Contundente respaldo de concejales al gobernador Morales

respaldo intendentesJujuy al día® – Concejales y vocales municipales radicales de toda la provincia, exteriorizaron su acompañamiento y respaldo irrestricto a las políticas implementadas por el gobernador Gerardo Morales, a los fines de transparentar, empoderar y democratizar las cooperativas de trabajo.

En este contexto, se declararon respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, “que determinó el inicio de un proceso penal más en contra de Milagro Sala y otros referentes de la organización Tupac Amaru”, enfatizando que “el debido proceso se encuentra garantizado en el marco del orden constitucional vigente”.

Para los legisladores comunales de la UCR, la detención de Sala es “el corolario de varias causas penales” y advirtieron que las mismas están “relacionadas con delitos de defraudación al erario público, amenazas, obstrucción al transporte, tumulto, daños y hechos que culminaron en violencia y hasta muertes que aún se investigan”.

“Ninguna persona puede estar por encima de la Ley y exento de las responsabilidades que la misma determina”, reflexionaron.

Por otra parte, tras ratificar su convicción de que el único encargado de la política de una provincia es el Estado, a través de sus gobernantes, democrática y legítimamente electos, instaron a las personas que persisten en la usurpación del espacio público (calles y plazas), que perjudica diariamente a miles de jujeños, que depongan su actitud”.

Asimismo, citaron definiciones vertidas por el Gobernador, respecto de obras y fuentes laborales aseguradas, sin necesidad de doblegarse ante persona alguna, sino por la decisión de las legítimas autoridades de la provincia que realizaran dicha tarea en el marco de la ley y con todas las garantías de transparencia en el manejo de los recursos.

En otro orden, solicitaron a las instituciones y particularmente al Poder Judicial, llevar adelante las investigaciones correspondientes a fin de determinar, en el marco del debido proceso, las responsabilidades penales, civiles y administrativas, que puedan existir sobre el manejo discrecional de fondos públicos que tenían como objeto un claro fin social, la construcción de viviendas para los más necesitados y todo otro delito relacionado”.

“La Libertad de todos los ciudadanos debe ser garantizada en un marco de unión, paz y trabajo”, manifestaron finalmente.