Estado proveedor de ingresos

Jujuy al día® – En el norte del país, el 80 por ciento de las familias recibe algún aporte estatal. Coincide con los altos niveles de pobreza y la poca participación del empleo privado. ¿Políticas de redistribución del ingreso o clientelismo político?

En los últimos años, el Estado participó cada vez más con los ingresos de las familias. Tal es así que en el norte argentino, para ocho de cada 10 familias alguna parte de sus ingresos proviene de esa fuente.

Así lo indica un relevamiento del economista Marcelo Capello, presidente del Ieral-Fundación Mediterránea, que incluye el empleo público, las jubilaciones y los diferentes programas sociales. En cambio, no están consideradas otras asignaciones estatales a los asalariados como, por ejemplo, las asignaciones familiares de los trabajadores formales de la actividad privada.

Según este relevamiento, en Santiago del Estero y Chaco la cantidad de hogares que perciben algún tipo de ingreso por parte del Estado se ubica en 81,5 y 81,3 por ciento, respectivamente (ver infográfico).

En torno del 79 por ciento se ubican otras tres provincias del norte argentino: Formosa, Jujuy y Catamarca.

Este fenómeno abarca a siete de cada 10 familias en provincias de la Patagonia, NOA, el este nacional y el área cuyana.

Estas regiones están bastante por encima del total nacional, que se ubica en 62,5 por ciento de las familias.

Mientras tanto, en torno o por debajo del promedio nacional están las provincias de la Región Centro, como Córdoba (60 por ciento), y la Ciudad de Buenos Aires (52,5 por ciento).

Si los que se comparan son individuos, el panorama es similar. En Chaco, la mitad de las personas tiene ingresos provenientes del Estado.

Reciben aportes del sector público cuatro de cada 10 personas en Santiago del Estero, Formosa, Río Negro, Catamarca, Jujuy, Salta y Entre Ríos.

En individuos, el total país es de 35,6 por ciento y nuevamente se ubica por debajo la zona centro del país, incluida Córdoba (34,9 por ciento), la Ciudad de Buenos Aires (31,4 por ciento) y provincias patagónicas como Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.

Más pobreza

Puestos en comparación, la “estataldependencia” de los ingresos de las familias corre en forma casi paralela a los datos de pobreza en cada provincia.

Las provincias del Chaco y Santiago del Estero, donde se registra la mayor cantidad de familias con ingresos del sector público, también registran los más altos niveles de pobreza del país, con 49 y 47 por ciento, respectivamente.

Inmediatamente por debajo se ubican Formosa, con 44 por ciento de pobreza, Misiones con 39 por ciento, Salta y Corrientes con 37 por ciento, y Jujuy con 35 por ciento.

En el otro extremo, las jurisdicciones cuyas familias registran la menor estataldependencia son las de menor nivel de pobreza, como es el caso de Tierra del Fuego (ocho por ciento) y Ciudad de Buenos Aires (13 por ciento).

El total nacional llega a 28 por ciento, en tanto Córdoba se ubica dos puntos por debajo de esta cifra, según datos correspondientes al segundo trimestre de 2014.

Los datos deberían considerarse como el resultado positivo de una política redistributiva del ingreso por parte del Estado, si se tratara de una situación coyuntural tendiente a lograr que una parte de la población soporte el paso de alguna crisis.

Pero hay que recordar que la mayor parte de las políticas de subsidios y planes sociales que el Gobierno nacional comenzó a implementar en la crisis de 2009 terminaron convirtiéndose en algo permanente.

Lo que está claro es que el Estado terminó sustituyendo los ingresos que debería haber aportado la economía a través del empleo privado y la actividad productiva, comercial y de servicios.

Para Capello, “hay dos formas de ver el problema”. El primer análisis que puede hacerse es que el Estado sale a proveer empleo público y planes sociales donde existen menores chances de generar trabajo privado, con lo que la participación estatal es positiva, ya que responde a una situación en la cual los ingresos de la gente no llegan a cubrir un nivel de vida aceptable. “La segunda forma de plantear el problema sería partir de la presunción de que el exceso de gasto y empleo público en una provincia (generalmente financiados por subsidios cruzados desde otras provincias) terminan desincentivando el desarrollo de actividades privadas y, concomitantemente, ese tipo de empleo”, explica el titular del Ieral.

En un sentido parecido, el asesor en temas económicos y financieros Salvador Di Stefano mostró meses atrás en Córdoba un cálculo de la cantidad de personas beneficiadas por los aportes del Estado, haciendo una lectura más “política” sobre el tema: “25,3 millones de argentinos reciben algún tipo de ingreso público, votan 20,5 millones”, recalcó.

Esta lectura tiene que ver con que hay 3,5 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); 5,3 millones reciben otros programas especiales; 4,2 millones de niños cobran asignaciones familiares y 1,2 millones gozan del plan Progresar, a lo que debe sumarse el lote de empleados públicos y jubilados y pensionados.

http://www.lavoz.com.ar/negocios/estado-proveedor-de-ingresos

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