a la organización Tupac Amaru. Ello en el marco del denominado “Programa Federal de Integración Socio-comunitaria”, antes denominado “Programa de Emergencia Habitacional”, a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, cartera que proporcionó la totalidad del financiamiento para las obras. El objetivo de estos acuerdos era beneficiar a numerosas familias que carecían de un techo propio, todas pertenecientes a la zona de influencia de los referidos municipios.

En sus inicios, la implementación del programa se canalizó a través del IVUJ y, a partir del 18 de abril de 2007, este fue sustituido por la Unidad Ejecutora Provincial, representante del Estado Provincial. De modo que a partir de ese año, los recursos del mentado programa provenían de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, que luego los transfería a la UEP, y esta última emitía cheques a favor de los distintos municipios beneficiados, para que más tarde estos libraran pagos a las cooperativas que debían realizar las obras convenidas.

El día 24 de febrero de 2016, el Fiscal de Estado, Mariano Miranda, junto al Fiscal Anticorrupción de la Provincia, Joaquín Millón Quintana, interpusieron una denuncia ante el agente fiscal de turno señalando una serie de irregularidades con la que se habrían otorgados un conjunto de “adicionales de pago” para la construcción de viviendas por medio de cooperativas de la Tupac Amaru. Además de los fondos enviados desde Nación para la construcción viviendas, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda otorgó estos adicionales de pagos, denominados “Addendas”, para la supuesta terminación de las obras.

La irregularidad manifiesta que los fiscales denunciaron radicaba en que en los expedientes de pago las viviendas por las que se consignaban los adicionales ya habían sido informadas como completamente terminadas por la provincia. En resumidas cuentas, ya se había pagado más de 410 millones de pesos y por estas Addendas se había pagado un suplementario de más de 100 millones de pesos, por obras que en los expedientes ya figuraban como terminadas.

Pero esta no era la única anomalía de los expedientes de viviendas de la Tupac. En aquella oportunidad, los fiscales también denunciaron que no se había seguido ningún procedimiento reglado para llegar a los montos de estos adicionales, ni constaban en estos expedientes ningún tipo de rendición de cuentas ni auditorías que los organismos nacionales debían efectuar sobre la marcha del programa.

Vale indicar que las dependencias del Ministerio de Infraestructura que debían llevar a adelante todas estas tareas de monitoreo y gestión, y de donde se habían autorizado estos pagos irregulares, estaban bajo el directo control de Julio De Vido, quien resultó denunciado por incumplimiento de deberes funcionario público. Ello, conjuntamente a otros funcionarios de alta jerarquía de esa cartera ministerial. A nivel provincial, también fue denunciado Héctor Gustavo Carrizo, a cargo de la UEP, dependencia provincial que autorizaba los pagos, los giraba a los municipios y debía, junto a estos últimos, controlar las obras.

Pero además, los fiscales denunciaron a Milagro Sala, como líder de una asociación ilícita integrada, entre otros miembros, por las autoridades de la cooperativa Pibes Villeros Ltda. A saber, Patricia Cabana, Javier Rivero e Iván Dante Altamirano. Es que dos de los millonarios cheques cobrados por esta cooperativa correspondían a pagos de estas Addendas, todo lo cual fue captado por las cámaras de seguridad del Banco Nación y más tarde difundido por distintos medios de comunicación. Además, aquella denuncia apuntaba a Sala y a los integrantes de Pibes Villeros como autores del fraude a la administración producido con el dinero de estos adicionales, señalando a los funcionarios como participes necesarios de ese delito.

Se investiga el destino de 715 millones de pesos de 1827 viviendas que nunca se construyeron

Mientras la Fiscalía de Investigaciones inició indagaciones en diversas dependencias estatales y financieras, la Oficina Anticorrupción junto a las nuevas autoridades del Instituto de Vivienda de la Provincia comenzó a recorrer los municipios beneficiados por el programa. Relevaron a través de correspondientes constataciones notariales las viviendas efectivamente construidas por la Tupac en el marco del mentado programa. De estas verificaciones in situ se concluyó que de las 8.532 viviendas que se debían edificar y estaban completamente pagadas —incluso con Addendas— sólo se construyeron la suma de 6.705, de las cuales 485 no estaban terminadas, encontrándose buena parte de ellas en un estado de ejecución igual o inferior al 50%. Este faltante de 1.827, sumado al de las obras no terminadas, importaría una afectación al fisco por el valor de $ 716.016.757,35.

Con esta constataciones y munidos de los expedientes de pago, Miranda y Millón ampliaron su denuncia, señalando ahora que no solamente las mentadas Addendas fueron otorgadas de forma gravemente irregular, sino que en la gran mayoría de los casos estos adicionales fueron otorgados por obras que ni siquiera se encontraban iniciadas.

Se denuncia un sistema de pagos paralelo

Un punto importante de esta ampliación de denuncia consiste en los testimonios aportados por diferentes cooperativistas. Ellos refieren a un sistema de pagos paralelo. En concreto, los pagos realizados a través de cheques a las cooperativas por los diversos municipios beneficiarios del programa, no eran recibidos por los trabajadores. El dinero era captado por una densa red de punteros de la Tupac que operaba a través de un complejo sistema de endoso de cheques. Según estos testimonios, en lugar de recibir los fondos del programa, los integrantes de las cooperativas debían concurrir a la sede de la Tupac en San Salvador de Jujuy y allí cobraban un “sueldo”, el cual era fijado por Sala en sus actos multitudinarios. Según relata la denuncia, en el interior del edificio de Alvear 1152, los días de pago se formaban largas filas de cooperativistas. Al final de estas filas, los cabecillas de cada municipio controlaban la identidad de los trabajadores antes de proceder al pago. Es así como la denuncia de asociación ilícita y fraude a la administración se amplía también incluyendo ahora a otra serie de integrantes de la Tupac, encargados de recolectar los fondos en diversos municipios.